A menos de 24 horas de las primeras explosiones y con las autoridades todavía combatiendo el fuego gigantesco en la refinería Gulf en Cataño, dos abogados vinculados al ex Gobernador Pedro Rosselló se convirtieron en los primeros en someter una acción judicial por los daños que los vecinos de la refinería sufrieron debido a la “seria y peligrosa contaminación ambiental”.
Los abogados John F. Nevares y Camilo K. Salas solicitaron el viernes al Tribunal Federal que la demanda sea tratada como una reclamación de clase que estaría compuesta por “todos los residentes y habitantes de San Juan, Puerto Rico y municipalidades circundantes, incluyendo Cataño, Levittown, Toa Baja y Bayamón, que han sufrido algún daño o pérdida por la explosión de la instalación de Gulf Oil el 23 de octubre de 2009”.
Si se certifica la clase, los abogados estiman que los daños exigidos sumarán $500 millones de dólares ($500,000,000.00).
Como usualmente funciona el trámite de este tipo de demanda en el tribunal es que el juez primero tiene que certificar la clase y los abogados tienen que demostrar que tienen la capacidad para manejar un pleito de esas magnitudes. Cualquier otro pleito que se someta caería entonces bajo el mando de estos abogados que se constituirían en un “comité timón”. A la hora del veredicto, a los abogados se le asigna un porciento para sus honorarios.
Nevares, cuñado de Rosselló, y Salas, abogado personal de Rosselló en Estados Unidos, alegan que Caribbean Petroleum Company (CAPECO), la compañía operadora de la refinería, fueron negligentes en los aspectos de seguridad de la planta y en la adecuacidad de los tanques para manejar el aceite y el combustible, entre otros. Además, sostienen que el humo y los tóxicos que emanan del fuego están invadiendo de manera ilegal y nociva las propiedades de los demandantes.
Actualmente, el pleito aparece encabezado por un matrimonio residente de la urbanización Las Vegas en Cataño, Eliezer Cruz Aponte y Magdalena Caraballo. La pareja reclama que sintió la explosión en sus hogares, que han tenido que ser evacuados usando máscaras de gas, y que ella cayó al suelo con el estruendo y se lastimó la espalda.
Aclaración: Debido a una discrepancia en la base de datos de la secretaría del Tribunal Federal, inicialmente se reportó que las reclamaciones podrían ascender a $500 mil millones. La cantidad correcta es $500 millones.
