Al menos uno de los delitos admitidos en el juicio federal a Aníbal Acevedo Vilá (AAV) está vivo a nivel local y más de una veintena de empresarios, testigos, y coacusados podrían ser procesados si el Departamento de Justicia de Puerto Rico lo determina.
Se trata de la violación al artículo 8.014 que sanciona el pedir o recibir donativos en exceso a los $1,000 permitidos por la Ley Electoral, según encontró el CPI. La pena es una multa mandatoria de por lo menos el doble del monto del donativo ilegal.
El juicio, que se celebra desde el 19 de febrero y entra en su tercera semana, ha revelado varias ilegalidades cometidas por candidatos políticos, suplidores y donantes del Partido Popular Democrático desde 1993. Entre ellas, donativos de corporaciones, donativos a través de terceros, y donativos en exceso –muy en exceso- a los $1,000 anuales permitidos por la Ley Electoral.
El principal mecanismo para esto fue un sistema de facturas falsas pagaderas a la agencia de publicidad Lopito, Ileana, & Howie (LIH) y los políticos beneficiados identificados hasta ahora son Acevedo Vilá, a la ex gobernadora Sila Calderón y al hoy senador Eduardo Bhatia.
Gran parte de estos delitos están prescritos porque son menos graves y la Ley Electoral establece términos que van de uno a cinco años desde el acto para la radicación, pero el auditor electoral Luis F. Mendoza señaló que el artículo 8.014 sobre el delito de petición o recibo de contribuciones ilegales para fines políticos establece específicamente que no tiene término de prescripción. La violación aplica tanto al que da el donativo como al candidato o activista que gestiona la dádiva.
“Será ilegal que cualquier persona, a nombre o en representación del comité central, o de cualquier organismo directivo municipal de un partido político, o de cualquier candidato, o de cualquier comité de acción política solicite, reciba o convenga en recibir contribución alguna en exceso de las cantidades dispuestas en esta Ley. Toda persona que violare las disposiciones de este Artículo será sancionada con multa igual al doble de la cantidad total que haya solicitado, recibido o convenido en recibir, o multa de cinco mil (5,000) dólares, lo que sea mayor. La acción penal por este delito no prescribirá”, reza el artículo.
En gran parte de los casos, los actos han sido admitidos por los propios protagonistas bajo juramento o la Fiscalía federal ha mostrado evidencia como copias de cheques, facturas y estados bancarios que sustentan las violaciones. Entre los donantes que incurrieron en el esquema resalta la declaración bajo juramento en corte abierta del director de Empresas Santana, Edwin Santana, de que utilizó ese mecanismo para dar unos $200,000 cada uno a las campañas de Acevedo Vilá y Calderón. La inmunidad extendida a algunos de estos testigos a nivel federal no aplica a nivel local por lo que no hay impedimento para que sean procesados.
“Si ya hay una investigación realizada donde hubo admisión de culpabilidad en muchos de los casos lo que corresponde es que Justicia atienda el asunto, ellos son los que pueden llevar los casos”, afirmó Mendoza.
El secretario de Justicia, Antonio Sagardía no respondió la petición de entrevista del CPI sobre el tema para saber si procederá con los casos que apliquen.
Al menos una veintena de empresarios y desarrolladores, los llamados “colaboradores”, remitieron a AAV contribuciones de entre $10,000 y $250,000, por lo que el pote de multas es potencialmente millonario. Entre ellos Santana, el ex presidente de Triple S Miguel Vázquez Deynes, el contratista Arturo Díaz, el presidente de empresas farmacéuticas Joaquín Viso, el desarrollador Rubén Vélez, el banquero José Enrique Fernández, el abogado Ernesto “Tito” Meléndez, el dueño de Habibe Computer, Tommy Habibe, José González Freyre de Pan American Grain, el empresario de distribución Luis Garratón, Eric Jové de Ponderosa, Atilano Cordero Badillo de Supermercados Grande, y los representantes de las empresas García Malave & Company, American Petroleum, Custodio & Asociados, Plaza Universitaria, Waste Managment, International Development, HC Developmnet, y Artcom Global.
Santana testificó que donó $200,000 a AAV a través de sus corporaciones y $50,000 adicionales para gastos legales de los pivazos, y que anteriormente había donado otros $200,000 a Calderón. Por su parte, la Fiscalía indicó que Vázquez Deynes, usando un cheque de Triple S, también donó a $10,000 a Eduardo Bhatia para su campaña a la alcaldía de San Juan.
Tanto Calderón como Bhatia figuraban en la lista de referidos que hizo en abril del año pasado el director del Negociado Federal de Investigaciones, Luis Fraticelli, al entonces secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos sin que se produjeran resultados.
Es posible que la agencia de publicidad LIH o alguno de sus directivos también cualifique como donante en exceso ya que le retiraron a AAV $100,000 de su deuda de campaña en un “write-off” de los libros de contabilidad, según declaró la principal oficial financiero de la compañía Noemí Díaz.
Las aportaciones en exceso a través de esquemas de pago directo de gastos de publicidad han sido ejecutados en Puerto Rico impunemente por lo menos desde los años setenta. El propio AAV denunció que Jaime Fonalledas, presidente de Empresas Fonalledas, había donado $50,000 a la campaña de Calderón y mostró el cheque sin que el evento tuviera consecuencias.
Según ha trascendido en el juicio, entre las personas que solicitaron o tramitaron donativos en exceso están la coacusada Luisa Inclán Bird, Fulgencio Correa, el director de finanzas de AAV y coacusado, Miguel Nazario, el dentista de Filadelfia y coacusado Cándido Negrón, el recaudador demócrata y coacusado Robert Feldman, el ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Juan Agosto Alicea, y el ex tesorero de campaña y coacusado Ramón “Moncho” Velasco.
Históricamente los delitos electorales no se procesan en Puerto Rico porque la ley ha sido ambigua y porque la Comisión Estatal de Elecciones –compuesta por miembros de los propios partidos- no asigna suficientes recursos a la Oficina del Auditor Electoral, lo que imposibilita que las campañas se auditen previo al vencimiento de los términos prescriptivos. También debido a la apatía del Departamento de Justicia que ignora los referidos que logran llegarle o los que no prescriben como lo son las contribuciones en exceso.
De hecho, las auditorías de los partidos y candidatos a la Gobernación de 2004 están listas y a la espera de los comentarios de los auditados para ser publicadas, pero la mayoría de los delitos contenidos ya están prescritos, según reconoció Mendoza. El auditor dijo que espera iniciar la auditoría de la pasada elección en julio y que en esta ocasión por primera vez se tenga los resultados antes de que caduquen las infracciones. En ambos casos la dependencia básicamente alcanza a realizar sólo el examen de los partidos y candidato a la gobernación, por lo que las campañas de los demás cientos de candidatos, incluyendo el convicto a nivel federal, senador Jorge de Castro Font, usualmente quedan sin revisión.
