La estrategia de cámaras de vigilancia en los residenciales públicos que impulsó la Administración Acevedo Vilá significó una pérdida de al menos $13.2 millones con implicaciones de fallas en la selección del contratista y pagos de equipo a sobreprecio, según una auditoría del Departamento de Vivienda federal (HUD).
La razón para el fracaso es que pocas fueron instaladas y, además, sufrieron vandalismo. Sin embargo, el contratista del programa denunció que los problemas se deben a que la Administración Fortuño tiene el programa paralizado hace más de año y medio, lo cual los movió a solicitar la auditoría.
La “red nacional de cámaras” fue una promesa de campaña que Aníbal Acevedo Vilá lanzó desde 2004 en una actividad realizada en las instalaciones de la empresa Avant Technologies, la cual se llevó el contrato con la Administración de Vivienda Pública (AVP) cuando el candidato se convirtió en Gobernador.
En 2007, AVP escogió a Avant del listado de elegibles de la Administración de Servicios Generales (ASG) y le extendió dos contratos por un total de unos $20 millones, pero los auditores objetaron que los precios de Avant por los distintos productos y servicios eran entre $810 y $28,285 más altos que los de otros contratistas en el listado de la ASG.
Los contratos eran para un plan bajo el que se instalarían 710 cámaras en 30 residenciales públicos. De éstas, sólo se habían instalado 195 cámaras, o un 28 porciento del total, aunque ya se habían pagado $9.7 millones. De las 195 instaladas, 40, ó el 20 porciento, estaban vandalizadas.
“La (AVP) usó un procedimiento de contratación impropio, no hizo análisis de costos, y pagó por equipo que no fue usado o que no se pudo localizar… hizo órdenes de compra por precios distintos a los más bajos en la contratación… pagó más de los precios contratados… (y) el sistema de vigilancia electrónica instalado en varios residenciales públicos no generó los beneficios intencionados”, indicaron los auditores en sus hallazgos.
La auditoría se realizó en junio de 2010, un mes antes de que los jefes de la AVP y del Departamento de la Vivienda de la Administración Fortuño renunciaran sorpresivamente a sus cargos. La administración actual defendió los contratos ante los auditores porque, al otorgar los mismos de manera expedita, “la AVP orgullosamente ayudó a miles de residentes de viviendas públicas y a sus familias, proveyéndoles mayor calidad de vida”.
Pero el “orgullo” aparentemente fue sólo de boca, según Luis G. Ramírez, presidente de Avant.
“La razón por la que solicitamos la investigación a HUD es que este proceso lo paralizan la misma semana que entró el nuevo director de seguridad de Vivienda, Edwin González, en marzo 2009. Desde ese momento hemos pedido reuniones. En ningún momento en año y medio nos han concedido una reunión. En año y medio no nos han llamado para preguntar qué hicimos ahí. Nuestro producto se exporta a toda Latinoamérica, somos los más preparados en el Caribe y Vivienda no nos da media hora para hablar de un sistema en el que invirtieron millones”, argumentó Ramírez.
Al momento de pedirle una reacción a la AVP, González no estaba en la agencia y la oficina del secretario de Vivienda no devolvió la llamada. Según el jefe de Avant, la AVP se preparaba para emitir una nueva subasta “gigantesca” para cambiar de suplidor, pero eso quedó suspendido. Añadió que el material recopilado por las cámaras ha entrado como evidencia en casos criminales federales y locales en los que se han logrado convicciones.
Sobre los señalamientos de los auditores, Ramírez aclaró que su empresa pasó por un proceso de subasta en la ASG y que su licitación fue la más baja. Al planteársele que la queja de los auditores es que los precios caros están en los componentes individuales del programa de vigilancia, Ramírez aseguró que no se puede hacer una comparación directa de precios porque sus equipos son creados y patentizados en Puerto Rico.
“Aquí estamos hablando de unas tecnologías que son en cierta forma cerrada, si tú tienes un centro integrado de vigilancia lo menos que tú quieres es tener un producto incompatible, disparejo”, argumentó a la vez que se quejó de que “desgraciadamente, si es algo de Puerto Rico vamos a ver qué tiene malo, y si es de afuera vamos a ver qué tiene bueno”.
Avant fue una de las compañías agraciadas en el plan de la Administración Rosselló de suplir computadoras portátiles a los maestros del Departamento de Educación, y tiene pendiente también manejar el sistema de cámaras del Capitolio.
