Octavio Aponte, un residente de unos 60 años del residencial Felipe Santiago en Carolina, recientemente decidió trabajar porque el ingreso que recibía de las ayudas económicas no era suficiente para pagar los aumentos en el costo de vida.
Sin embargo, al reportar que estaba trabajando, se encontró con que, entonces, no podría contar con la ayuda del Gobierno.
“Como están las cosas de caras, los cupones no me daban, y pues, me fui a trabajar. Trabajando me podía comprar los medicamentos que necesitaba. Claro yo informé del empleo, porque no me gusta estar fuera de ley, y por mis ingresos me quitaron los subsidios”, relató Aponte.
Tras varios meses laborando, la administración del residencial le subió el costo de su renta debido a su nuevo ingreso, por lo que, decidió parar de trabajar. “Dejé de trabajar porque me estaban aumentando la renta y no podía pagarla con mi sueldo, y decidí volver a los subsidios porque me tenían que bajar la renta si dejaba de trabajar”, contó el residente que lleva más de 30 años viviendo en el residencial de Carolina.
Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo combinada con los planteamientos de los teóricos Susan M. Collins, Barry P. Bosworth y Miguel A. Soto-Class, encontró, como en el caso de Aponte, que los programas de ayudas económicas como el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el Programa de Distribución de Alimentos (TEFAP) y el Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES), de manera indirecta, afectan significativamente los niveles de desempleo y pobreza en la Isla.
En su libro Restoring Growth in Puerto Rico: Over View and Policy Options, los economistas Collins, Bosworth y Soto presentan que el hecho de que casi la mitad de las familias desempleadas del País reciban ingresos por medio de subsidios gubernamentales, deprecia el incentivo y la necesidad de trabajar para poder vivir.
Según el economista y profesor en Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Waldemiro Vélez, esto se debe a lo que él denomina como la “racionalidad económica”. A su entender, esto no es otra cosa que un proceso en el que las personas visualizan el trabajo con una gestión costosa y dificultosa, que no vale la pena realizar si existe una manera más fácil de obtener ingresos.
“Al momento de laborar habrá ciertos gastos que rodean el empleo, como uniformes, transportación, contribuciones, las planillas y otros, y estos no serán recompensados con el salario que obtendrán. Por esto, la decisión de no trabajar es racional, una acción de racionalidad económica que visualiza al trabajo como un mal negocio, una complicación”, expuso Vélez.
De igual forma, el economista sostuvo que esta manera de pensar fomenta en la Isla los niveles masivos de desempleo que sufre actualmente.
“La mitad de la población trabajadora de 16 a 68 años no está en el mercado laboral, es decir que el cincuenta por ciento no está trabajando, ni en busca de empleo”, apuntó.
Cifras publicadas en Restoring Growth in Puerto Rico: Over View and Policy Options, revelan que, para el año 2000, sólo el 31 por ciento de la población estaba empleada, posicionado al Puerto Rico como el país con la mayor tasa de desempleo en América y el Caribe.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad del Este y la Universidad Metropolitana, Larry Alicea, afirmó que en Puerto Rico existe un grave problema de acceso a vivienda, a la vez que enfatizó que a las personas se les deben dar los beneficios y ayudas necesarias para que puedan tener sus propios hogares. Sin embargo, sostuvo que el problema recae en que hay un grave error en los estándares que establecen la manera en que se reparten los subsidios, a la vez que reconoció que, indiscutiblemente, muchas ayudas fomentan el desempleo.
Asimismo, Alicea entiende que parte del problema es el mismo sistema, compuesto de estructuras sociales que fomentan esta problemática. “La falta de la cultura del ahorro, el consumismo del sistema capitalista, el perpetuar a las clases dominantes y el problema de la clase media, alimenta el desaliento hacia ser empleado”, concretó Alicea. Además, resaltó que la mayor problemática en la sociedad puertorriqueña es que al trabajador, en general, se le penaliza, pues la carga contributiva que suponen las planillas recaen específicamente sobre la clase trabajadora, y que las personas que reciben subsidio, al igual que la clase pudiente, en ocasiones, están exentos o más aliviados hacia estos procesos contributivo.
También planteó que la solución está en que las personas tomen control sobre sus vidas a través de lo que llamó la “distribución equitativa”, el poder conseguir las herramientas que les permitan salir de estos niveles sociales de una manera factible.
“La distribución equitativa es la capacidad del estado para ayudarlos a hacerse cargo de sus vidas, y es lo que fomentamos en el Colegio de Trabajadores Sociales”, propuso el vicepresidente.
Explicó que esto fue lo que buscó la pasada administración gubernamental cuando implementó nuevas medidas en la concesión de ayudas que buscaban incentivar mediante la cualificación de personas que tuvieran ingresos de trabajos dentro de los programas de subsidio. No obstante, señaló que faltaron medidas para asegurar el éxito de estos cambios. “Fueron hechos para promover el ayudarlos a trabajar, permitir que trabajaran mientras poco a poco le quitan las ayudas. El problema es que no se establecieron medidas para regular otros aspectos relacionados al trabajo. Por ejemplo, ahora podían conseguir trabajo, pero el patrono los podía despedir luego de que dejaran los subsidios”, detalló.
Con un pensamiento similar, el licenciado Luis Rodríguez Lebrón, de Pro Bono Inc. del Colegio de Abogados, explicó que a las personas que reciben los subsidios gubernamentales no le es atractivo trabajar porque reciben mucho más de lo que ganarían laborando; no tienen incentivos para trabajar.
“Por eso desde mis días se le ha llamado a Puerto Rico, el Estado del Mantengo. Esa ha sido la política que resalta esa idea del descanso, ganando versus gano sudando”, comentó Rodríguez.
No obstante, reconoció que sí existen personas que necesitan estas ayudas y las utilizan de manera responsable, a la vez que enfatizó en que los subsidios gubernamentales son un derecho para la población que no debe ser visto con prejuicios.
“Hay personas que lo necesitan, que no consiguen empleo, y estas ayudas son un derecho, no son motivo para vergüenza, es un derecho que tienen”, aseveró, mientras recalcó que estas situaciones se deben tratar con escrupulosidad, ya que también existen personas que se aprovechan y abusan de estos sistemas de ayuda económica.
De igual forma, la trabajadora social que se desempeñó en residenciales como Las Gladiolas, Delza Canto, enfatizó que éste es un problema ambiguo y complejo, pues existen personas que buscan ganarse la vida, pero les resulta tan difícil, que desisten, y algunos hasta se burlan y abusan de los programas.
Además, el abogado Rodríguez Lebrón reconoció, al igual que el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales, que otro problema son los estándares que determinan quién recibe las ayudas y cómo se implementa.
“En los residenciales, cada año, se tiene que hacer una evaluación para ver si caes dentro de los parámetros. Lo que pasa es que se abusa de cómo se hacen estas evaluaciones. En ocasiones, existen excepciones que no se toman en consideración, en otras, predominan los estereotipos de que ‘son unos buscones’. Incluso, hay administraciones que no cuentan con la capacidad para realizar estas revisiones de manera efectiva”, puntualizó el licenciado.
En el Informe de Auditoría DB-99-30, realizado el 11 de junio de 1999 por la Oficina del Contralor, para evaluar las operaciones fiscales relacionadas con la elegibilidad de los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en la Oficina Local Río Piedras, desveló un fraude perpetrado por una empleada de la Oficina relacionado con la concesión de beneficios del PAN, al igual, que encontró desviaciones en los procedimientos establecidos por el PAN para la concesión de beneficios.
El licenciado Rodríguez Lebrón dijo que, en los casos que ha trabajado sobre este asunto, ha notado que estas revisiones administrativas obligan a todos los miembros del apartamento a hacer un afidávit o declaración jurada que establezca si tienen o no ingresos, y cuánto es la cantidad. Esto lo catalogó como una injusticia que representa gastos innecesarios y obstaculiza el proceso.
La realidad es que, a pesar de los esfuerzos recientes por parte de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), los estándares de elegibilidad y la aplicabilidad de estos programas de asistencia económica necesitan revisión, contextualización y supervisión, pues entre otras situaciones, incentivan el desempleo en Puerto Rico. Por esto, los entrevistados expresaron su preocupación en torno a la política del actual gobierno del despido de 30 mil empleados públicos, que señalaron tendrá serias consecuencias en los problemas producto del desempleo que actualmente sufre el País.
Y mientras, muchos Don Octavios viven la experiencia de ver que su ánimo de superación es desinflado por el mismo Gobierno que se encarga de hacerle claro que es mejor que no trabaje, que es más conveniente quedarse viviendo de cupones.
