Las descargas eléctricas repetidas con pistola “taser” que infligió la policía a uno de los manifestantes en el Hotel Sheraton, han sido calificadas como “tortura”, son la causa sospechada de muerte en varios casos de detenidos que están bajo investigación del Departamento de Justicia federal, y están descritas como opción extrema por el propio fabricante de las pistolas.
En los materiales de entrenamiento, el fabricante de las pistolas eléctricas, que tienen una capacidad de 50,000 voltios, señala que “la descargas repetidas o extendidas de la pistola deben evitarse en la medida de lo práctico”. La propia policía dijo el cuatrienio pasado en una ponencia legislativa que “el uso de estas armas es a los fines de reducir el potencial de muerte o heridos (sic) graves de una persona durante un indicente”.
Vídeos del diario Primera Hora muestran cómo una policía aplicó por lo menos tres descargas eléctricas repetidas al estudiante José Pérez con una pistola taser después de que el joven estaba en el suelo sometido por varios oficiales que intervenían con él. Yolanda Pastrana, la madre de otro arrestado, dijo al periódico estudiantil Desde Adentro que Pérez tuvo que recibir tratamiento médico tras el incidente, que los oficiales desoyeron las recomendaciones médicas de tratarlo con un cardiólogo, y que los médicos le indicaron que el joven pudo haber muerto del corazón si hubiera recibido las descargas en el pecho.
La policía todavía no ha iniciado una investigación formal sobre ese incidente y no hay seguridad de que lo haga o de la confiabilidad del resultado ya que el Superintendente, José Figueroa Sancha, de antemano ha dicho que los oficiales que participaron en el desalojo del Sheraton son “héroes”.
El representante exclusivo de estas armas en Puerto Rico es Juan Bravo, dueño de la compañía de seguridad Ranger American, redactor de la parte de seguridad del programa de gobierno de la Administración Fortuño, e implicado en un supuesto caso de soborno con el senador novoprogresista Héctor Martínez. De hecho, en agosto de 2008 se refirió una resolución a la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Pública que preside Martínez para investigar el uso de las taser por parte de la policía y los guardias privados, y nunca pasó nada.
La proliferación de estas armas en las fuerzas policiales de los estados ha tenido repercusiones de todo nivel.
Justicia federal mantiene una investigación sobre personas que murieron bajo custodia policial después de que se le aplicaran las descargas eléctricas. El inspector general de Justicia federal recomendó a las agencias federales que usan las pistolas que las descargas estén precedidas por una advertencia verbal a la persona, una especie de ultimátum. Además, y citando a otro estudio, consignaron que en ocho años habían muerto 334 personas después de recibir descargas eléctricas por oficiales de la ley. Los forenses dijeron que el uso de la pistola fue la causa de muerte, o contribuyó a ella, en 50 de los casos, mientras que en el remanente habían incidido otras circunstancias, como la intoxicación con narcóticos.
En 2004, Amnistía Internacional calificó el uso de las pistolas con personas que ya están controladas como un “uso excesivo de la fuerza, que en algunos casos llega al punto de la tortura y el tratamiento degradante, cruel, e inhumano”. “La capacidad de infligir cantazos eléctricos repetidos y extendidos con tan solo halar un gatillo hace de las tasers un arma más propensa al abuso tanto en modalidad de dardo como en modalidad de golpe (stun)”.
La visión de que el uso de estas pistolas se puede prestar para actos de tortura fue repetida por la propia Convención Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en 2007 recomendó a Portugal que descartara las tasers del arsenal de sus policías porque “el uso de estas armas causa dolor severo que constituye una forma de tortura y que, en algunos casos, puede causar la muerte”.
En septiembre de 2008 un hombre de ascendencia puertorriqueña y con problemas mentales murió en Brooklyn cuando cayó de una percha después de que la policía le disparara con una taser. El teniente que ordenó el disparo se suicidó ocho días después ante el temor de ir preso por el incidente.
En octubre de 2009, dos oficiales de San José, California, fueron suspendidos por darle una pela a un estudiante universitario desarmado. Además de golpearlo con sus rotenes repetidamente, uno de los oficiales le disparó con un taser.
En abril de 2010, un oficial, y un ex oficial de la policía de California fueron arrestados por autoridades federales por violación de derechos civiles debido a que, entre otros actos, usaron una taser en modalidad “stun” contra un sujeto que ya estaba bajo arresto.
