La fiscalía federal en Puerto Rico quedó como una de las que más ha incurrido en conducta abusiva o impropia, según una investigación que realizó el periódico USA Today.
Un equipo de reporteros de dicho medio recopiló decisiones judiciales de todo Estados Unidos en las que se determinó que hubo abuso de parte de la fiscalía o se hubiera amonestado a los fiscales federales. Luego sometió las decisiones a un panel de expertos legales para un cernimiento final. El resultado fue que los distritos de San Diego, Massachusetts, Distrito de Columbia, y Puerto Rico fueron los que mayor concentración de señalamientos contra fiscales tuvieron.
En uno de los casos, los jueces apelativos aprovecharon para consignar que “nos perturba la tradición de informes finales impropios (ante los jurados) que persiste entre los fiscales de la Fiscalía Federal en Puerto Rico”. En otro, el juez apelativo puertorriqueño Juan Torruella pasó el trabajo de escribir una opinión separada de sus compañeros de panel para enfatizar que “los fiscales federales en Puerto Rico son conspicuos en este circuito, de hecho en todo el país, por lo recalcitrantes” y que “en varias ocasiones los hemos amonestado, en vano, por su contínuo desdén por nuestros precedentes”.
Los casos resaltados para Puerto Rico, son los de:
-Ronald Anthony Abbott se declaró culpable por un caso de 1997 pero el Primer Circuito de Apelaciones dictó que el juez federal debería permitir que la alegación de culpabilidad fuera retirada porque los fiscales le habían hecho una oferta que incluía que su madre, también acusada, no enfrentaría cárcel. Eso, dijo el tribunal apelativo, levantana dudas sobre la voluntareidad con la que Abbott aceptó hacer la alegación.
-Cristian Ayala García y José Luis Alicea Cotto consiguieron un nuevo juicio en 2009 dentro por un caso de narcotráfico y armas porque el Circuito encontró que los fiscales realizaron expresiones “inflamatorias” ante el jurado como que, por ejemplo, las 31 balas encontradas en el rifle incautado eran 31 “vidas” que se habían salvado.
-Juan Carrión Torres consiguió en 2008 que su convicción por narcotráfico fuera desestimada porque la fiscalía no entregó a tiempo a sus abogados un informe de la Administración Federal Antidrogas (DEA) que podía cambiar el curso del caso.
-José Orlando Fernández no consiguió un nuevo juicio por distribución de heroína pero el Circuito criticó a los fiscales por hacer preguntas a un testigo sobre asuntos de naturaleza potencialmente incriminante pero que no tenían nada que ver con los hechos del caso.
-David Gómez Olmeda consiguió en 2003 que un juez de distrito revocara la recomendación de que su caso fuera tramitado como uno de pena de muerte porque la fiscalía aprovechó indebidamente la radicación de un segundo pliego acusatorio para arreglar las fallas que tuvo un primer pliego y porque Justicia federal no entregó a sus abogados la información debida para luchar la designación del caso como uno de pena de muerte.
-Marcus Martínez Medina no consiguió un nuevo juicio pero los jueces apelativos se mostraron alarmados de que los fiscales, en su informes finales ante el jurado, hayan comparado a los acusados con “animales”.
-Nicolás Nogueras Cartagena, el ex senador consiguió que la fiscalía federal retirara las acusaciones cuando, con tan solo los primeros dos testigos de la propia fiscalía, quedó claro que Nogueras no había cometido la modalidad criminal de evasión contributiva.
-José Enrique Rodríguez Pomales no consiguió que los jueces apelativos en su caso de posesión ilegal de armas pero los jueces criticaron que los fiscales no entregaran a los abogados de defensa una declaración del policía que lo arrestó, y que creaba dudas sobre la secuencia de eventos en el arresto, por lo que hubiera sido pertinente para impugnar el testimonio del oficial.
-Jaime Rosado Rosario y Modesto Roberto Molina evadieron la posibilidad de pena de muerte en su caso por el asesinato de un testigo federal debido a que los fiscales en Puerto Rico no cumplieron con el proceso necesario en el Departamento de Justicia federal. Aún así, los fiscales intentaron engañar al tribunal presentando una “certificación” de pena de muerte que el propio juez del caso calificó de “engaño”.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, quien fue jefa o segunda al mando de la oficina durante los años que cubre el análisis, no contestó una solicitud de reacción del Centro de Periodismo Investigativo.
Enlaces:
Artículo Prosecutor’s conduct can tip justice scales
