El acusado empresario de la seguridad privada, Juan Bravo Fernández, fue la persona a la que la Administración Fortuño confió la transición en el Departamento de Justicia y, como tal, tuvo acceso a detalles, incluso desglose de evidencia, de todas las investigaciones pendientes en las áreas de Integridad Pública, Asuntos del Contralor, y Delitos Económicos.
Según pretende probar la fiscalía federal en el juicio por corrupción contra Bravo, el empresario usó este conocimiento para alertar a los sujetos de las investigaciones y dejarles saber que estaban siendo vigilados.
“La oficina del secretario (de Justicia) con quien hizo la transición fue con Juan Bravo. (Bravo) estaba en posición de conocer lo que quisiera sobre lo que quisiera como integrante del comité de transición”, indicó una fuente quien detalló que a Bravo se le dieron informes confidenciales sobre investigaciones sensitivas que incluían un desglose de la evidencia en poder del Ministerio Público.
La injerencia de Bravo en Justicia llegó al punto de que intervino directamente con personal del equipo saliente para que no divulgaran al periódico Primera Hora el expediente de la investigación del departamento sobre los vínculos del senador, y actual coacusado de Bravo, Héctor Martínez Maldonado con el narcotraficante José “Coquito” López, según fuentes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Ya se conocía que la vinculación de Bravo con la actual administración abarcaba estar encargado del área de seguridad en el Programa de Gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), y la amistad personal con el Superintendente José Figueroa Sancha.
Pero una moción radicada por la fiscalía federal en el caso contra Bravo y Martínez comienza a revelar para qué Bravo usaba estos accesos privilegiados. El documento radicado el sábado 12 de febrero es en reacción a una entrevista que Bravo ofreció la semana pasada al periódico El Nuevo Día, en la que declara que “todo lo que he hecho en mi vida es trabajar para combatir el crimen”. “He sido un aliado de la Policía, del FBI, de todas las agencias de justicia”, añade.
“Estas declaraciones son particularmente relevantes cuando se contrastan con la llamada grabada entre Bravo y (el ex senador) Carlos Diaz en la que el acusado Bravo advierte a Diaz sobre la investigación del FBI de De Castro Font. Durante esta misma conversaciómn, el acusado Bravo también admite que en otras ocasiones ha alertado a otras personas de que son sujetos de investigación”, indican los fiscales federales en su moción.
Otra declaración de Bravo en la entrevista que llamó la atención es cuando dice que “el mayor apoyo que he tenido, aparte de la fe y de mi familia, es tanta gente, incluyendo agentes federales y policías, que se han acercado a mí y me han dicho que tengo su apoyo incondicionalmente y que me creen”.
“Si el acusado Bravo tiene tantos contactos y amigos en la comunidad de ley y orden, como sugiere, y si fue extorsionado por De Castro Font por tantos años, como dice que le va a argumentar al jurado, entonces cada jurado racional inequívocamente se podría preguntar por qué el acusado Bravo nunca le dijo a sus amigos de la comunidad de ley y orden sobre esta alegada victimización”, puntualizaron los fiscales.
Bravo es el segundo integrante del grupo de trabajo de la plataforma del PNP que es acusado a nivel federal. El otro es Abid Quiñones, acusado de fraude a la aseguradora American Family Life Assurance Company (AFLAC).
