La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.
Pese a toda la inversión de tiempo y fondos públicos, todos los planes coinciden a rasgos generales en las medidas basadas en proyecciones de crecimiento de la economía de Puerto Rico no sustentadas, que demuestran el alto nivel de incertidumbre que permea el proceso. Además, los planes comparten un problema esencial: ninguno refleja realmente lo que será el futuro de Puerto Rico ya que será el Tribunal Federal y el proceso de reestructuración de la deuda lo que al final del día decida cuánto dinero habrá disponible para la operación del Gobierno y cuánto irá destinado al pago la deuda pública.
