Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataformas web de trabajo y enmiendas del Gobierno a las guías del programa, son las principales razones del retraso en los proyectos del PRC, a juicio de funcionarios de 10 municipios entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo.
Una investigación del CPI había evidenciado que, cuando el programa federal Disaster Case Management terminó, muchos damnificados seguían con las mismas necesidades.
Los residentes de Puerto Rico quedaron en un evidente rezago en la cantidad de fondos asignados y el tiempo en recibirlos, concluye un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos al evaluar los esfuerzos de socorro y respuesta a los huracanes Harvey en Texas y María en Puerto Rico en el 2017.
Muchos centros comunales continúan en desuso tras el huracán María por falta de liquidez de los municipios para comenzar su reparaciones, o porque no hay claridad sobre las agencias de gobierno a cargo.
El proceso para que los acueductos comunitarios legalicen sus franquicias y mantengan su operación es tan enredado, burocrático y privado de apoyo técnico que desalienta a las comunidades a formalizar el sistema que les lleva agua a sus hogares ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveerles el servicio.
Para el titular de Agricultura, cualquier conflicto real o aparente fue resuelto con su inhibición en asuntos que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas: Agro Power Corp., AG Agro y Agriart LLC.
Un reciente estudio realizado por la Universidad de Toronto encontró que la tasa de muertes de puertorriqueños en Estados Unidos también se disparó tras el paso del huracán María.
Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
