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Créditos contributivos bajo la administración Rosselló en el centro del manejo mediático
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La publicación del chat de Telegram entre Ricardo Rosselló Nevares y un grupo cercano de colaboradores provocó en un momento dado la mirada de las autoridades federales sobre los créditos contributivos otorgados bajo la Ley 60 a Spanish Broadcasting System (SBS) que apuntaban a ser ficha de juego en una estrategia que buscaba incidir sobre la opinión pública durante la administración del renunciante pasado gobernador. La más reciente secuela del chat fue la convicción federal del productor Sixto Jorge Díaz Colón, también conocido como Sixto George, que, durante el proceso de juicio, dejó al descubierto cómo el primer ejecutivo acordó con el productor trabajar para mejorar su imagen y la de su administración, con la propagación de un mensaje que contrarrestara el apoyo masivo a las protestas que reclamaban su renuncia por el intercambio de mensajes que tuvo con su más cercano grupo de colaboradores. Desde febrero de 2019, ya las autoridades federales observaban detenidamente las operaciones del gabinete de Rosselló Nevares, según se desprende de documentos en el caso de Díaz Colón. Como parte de la pesquisa, les seguían el rastro a varios contratos relacionados con intervenciones mediáticas coordinadas por Sixto George, quien laboraba como productor en la cadena SBS, empresa que gozaba de créditos contributivos otorgados por el entonces secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy. Según información que en 2020 el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) publicó en su página, para los años 2018 y 2019 SBS fue beneficiario de 13 incentivos para ocho de sus programas, bajo lo que fue la Ley-27 de la industria fílmica (hoy Ley 60-2019).
