El agente convicto Javier Pagán Cruz, asesino del ciudadano Miguel Cáceres, no sólo era un agresor doméstico, sino que una semana antes de los hechos en agosto del 2007, fue testigo, junto a su compañero Policía, Carlos Sustache, de cómo otro uniformado de la Unidad de Operaciones Tácticas de Humacao, asesinó a un joven en un festival en Las Piedras. Nunca fueron entrevistados ni dieron cuenta a las autoridades sobre ese caso.En el pedigree de Pagán Cruz y de Sustache, éste último quien salió ileso de las acusaciones que pesaban en su contra por la modalidad de cooperador en los hechos en que resultó muerto Cáceres, se encuentra haber sido testigos de la escena donde resultó muerto, Nelson Santiago Rivera de 21 años, un joven que se alega forcejeó con un policía estatal compañero de los primeros dos. El jóven recibió seis balazos estando en el piso.
De acuerdo con los hechos contenidos en el pleito civil que se sigue contra cinco oficiales de la Policía, un ex superintendente y contra el convicto Pagán, el cinco de agosto del 2007 tanto Sustache como el hoy encarcelado de por vida, participaban como civiles del Festival de la Juventud de Las Piedras cuando presenciaron la escena de muerte. Ni dijeron nada a sus superiores ni nunca fueron entrevistados por los investigadores.
Ni Pedro Toledo, ni el comandante de área de Humacao, Edwin Rivera Merced, ni los supervisores de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), Rafael Figueroa Solís, Juan Báez Colón, y Víctor Cruz Sánchez, supieron que ambos uniformados fueron testigos del asesinato de Santiago Rivera, hijo de otro oficial de la Policía del área.
De hecho, Toledo, se enteró de ese dato tres años más tarde cuando fue depuesto por las licenciadas Judith Berkan y MaryJo Méndez en relación al caso Cáceres.
Llama la atención que la defensa del agente Abdel Morales, quien disparó contra Santiago Rivera, fue la misma que emitió Pagán una semana más tarde cuando asesinó a Cáceres en el piso. Disparos en medio de forcejeo.
El agente Pagán cumple hoy “vida” por el asesinato de Cáceres, un hombre que estaba dirigiendo el tránsito en medio de la ruta playera de Punta Santiago en Humacao, donde un club de motoras escoltaba a una quinceañera. Allí llegaron Pagán, Sustcahe y Zulma Díaz, en actitud agresiva. Díaz alertó el arresto y Sustache corrió cuando escuhó las detonaciones.
Violencia doméstica y una expulsión que quedó en suspensión
Entretanto, el historial disciplinario de Pagán en diez años en la Policía, incluyó siete querellas entre el 1998 y el 2007 y una última relacionada al caso de Cáceres.
Tres de esas querellas fueron por agresión; una por insubordinación; una relacionada con robo de propiedad gubernamental; una por falsificar un informe policiaco; una por no presentarse al Tribunal donde había sido citado y otra por rehusarse a tomar una querella de un ciudadano.
La acusación de violencia doméstica fue radicada en el 1998 por María Ivette Cabrera, con quien el agente Pagán se relacionó sexualmente luego de que la detuviera por una infracción de tránsito mientras laboraba en el Distrito de Juncos.
“Casi inmediatamente se tornó violento contra Cabrera”, lee el documento legal que establece además que Pagán agredió y amenazó con utilizar su arma de reglamento si ésta hablaba nuevamente con otro policía.
“Se determinó que entró a la fuerza a la residencia de la mujer y la golpeó”. A pesar de esto un fiscal determinó no radicarle acusaciones pero sus supervisores en Juncos lo desarmaron y lo refirieron a la División de Violencia Doméstica de la Uniformada.
Un mes más tarde, el director interino del precinto policiaco de Juncos lo rearmó bajo la alegación de que no se habían presentado cargos contra el agente diz que luego de que consultara con la teniente Vila Fernández, directora de la mencionada unidad.
En 1998, las agresiones de Pagán contra Cabrera incluyeron que apuntara su arma de reglamento contra la joven advirtiéndole, “si ves a ese agente otra vez te mato”. Luego la empujó contra una pared y una vez ésta presentó la querella de violencia doméstica, la mujer se sintió amenazada por las constantes visitas de Pagán al área donde ésta residía “haciéndole gestos amenazantes”.
El historial de este agente, incluye que en 1999 arrestó a un sujeto identificado por Cabrera como un narcotraficante de nombre Charlie, y le ocupó una pistola con mira telescópica laser. Guardó la pistola en la residencia de Cabrera por varios días y utilizó la mira teescópica en su arma de reglamento “y le juró que utilizaría la pistola para matar a Charlie”.
En el año 2000, la División de Violencia Doméstica determinó que el Policía cometió cuatro faltas al reglamento. Cuatro años más tarde, y trabajando Pagán en el precinto de Las Piedras, el superintendente entonces, Agustín Cartagena, emitió un Me Propongo de expulsión por los mismos hechos.
Dos meses más tarde, el agente fue trasladado a la UOT de Humacao, una unidad “elite” en la que los agentes son investigados incluso para establecer su capacidad física, además de por su historial en el expediente disciplinario.
“Desafortunadamente el record de los historiales del expediente disciplinario de los agentes son casi todos inexcactos”, lee el documento legal alertando que en el caso del Pagán, ese expediente daba como bueno que sólo tenía dos querellas disciplinarias cuando en realidad tenía por lo menos cinco.
El desfase entre realidad y expedientes disciplinarios, provocó que en el 2003 quien investigó el traslado al agente Pagán a la UOT, no tuvo ante sí un cuadro certero de su trayectoria en la Fuerza.
Se añade el hecho de que las querellas en la Uniformada toman hasta ocho años en ser investigadas y resueltas. “La prioridad de la División legal son los casos de abuso y la violencia doméstica”, puntualizó Toledo en sus deposiciones.
Una segunda intención de expulsión le fue notificada al agente Pagán en diciembre del 2005. El agente solicitó una vista administrativa que resultó en que Toledo le redujo el castigo a 60 días de expulsión. Sirvió ese tiempo entre agosto y octubre del 2006. Nueve meses y medio después de reactivarse en la Fuerza, asesinó a Cáceres.
A pesar de que el superintendente entonces, Toledo, destacó en su deposición que los oficiales de cada región tenían instrucciones suyas de revisar y estar al día con los expedientes de querellas disciplinarias en cada región policiaca, ninguno de los oficiales involucrados en el caso Cáceres ejercieron su responsabilidad de supervisar adecuadamente al agente Pagán.
Mañana, en la tercera parte de Caso Cáceres y encubrimiento policiaco, examinamos los procedimientos admnistrativos en la Policía y sus consecuencias en casos de derechos civiles a la luz de un testimonio pericial.
Esta historia fue publicada originalmente en el blog Pesquisa Boricua.
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