Desde 1997 existe en Puerto Rico un programa que permite la autorregulación de las empresas en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo, con la participación y el aval de los trabajadores de esas medidas reglamentarias.
¿Le parece demasiado bueno para ser verdad? Pues quizás esa es precisamente la duda con el Programa de Protección Voluntaria (VPP por sus siglas en inglés): que su propia definición es contradictoria pues deja en manos de los patronos diseñar los parámetros de salud y seguridad, con la supuesta participación de los trabajadores, y lejos del ojo de las agencias reguladoras del Estado. Todo esto a cambio de menos inspecciones y la exención de multas en la mayoría de los casos.
“En Puerto Rico, el asunto de la seguridad y la salud es una cuestión garantizada constitucionalmente”, por lo que el programa, que funciona mayormente en empresas que no tienen sindicatos, plantea un problema, según el abogado laboral, Reinaldo Pérez. Cuestionó la “participación de los trabajadores” en un ambiente en donde los empleos son escasos y cualquier confrontación con el patrono tendría que darse en solitario.
El PPV es una creación de la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan con el propósito de “reconocer y promover excelencia” en el lugar de trabajo en materia de salud y seguridad. El programa funciona bajo la tutela de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés). En Puerto Rico lo que se conoce como PROSHA está bajo el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
El cabro velando las lechugas
Para ingresar al programa las empresas e industrias solicitan una certificación que expide PROSHA después de asegurarse que el solicitante cumple con los requisitos. Según el programa, en el proceso de certificación colaboran los trabajadores, quienes se comprometen en mantener el lugar de trabajo seguro.
Pérez catalogó el PPV como “un programa de desvío para las corporaciones”. Si se descubre que ha habido violaciones, se les da la oportunidad de enmendar el problema y seguir disfrutando de los beneficios.
Según lo ve el ex titular del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, Román Velasco, las industrias “se liberan de las multas, pero tienen que cumplir con los señalamientos”.
El programa surge ante la incapacidad de las autoridades, locales y estadounidenses, de supervisar efectivamente las industrias para velar que cumplan con los estándares de seguridad y salud. Así las cosas, se les insta a establecer “sistemas superiores de administración de salud y seguridad”, según PROSHA, que deben mantener al día para cuando se hagan las inspecciones, una vez al año, o cada 18, 24, 30, 42 ó 60 meses, según el caso.
“El Departamento (del Trabajo) no puede inspeccionar a todos los patronos, sobre todo los de las industrias de mayor riesgo”, reveló Velasco al referirse a la industria farmacéutica.
Según Velasco aunque “no son muchos… hay patronos que son extraordinarios”.
Se relaja la seguridad
“Hay una especie de relajación… se verifica que los programas cumplan, ciertamente hay laxitud, la Ley no dice que el patrono tiene que ir donde OSHA a que certifique que está cumpliendo”, destacó Velasco.
Explicó, que al crearse el programa se reconoció que la autoreglamentación se encargaría de asuntos que no puede hacer el Estado.
Un informe de la Oficina de Contabilidad del Congreso (GAO por sus siglas en inglés) de 2009 advierte en sus conclusiones que “los controles internos de OSHA no son suficientes para asegurar que sólo los lugares de trabajo cualificados participan en el PPV”.
Pero Ilsa Román, directora del programa voluntario en PROSHA, asegura que en Puerto Rico no participan muchas empresas porque “somos muy rigurosos, hacemos evaluaciones bien profundas”.
Tanto Román, Pérez y Velasco, coincidieron por separado en que las leyes de Puerto Rico son más rigurosas y protectoras de los trabajadores que las leyes laborales en EEUU por lo que los controles aquí serían mayores.
Pero el también ex titular del Trabajo, Frank Zorilla, llamó la atención a que “los únicos dientes que tiene OSHA son las multas”.
En Puerto Rico, en los 14 años que lleva funcionando el programa, unas 25 industrias o empresas han participado en el Programa Voluntario de Protección.
Solo dos casos “serios”
Desde 1997 que inició el programa, sólo ha habido dos señalamientos de carácter serio: una muerte en un estacionamiento de una empresa en Humacao que, según PROSHA, no está vinculado con la operación sino algo “personal”, y un incidente en Positronics, en Ponce, que se resolvió extrajudicialmente y del cual no fue posible obtener información oficial de PROSHA por ser confidencial.
“No existen querellas porque el programa está diseñado, precisamente, para que no hayan querellas”, dijo Román.
Myrna Maldonado, directora del Negociado de Asesoramiento Técnico de PROSHA, aseguró que la administración republicana del gobernador Luis Fortuño no aumentó los participantes en el programa VPP, aunque reconoció que “los demócratas son más restrictivos” al momento de establecer requisitos de seguridad y salud a las empresas.
PROSHA tiene 34 inspectores en 6 oficinas de área, para inspeccionar la industria de la construcción, el gobierno y las otras industrias, no sólo a las PPV. A la pregunta de si eso es suficiente, Yaminie Vázquez, directora del Negociado de Inspecciones, dijo: “puedo trabajar con eso”, dejando entrever que le haría falta más personal.
Eduardo Cordero, director de salud y seguridad ambiental de Pfizer, coincidió en que “OSHA nunca ha tenido los recursos para supervisar” las industrias en Puerto Rico.
Según Cordero, el programa da “la oportunidad” de no ver al gobierno “como un enemigo, ahora somos socios”.
Un mecánico que hace 10 años trabaja en la planta de Pfizer en Vega Baja y que exigió anonimato, aseguró que para esa industria “la seguridad es más importante que la producción”. A preguntas dijo que “han pasado cosas… pero lo usual”.
Sobre la participación de los empleados explicó que no es que se busque la aprobación de los empleados (de las medidas de seguridad) “porque lo que se busca es la seguridad del empleado”. Aseguró que no ha firmado, ni ha escuchado que nadie lo haya hecho, un relevo de responsabilidad del patrono en caso de accidentes.
Sobre el protocolo para radicar una querella indicó que “no he tenido interés en conocerlo porque trabajando aquí no lo he necesitado”. Aseguró que por ser una farmacéutica, Pfizer “es un target” de OSHA. Dijo que personal de la agencia realizan visitas por sorpresa para inspeccionar. A preguntas, dijo que no siente miedo por represalias de parte del patrono si se quejara. “Si una persona va a OSHA, cuando vengan (el personal de la agencia) van a ver que todo aquí está de acuerdo a lo que ellos exigen”.
Brenda Sepúlveda estuvo 20 años en PROSHA y llegó a dirigir la oficina. Catalogó el programa como “bueno” y explicó la ausencia de radicación de querellas a que las compañías estarían cumpliendo con los requisitos del programa. “Si no se reciben las querellas es que la compañía está cumpliendo”.
“Posiblemente las están canalizando internamente, por eso no hay querellas”, dijo.
El Centro de Periodismo Investigativo solicitó infructuosamente a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado información sobre referidos que hubieran habido desde estas industrias a la dependencia gubernamental. La información se prometió, pero no llegó al momento de preparar esta publicación.
*Esta es la versión de Puerto Rico de un proyecto que publicó a nivel de todo Estados Unidos el Center for Public Integrity y que está disponible en inglés en este enlace. Esta cobertura es un esfuerzo periodístico que abarca todo Estados Unidos y con la cual el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico se unió a través del Investigative News Network. Para leer la versión en inglés de la historia de Puerto Rico que preparó el CPI, siga este enlace.
