Mientras en el Tribunal Federal se dan las sentencias de los convictos en el caso contra el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, la Oficina del Contralor reveló que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) le pagó cerca de $400,000 al bufete Sidley Austin, el mismo que defendió a Acevedo en el juicio, sin un contrato válido.
A pesar de este señalamiento, y de la notoriedad que adquirió el bufete durante los últimos dos años por su involucración con la defensa del ex Gobernador a través del abogado Thomas Green, la Administración Fortuño le renovó contratos al bufete por $250,000 en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) tan pronto inauguró en enero.
Ahora el secretario de Justicia de esta administración tendrá que decidir si abre una investigación sobre estos hallazgos ya que el informe le fue referido por la Contraloría.
La defensa del ex Gobernador causó controversia desde el principio, cuando se diseñó como un fondo privado que no registraría la identidad de los donantes. Al día de hoy, cuando se alega que todavía hay una deuda con los abogados y tras varias actividades de recaudación, no se conoce quién ha donado ni cuánto.
Cuestionar los contratos de Sidley Austin con dependencias gubernamentales bajo la Administración Acevedo Vilá fue uno de los puntos de campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP), particularmente del ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte. La alegación era que esos contratos se podían usar para desvíar fondos a la defensa de Acevedo, un argumento al que la Contraloría abona con su señalamiento de que la AEE pagó al bufete $392,745 por servicios legales rendidos del 1 de julio de 2003 al 12 de noviembre de 2007 sin la existencia de un contrato escrito entre las partes.
El Informe Especial CP-09-30 reveló que los servicios fueron requeridos y autorizados por los principales funcionarios de la agencia dentro del período auditado, entre los que se encontraban los directores ejecutivos, los ingenieros Jorge Rodríguez Ruiz y Edwin Rivera Serrano; el Subdirector Ejecutivo, el contador público autorizado Valeriano Otero Chacón; el entonces asesor jurídico, licenciado Jorge A. Concepción Rivera; el Director de Finanzas y también contador público autorizado Luis Figueroa Báez; y el Director de Planificación y Protección Ambiental, el ingeniero Juan F. Alicea Flores. Según el documento, éstos incumplieron con el mandato de ley que requiere que se formalice un contrato escrito previo a recibir y pagar los servicios, y que solicita que sea sometido en el Registro de Contratos de la AEE y remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Además declaró que el incumplimiento de estos mandatos va en contra del interés público y de la prudencia en el manejo de los fondos públicos.
Rodríguez Ruiz, quien era el Director Ejecutivo de la AEE para entonces, formalizó el Contrato Núm. 2008-P00019 por $500,000 con Sidley Austin. La vigencia del contrato fue desde el 13 de noviembre de 2007 al 12 de noviembre de 2008 y en él se estableció que el bufete recibiría honorarios que fluctuaban entre $150 y $900 por hora, dependiendo del miembro del mismo que rindiera el servicio.
Según el informe, el bufete sometió 24 facturas, para un total de $392,745, por servicios legales rendidos entre las fechas del 1 de julio de 2003 al 30 de noviembre de 2007, que incluyen $11,965 de alegados “gastos incurridos relacionados con los servicios brindados” para los que la AEE no exigió evidencia ni justificantes. El documento señaló que la falta de evidencia de estos reembolsos impidió a los auditores “evaluar la exactitud, corrección y legalidad de los gastos”. Asimismo, más del 96 por ciento de la suma fue facturada por servicios prestados entre el 1 de julio de 2003 al 12 de noviembre de 2007, período previo a la existencia del contrato escrito.
Estos servicios legales se basaron supuestamente en asesoría relacionada con la diversificación de combustible, como el gas natural; la planificación, desarrollo, construcción y operación de la Planta de Cogeneración de Ciclos Combinados del Oeste, el Gasoducto del Sur y el Gasoducto del Norte. Es un hecho que, aún con las asesorías en esta área, el consumo de energía de la Isla sigue concentrado principalmente en el petróleo y no está significativamente diversificado.
Además de la violación a la ley que dispone que ninguna prestación o contraprestación objeto de un contrato podrá exigirse hasta tanto se haya presentado en la Oficina del Contralor, la auditoría encontró deficiencias e irregularidades con el procedimiento de facturación. Las facturas, con fechas que fluctuaban entre el 20 de octubre de 2004 al 30 de noviembre de 2007, fueron registradas para pago en el sistema de contabilidad entre el 5 de junio de 2006 al 27 de marzo de 2008, situación que incumple con la norma de contabilidad que indica que las deudas deben registrarse en el año fiscal o natural en el que se generan. Adicional a esto, los importes tampoco indicaban la fecha en que habían sido recibidas por la AEE.
Una vez efectuado el pago correspondiente por la agencia al bufete, las facturas ni sus justificantes fueron identificados como “pagados” o “cancelados”. El informe denunció que estas prácticas le impiden a la AEE ejercer un control efectivo sobre las facturas y pagos a sus proveedores. De la misma manera, señaló que estas irregularidades pueden “dar lugar a que se efectúen pagos excesivos, indebidos o duplicados y propicia, además, el ambiente para la comisión de errores e irregularidades sin que se pudieran detectar a tiempo para fijar responsabilidades, con los consiguientes efectos adversos para el erario”.
La Oficina del Contralor advirtió que varias de las situaciones halladas, como el pago de servicios profesionales sin contrato, habían sido comentadas en informes de auditoría anteriores y que el no haber atendido dichas recomendaciones podía constituir una violación a la Ley de Ética Gubernamental.
También informó que se le envió el borrador del informe para comentarios a los ex directores ejecutivos aludidos, pero no emitieron comentarios.
