La ausencia de disciplina en la Policía de Puerto Rico provoca que los ciudadanos corran el riesgo de estar a merced de los excesos de esa Fuerza, un síntoma que ni un ex agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), agencia que se jacta de ser impecable con los estándares de excelencia en administración policíaca, disipó en 12 años dirigiendo la principal institución de seguridad del estado.
“Al no tener disciplina efectiva, el ejercicio de la autoridad de él o ella y de su discreción para utilizar la fuerza y privar a una persona de su libertad, está comprometido y el bienestar público está seriamente amenazado”, opinó el perito Lou Reiter, un experto en materia de seguridad, administración y supervisión policíaca que conoce la Uniformada desde la década de los 70 y que fue traído a examinar el historial de los involucrados en el caso de asesinato de Miguel Cáceres en agosto del 2007 en Humacao.
La demanda por violación de derechos civiles contra la Policía, presentada por las licenciadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez, y que se ve en la sala del juez de la Corte de Estados Unidos en la Isla, Francisco Besosa, parece ser el ‘estudio de caso” que hacen las autoridades de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington, para activar una sindicatura a la agencia en momentos en que tienen cientos de querellas ante sí.
La Policía que también hoy es dirigida por un ex agente del FBI, José Figueroa Sancha, se encuentra en su peor momento de imagen pública, ante los excesos que se han filmado en vivo y a todo color cuando sus representantes han intervenido en conflictos huelgarios y en manifestaciones multitudinarias.
En un abultado expediente judicial, los documentos retratan una realidad dantesca de negligencia, laxitud e inercia en materia de procedimientos disciplinarios y supervisión en la Policía, que tienden a establecer cierta impunidad para con el que abusa de la fuerza cuando interviene con ciudadanos.
La caracterización que hace Reiter del que fuera superintendente de la Policía durante 12 de los últimos 17 años de la historia de la Policía de la Isla, Pedro Toledo, es que “tiene que tener la cabeza metida en la arena para no darse cuenta de que este es un tema vital para cualquier departamento de policía y para el control de los usos oficiales de la fuerza letal”.
No hay protocolo de la Orden General relacionada con la investigación administrativa de un oficial involucrado en tiroteos. La Policía no tiene estadísticas ni hace análisis de esos incidentes. De acuerdo con Reiter, “el Departamento descarta cualquier posibilidad de aprender de estos incidentes críticos y analizar sus política de entrenamiento y tácticas de supervisión”.
El perito opina que este no es un olvido inocente, sino “una decisión consciente de hacer caso omiso a esta responsabilidad de control vital” que tienen las autoridades de aquilatar la responsablidad de sus miembros ante los incidentes que involucran exceso de fuerza y poder.
Añadió que “esta falla no solamente es atribuible al Superintendente Toledo, sino también a los altos oficiales, como Edwin Rivera Merced (para la fecha, comandante de Área de Humacao). Sus fallas colectivas continuaron hasta poner al público en serio riesgo”, lee el documento legal que presentaron las licenciadas.
El ambiente en la agencia es crítico en cuanto a la conducta de los agentes en la calle, que independientemente toman la decisión de arrestar a un ciudadano o de utilizar la fuerza contra una persona.
“La supervisión en el campo es un elemento esencial para asegurar que él o ella ejercen esa autoridad de una manera razonable. Esto es así “porque el último objetivo del proceso disciplinario razonable es corregir la mala e indiscreta utilización (de la agencia o del individuo) de sus facultades discrecionales”, opinó Reiter.
Esa ausencia de protocolos disciplinarios y la supervisión adecuada, se dieron en una Policía que estaba siendo dirigida por un ex agente del FBI, que “estaba bien informado sobre las prácticas policíacas aceptables por ser miembro de la Asociación Internacional de Jefes de Policías por las pasadas dos décadas.
Además, participó de congresos y recibe publicaciones donde se desglosan esas prácticas.
“Toledo mostró una notable ignorancia acerca de las políticas y directrices relativas al manejo de agentes implicados en tiroteos y el concepto de una fuerza de disparo o de una comisión de revisión. Bajo su liderazgo, la Policía no tenía estadística separada para analizar los tiroteos en que se ven involucrados los oficiales”, planteó Reiter.
En el caso de Rivera Merced, a cargo de 500 agentes en la mencionada Comandancia y el oficial de más alto rango legalmente en el caso, no sabía si en efecto se llevan estadísticas de los incidentes de tiroteos de agentes y de ser así, en dónde se guardaban.
De hecho, en la policía de Puerto Rico administrada por Toledo no ha habido sistema de mantenimiento de estadísticas por separado sobre los incidentes de agentes involucrados en tiroteos. “Un ex agente del FBI, nunca instituyó una política ni dio una orden específica sobre este asunto. No estaba enterado de estadísticas específicas ni instituyó medidas específicas para revisar las mismas”.
En la conclusión que se hace de todos los hallazgos, llamó la atención la admisión de Rivera Merced, un oficial de 34 años de experiencia. “En la Policía de Puerto Rico hay un montón de problemas y se discuten a la medida en que se presenten. Y hay momentos en los que se discuten antes de que el problema se presenta. Pero normalmente, la agencia…. pues, reacciona después de que el problema se produce. ¿Lo ves? Casi …. Casi …A menudo, esa es la manera que es”, dijo.
A pesar de que Toledo conocía del protocolo del FBI en esa materia, no hizo nada para implementarlo en Puerto Rico.
“Como Superintendente, Toledo tenía que asegurarse que había consistencia en cómo la agencia manejaba a los oficiales involucrados en tiroteos, qué clase de investigaciones se tenían que conducir y un análisis crítico sobre qué causó el tiroteo”, dijo el perito.
Policías usando anabólicos
El perito de la defensa de Evelyn Ramírez Lluveras, viudad de Cáceres, estableció además la posibilidad de que en el caso estuviera presente el uso de esteroides anabólicos. “Algunos indicadores – como la apariencia física de Pagán y la furia con la reaccionó contra Cáceres, típica de la ‘furia al volante’ son indicativos de eso”, dijo.
Reiter llamó la atención de que hasta un diez por ciento de los agentes policíacos aceptan el uso de anabólicos en declaraciones juradas por lo que las policías más grandes de Estados Unidos -Nueva York, Condado de Dade en Miami, Boston y Los Ángeles- hacen pruebas de dopaje para detectar esa sustancia.
En Puerto Rico, Toledo alega que no hay fundamento para ese dopaje porque “el rumor nunca ha sido probado”. En la opinión de Reiter “cualquier administrador que rechace el uso de esteroides anabólicos hace una elección consciente de no hablar de ello en su agencia”.
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