Estas elecciones, esas tres cruces no son solamente tres cruces.
Una recopilación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demuestra que el próximo Gobernador de Puerto Rico, y la próxima Legislatura, sea quienes sean, tendrán la oportunidad de timonear la política pública del país por al menos los próximos 12 años a través de los nombramientos del Contralor, la jefatura de las oficinas de Ética Gubernamental y de las procuradorías del Ciudadano y de la Mujer, así como el 31 porciento de la judicatura, incluyendo tres jueces del Tribunal Supremo.
Además de estos nombramientos de alto perfil, cada Gobernador tiene la potestad de realizar 1,696 designaciones en 308 organismos como comisiones, consejos, juntas de Gobierno, Examinadoras, y otras. Algunas de estas personas sirven en períodos más largos que un cuatrienio, durante el cual ejecutan política pública y ayudan a tomar decisiones relativas a asuntos como inversión de recursos y oportunidades comerciales.
A pesar de que en Estados Unidos el efecto que tiene la elección de un Presidente por su capacidad nominadora es materia de discusión tradicional en las campañas eleccionarias, en Puerto Rico, y al igual que ha pasado con el desastre económico que el CPI expuso en la investigación Categoría 5, se ha discutido poco este aspecto.
Según datos recopilados, el próximo Gobernador no sólo tendrá la oportunidad de influenciar el bloque mayoritario en el Tribunal Supremo con el nombramiento de tres jueces asociados, sino que podrá moldear la judicatura con otros 116 nombramientos en los niveles de apelación, superior, y municipal. Al cabo del próximo cuatrienio, y sin contar vacantes que no se deben a los vencimientos de términos, el próximo Gobernador habrá podido nombrar a 119 jueces de un total de 384 posiciones que tiene la Rama Judicial. Expresado de otra forma, podrá nombrar al 31 porciento de los componentes del tercer poder constitucional.
Si resultara victorioso el Partido Popular Democrático (PPD), se trataría de la reversión del efecto político de los dos cuatrienios de nombramientos judiciales de Pedro Rosselló. Si ganara el Partido Nuevo Progresista (PNP), sería el espacio para influenciar políticamente la judicatura de una forma por lo menos tan amplia como la influenció Rosselló, pero en menos tiempo.
En cualquiera de los dos casos, para el pueblo se trataría de la continuación de la práctica de inyectarle criterios político partidistas a un proceso que se supone se guíe por criterios de capacidad intelectual y sensibilidad para la justicia.
En el Supremo, sólo el juez asociado Efraín Rivera Pérez fue nombrado por un gobernador estadista por lo que, de entrar otros tres nombramientos de un gobernador estadista, se crea la oportunidad de desarrollar, por primera vez, una mayoría permanente de cuatro jueces de esa ideología. En el caso de un gobernador popular, se perpetuaría el control histórico que ese partido ha tenido en el Alto Foro que, según la descripción del profesor de Derecho David Helfeld, actualmente exhibe una de sus composiciones más conservadoras.
Los jueces del Supremo sirven hasta los 70 años y Rivera Pérez tiene 57, por lo que la posible mayoría estadista se extendería por lo menos 13 años.
En cuanto a las jefaturas de la Contraloría, Ética y las procuradorías, se trata de designaciones de 10 años que, con excepción de la Procuradoría de la Mujer, han estado ocupados en la última década por nombramientos del ex gobernador estadista Rosselló.
Una victoria del PNP implicaría que se mantiene su influencia sobre estas oficinas fiscalizadoras. Al PPD una victoria le significa retomar el control político de esas dependencias. Irónicamente, se trata de oficinas cuyos períodos largos en la vigencia de sus jefes se supone que las aislen de las influencias político partidistas.
En cualquier caso, la relevancia de estas oficinas fiscalizadoras, particularmente la Contraloría y Ética, ha quedado en entredicho últimamente ya que en los casos más recientes de corrupción no han tomado la delantera sino que se han quedado como actores de reparto en un película protagonizada por el Gobierno federal.
En el agregado, el efecto neto de esta capacidad nominadora es que el próximo Gobernador dictará por control remoto, y por muchos años después de su estadía en La Fortaleza, aspectos como: la legalidad del uso de fondos públicos por parte de gobernadores previos y de él mismo, las libertades civiles, la interpretación de las leyes laborales y ambientales, la determinación de cuándo y cómo es que un funcionario ha violentado la ética, las controversias legales sobre el status, y la definición del concepto familia y matrimonio.
