El concepto de escuelas charter que ha provocado una cumbre histórica en la Isla con el secretario de Educación federal, Arne Duncan, tiene revolcado el avispero sindical con los representantes del magisterio y amenaza con que el sistema público de enseñanza sea paralizado, pero la realidad, según la pintaron expertos que el Centro de Periodismo Investigativo consultó, es que lo que le hace falta al sistema educativo público en la Isla no son nuevos estatutos, sino una nueva mentalidad que permita usar al máximo las leyes educativas que ya tenemos.
Ante la división creada entre los que abrazan el concepto de las charter, y los que lo rechazan, la profesora Ana Helvia Quintero ofreció una evaluación conciliadora, y reveladora del potencial de pérdida de tiempo que puede tener el debate si no se enfoca correctamente.
“Se puede aplicar el modelo de mayor flexibilidad que se atribuye al modelo charter dentro del mismo modelo existente de escuelas públicas, como por ejemplo darle a la misma escuela la discreción de cómo utilizar los fondos y requerir de cada escuela el que formule un plan o visión a largo plazo, otorgándole la libertad para crear su propio programa”, indicó la ex subsecretaria del Departamento de Educación.
“Lo que se necesita es un cambio de mentalidad,” continúa. “La escuela tiene que ser un centro sensible al estudiante, donde trabajadores sociales, padres y maestros trabajan en conjunto para el bienestar del niño y con una mayor comunicación entre el personal perteneciente a diferentes agencias de gobierno”, concluyó la también autora del estudio “Características que Comparte un Grupo de Escuelas Exitosas en Puerto Rico”, realizado para la Fundación Flamboyán.
El paralelo chileno
Una breve mirada a las raíces del actual movimiento estudiantil en Chile puede contribuir valiosas lecciones al debate local sobre la educación alrededor del tema de las escuelas charter y el riesgo y cuestionamiento de la privatización del sistema público de enseñanza.
La movilización estudiantil en Chile viene creciendo desde abril de 2011 propulsada por decenas de miles de estudiantes que buscan una transformación en el sistema de educación público, el cual permite una participación importante al sector privado en la provisión de los servicios educativos. Dicho sistema tiene sus orígenes en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada por el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, la cual fue remplazada en el 2009 por la Ley General de Educación, tras una serie de protestas en el 2006.
Estas leyes han permitido que se reduzca la participación del Estado en la enseñanza pública al rol de un mero mediador, delegando la enseñanza a las municipalidades y al sector privado a través de un controversial sistema de subvenciones. Este último modelo otorga a los estudiantes vales para ser redimidos en escuelas que son manejadas por entidades privadas, las cuales pueden ser lucrativas o no. Si el vale no cubre la totalidad de la cuota, el estudiante y su familia son responsables de suplir la porción restante.
En Puerto Rico, este sistema de vales se trató de implantar durante la administración del ex gobernador Pedro Rosselló, pero fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo.
El modelo educativo fomentado por la ley en Chile, según Mario Garcés Durán, director de la organización no gubernamental chilena ECO Educación y Comunicaciones, dio pie al negocio de las “escuelas y universidades empresa”, que hoy día educan a un 60% de los estudiantes chilenos. Las escuelas públicas fueron delegadas a las municipalidades, hecho que según el experto en educación Raúl Irrazabal, del Centro de Estudios Sociales CIDPA en Chile, ocasionó una merma significativa en su calidad educativa: “La educación dejó de ser un mecanismo de movilidad social en Chile y pasó a ser lo contario: un sistema de reproducción de la desigualdad”. Hoy día, el 25% del sistema educativo chileno es financiado por el Estado, mientras que el restante 75% depende de las contribuciones de los estudiantes y sus familias.
El modelo de las escuelas particulares subvencionadas en Chile ha sido comparado en numerosas ocasiones con el de las escuelas charter en Estados Unidos, modelo que ya ha sido implantado en 39 estados y que ahora está planteado para Puerto Rico en una controversial propuesta de ley.
No es lo mismo “my little school” que “mi escuelita”
La situación de la educación pública en Puerto Rico muestra importantes diferencias con la estadounidense, razón por la cual es muy difícil predecir los efectos que tendría la implementación de dicha ley en la Isla.
Por ejemplo, mientras que sólo un 12% de estudiantes de escuela primaria y secundaria en EEUU están matriculados en escuelas privadas, en Puerto Rico esa cifra asciende a un 30%, según datos de los departamentos de Educación de EEUU y Puerto Rico. La Isla en un territorio cuyo nivel de pobreza – 45% – es abismalmente mayor que el del estado más pobre de Estados Unidos, Missisipi, el cual tiene un 20% de pobreza. A pesar de esto, y en medio de una crisis económica, la matrícula de las escuelas privadas continúa incrementando mientras que se ha dado una reducción significativa en la cifra de estudiantes matriculados en escuelas públicas. La tendencia opuesta se observa en los Estados Unidos, donde la crisis económica ha mermado la cantidad de estudiantes matriculados en escuelas privadas. Estas diferencias hacen imperativo el que se evalúe a Puerto Rico como un caso sui generis cuando se piensa en la implementación de reformas al sistema educativo de la Isla.
En Puerto Rico las escuelas charter han sido propuestas como una solución a los aprietos del sistema de educación pública por proyecto del Senado 26 de 2009. Dicha propuesta ha suscitado una oleada de críticas que la condenan como una privatización del sistema educativo y que señalan su carácter anticonstitucional.
Por otro lado, los proponentes del modelo arguyen que la flexibilidad y autonomía otorgadas a las escuelas por el modelo charter permiten que las escuelas sean más efectivas y que atiendan mejor las necesidades específicas de sus estudiantes. Además, la implementación de este aquí significaría un aumento de presupuesto para el Departamento de Educación, según lo establecido en la ley “Que Ningún Niño Quede Rezagado” (NCLB).
El proyecto de ley otorgaría a las escuelas: “la adopción de la reglamentación necesaria para su gobierno y funcionamiento interno, el establecimiento y adaptación de sus programas de estudio conforme a las necesidades e intereses particulares de sus estudiantes”, así como “la experimentación con nuevos enfoques organizacionales y con nuevos métodos de enseñanza”.
Sin embargo, de acuerdo a los tres especialistas en educación entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo, la Ley Orgánica de Educación vigente ya permite un gran nivel de flexibilidad y autonomía. Por ejemplo, el estudio de varias escuelas públicas modelo auspiciado por Flamboyán encontró que existen escuelas en el sistema operando con esa flexibilidad y un alto nivel de desempeño en algunas de ellas.
Los estudios más rigurosos de efectividad hechos sobre este tema en Estados Unidos – como lo son el de Betts y Tang (2008), el de la Alianza Nacional para las Escuelas Públicas Charter (NAPCS) publicado en 2009, y el del Centro para la Investigación de Resultados Educativos (CREDO) – encuentran que, aunque los resultados varían de estado en estado, solo una minoría de las charters exhibe un mayor desempeño que sus contrapartes tradicionales, mientras que la mayoría mostró conseguir un desempeño igual o peor al de otras escuelas públicas.
¿Qué son las escuelas charter?
Una escuela charter, por definición, es una escuela pública que es administrada por una entidad que opera bajo un contrato, o “charter,” que determina su modo de administración. Dicha entidad privada puede consistir de un conjunto de padres, maestros o líderes comunitarios, así como de una organización sin fines de lucro, o – en algunos casos – de una corporación lucrativa. Sin embargo, a pesar de estar administradas por una entidad privada, las escuelas charter comparten ciertas características con las escuelas públicas tradicionales: son financiadas con fondos del Estado, no se les permite discriminar en su proceso de admisión, son libres de costo y deben someterse a las pruebas estandarizadas del estado al que pertenecen, así como a evaluaciones periódicas por parte del gobierno federal.
Según el Centro para la Educación Publica (CPE), una de las diferencias más importantes entre las escuelas charter y las escuelas públicas tradicionales es la autonomía que las primeras poseen ante reglamentaciones estatales y locales con respecto a la selección de personal, el diseño de currículos y el manejo de presupuesto. Esta autonomía es otorgada a cambio de que la escuela se someta a un proceso de evaluación periódica que determina si se renueva o se revoca el contrato.
De acuerdo al profesor de la UPR y proponente de las escuelas charter David Vázquez González – quien además fue director de la Roberto Clemente Charter School en Pensilvania – la flexibilidad administrativa, organizacional y educativa de este modelo es positiva, puesto que “contrario a los directores de las escuelas tradicionales, que parecen que no tienen la flexibilidad para implantar enfoques educativos alternativos e innovadores, el líder de la escuela charter sí cuenta con dicha autonomía”.
Aunque reconoce que la Ley Orgánica de Educación vigente ya permite un gran nivel de flexibilidad y la posibilidad de innovar en el currículo y los métodos de enseñanza, alega que la burocracia del Departamento de Educación la imposibilita: “El Departamento ahora obliga a los maestros a seguir un formato para el diseño de currículos y a regirse por ciertos estándares que el mismo determina, aunque por ley dice que las escuelas publicas pueden ser transformadoras”.
Las escuelas exitosas: un modelo alternativo
Sin embargo, el estudio de Quintero – titulado “Características que Comparte un Grupo de Escuelas Exitosas en Puerto Rico” – evidencia la existencia de escuelas públicas tradicionales que, además de tener un desempeño sobre promedio en las pruebas estandarizadas, exhiben una gran flexibilidad organizativa y permiten la innovación en el currículo y en los métodos de enseñanza. El estudio evalúa a ocho escuelas públicas de diferentes partes de la Isla que obtuvieron puntuaciones sobre promedio en las pruebas PPAA y el College Board y encuentra que una las características que comparten es “la libertad que se le brinda al personal para desarrollarse profesionalmente, ser creativos y actuar como lideres dentro de la escuela”.
Dichas escuelas fomentan las actividades extracurriculares, así como la comunicación y la colaboración entre maestros de diferentes grados y materias en el diseño de currículos. Un estudiante entrevistado en una de las escuelas explica que “No es simplemente clases. Nos involucran en talleres, clubes, en diferentes actividades que no es la monotonía de coger clase… El ambiente es bueno, tenemos muchos beneficios como organizaciones estudiantiles, actividades comunitarias, distintos proyectos, teatro, baile, escuela abierta. Proyecto GLOBE de ciencias. No nos limitan, podemos estar en lo que te guste: arte, banda, teatro, música, tutorías. Los estudiantes ayudan a otros. Tenemos gimnasio, club LOBA (Lucha contra la Obesidad, Bulimia, Anorexia), proyecto de reciclaje. Siempre hay algo nuevo, te motivan, hacemos servicio a la comunidad”.
Según Quintero, el ejemplo de estas escuelas evidencia que “las escuelas públicas, en la práctica, tienen menos constreñimientos de los que creen tener. La ley dice que las escuelas tienen la libertad de hacer su programa, pero muchas escuelas no la ejercen porque no saben que se puede – o cómo se puede – hacer”. El estudio, entre las recomendaciones que ofrece, propone la identificación de escuelas de alto aprovechamiento como escuelas mentoras que sirvan de modelo para las otras escuelas. “Lo que hace falta es aprender de las prácticas exitosas de estas escuelas, y utilizar a estas escuelas como un modelo para introducir cambios innovadores en las demás escuelas públicas”, agrega Quintero.
Un cambio de mentalidad dentro y fuera del sistema
De acuerdo a la doctora Quintero, para poder generar esta transformación del sistema escolar no solo se necesita un cambio de mentalidad en el personal de las escuelas, sin que también se deban efectuar cambios importantes en las prácticas de las agencias de gobierno. “Tiene que haber mayor integración entre las agencias de gobierno en el trabajo con los estudiantes,” señala. “Muchas veces trabajadores sociales, psicólogos y maestros que están trabajando con el mismo niño no se comunican entre sí. Y esto es porque no hay una mayor compenetración y comunicación entre los departamentos de Educación, Salud y Familia”.
Quintero también señala la urgencia de mejoras al sistema de recopilación de datos en Educación. Según ella, no existen datos que permitan generar planes de mejoramiento a largo plazo para las escuelas. “De esta manera, los fondos que tenemos se podrían poner a un mejor uso. Hay mucho mal uso de los fondos federales que tenemos porque no poseemos datos que nos permitan saber dónde hace falta invertir. Por ejemplo, en estos momentos muchos de los fondos se están otorgando a entidades privadas para que den talleres en las escuelas, mientras que estos fondos deberían estar en manos de las escuelas, quienes conocen mejor sus propias necesidades”.
El ex secretario de Educación, Rafael Aragunde, coincide en que un paso importante para que las escuelas alcancen mayor autonomía y protagonismo en el uso de los fondos es la creación de un buen sistema de información que permita monitorear a las escuelas y el uso que dan a los fondos: “Necesitamos invertir en infraestructura tecnológica para que las escuelas puedan alcanzar una mayor autonomía y capacidad de responder a las necesidades especificas de sus comunidades. Un buen sistema de información también evitaría la malversación de fondos”. Pero también admite que para que se den estas reformas, hace falta un cambio más fundamental en las prácticas sociales y políticas del País: “Ahora mismo, no hay una agenda nacional… si no hay una transformación de mentalidad, no puede haber una transformación de la educación”.
Quintero destaca que “hay que pensar más allá de los próximos cuatro años. El problema es que las personas quieren ver resultados de inmediato. El proceso de desarrollar materiales para el aprendizaje de las matemáticas en Holanda tomo veinte años y ahora han rebasado a los Estados Unidos”. Reconoce que es importante el concientizar a los servidores públicos y a los ciudadanos sobre la importancia de trabajar por una visión a largo de plazo y el encontrar maneras de compartir el proceso de cambio con los ciudadanos de una manera transparente y accesible. Para Aragunde, esto se consigue con un cambio “en las prácticas culturales, dando una mayor participación a las comunidades en la toma de decisiones”.
Vázquez, sin embargo, opina que cambiar la mentalidad de del personal escolar y del Departamento de Educación sería mucho más difícil y costoso que la implementación de la ley de escuelas charter. “Con una charter nada mas que se cree, las demás seguirán su modelo, aunque no se conviertan a charters. Hay que implementar las escuelas charter como laboratorios para probar estrategias que después se pueden usar en el resto de las escuelas públicas”.
Además, señala que la adopción del modelo charter traería una inyección de fondos muy necesitada, según lo estipulado en la ley “Que Ningún Niño Quede Rezagado”. Vázquez opina que los fondos que ofrece el gobierno federal a cambio de la transformación de planteles en “Plan de Mejoramiento” a escuelas charter proveen un incentivo para adoptar una legislación que permita la creación de estas escuelas.
Fondos para las escuelas en plan de mejoramiento
Según un informe publicado por Sapientis, organización sin fines de lucro comprometida con el mejoramiento de la educación pública en la Isla, el 86% de las escuelas públicas se encuentran actualmente en “Plan de Mejoramiento”, una categoría creada por la ley “Que Ningún Niño se Quede Rezagado” (NCLB) que permite la infusión de fondos a escuelas cuyo nivel de desempeño se ha mantenido consistentemente por debajo del mínimo requerido a nivel nacional. Según las cifras divulgadas por Sapientis, más de la mitad de este 86% lleva 5 años o más bajo dicha categoría.
El que una escuela esté en Plan de Mejoramiento significa que es elegible para participar del programa federal de becas para el mejoramiento de escuelas (SIG), hacia el cual se canalizaron 3.5 billones de dólares en 2009. Sin embargo, la otorgación de fondos de dicho programa exige que la escuela auspiciada adopte uno de cuatro posibles modelos de restructuración, entre ellos convertirse en una escuela charter.
Para quienes favorecen las escuelas charter, la participación en este programa presenta una gran oportunidad para obtener fondos para invertir en el mejoramiento del sistema educativo. Sin embargo, críticos de dicho modelo señalan que la inyección de fondos no resolvería el problema de la educación en Puerto Rico.
Según Aragunde, “el problema con la educación en Puerto Rico no es un problema de fondos. Sí hacen falta fondos para mejorar el estado de los planteles escolares, pero ese no es el mayor problema que tenemos. Además, se pueden encontrar otras maneras de generar fondos para este propósito, como lo es el asignar un porcentaje de la emisión de bonos para la remodelación de las instalaciones escolares. Crear escuelas charter no debe la manera de conseguir estos fondos”.
El peligro de la privatización
Después de todo, hay que entender que la asignación de fondos del programa de Becas para el Mejoramiento de Escuelas (SIG) no viene sin condiciones. Los fondos se desembolsan con la adopción de un modelo que acarrea consigo el riesgo de la privatización de la educación pública y que podría permitir que compañías privadas con fines pecuniarios manejen instituciones educativas públicas.
Aunque la ley “Que Ningún Niño Quede Rezagado” deja a la discreción de cada estado el determinar qué individuos o entidades están autorizados a fundar o administrar una escuela charter, la realidad es que un 16% de las escuelas charter en los Estados Unidos son manejadas por Organizaciones de Gerencia Educativa (EMOs) con fines pecuniarios, en la mayoría de ocasiones con resultados controversiales.
Aunque en el proyecto de ley para el desarrollo de las escuelas charter en Puerto Rico se propone que estas escuelas serían administradas exclusivamente por entidades sin fines de lucro, ya sean públicas o privadas, no existe indicación alguna de que en el caso de la promulgación de una ley de escuelas charter sea esa la propuesta aprobada, explica Aragunde. “Además, esa ley se puede considerar anticonstitucional, puesto que la Constitución del ELA dice que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado”, advierte el ex funcionario.
Partidarios de la privatización alegan que estas escuelas operan mas eficientemente y que la competencia económica fomenta la selección de mejores maestros. Además, se argumenta que estas escuelas, al ver a los estudiantes como consumidores, modelan su oferta educativa en torno a las necesidades de los estudiantes, consiguiendo así una mayor innovación que puede ser replicada por sus contrapartes públicas.
Sin embargo, aunque en algunos casos ha surtido efectos favorables, hay que recordar que las escuelas con fines de lucro son, ante todo, un negocio. Como todo negocio, operan bajo la máxima de minimizar gastos y maximizar ganancias, lo cual puede significar el recorte de fondos que podrían ser destinados a mejorar la calidad de la educación. La ética de negocios de dichas instituciones, particularmente al nivel universitario, ha sido cuestionada repetidamente. En agosto de 2010, la Oficina de Rendición de Cuentas (GAO) del gobierno federal, produjo una investigación que evidenció el uso de prácticas engañosas de reclutamiento y fraude en dichas instituciones.
Por otro lado, un modelo educativo centrado en la demanda puede afectar la calidad de la educación, puesto que imposibilita el desarrollo de una visión educativa a largo plazo que es crucial para el desarrollo social y económico de un país. El sistema de educación pública en cualquier país está íntimamente ligado a un modelo de desarrollo y bienestar social y económico a largo plazo, y no debe tratarse como un producto que responde directamente a la fortuita ley de la demanda.
Escuelas con una misión educativa y compromiso social
“Lo que se necesita en Puerto Rico”, según Quintero, “son escuelas que tengan una misión educativa y un compromiso social. El tener un personal educativo que esté comprometido con la enseñanza y con sus estudiantes. Esta es una característica que todas las escuelas exitosas exhiben”.
Para Aragunde, esto se podría conseguir, por ejemplo, con reformas que apoderen a las comunidades y les permitan tener un mayor poder de decisión sobre la educación que reciben sus niños. Señala, como un ejemplo, que el permitir que las escuelas escojan sus maestros puede ayudar a garantizar que el personal esté más comprometido con la educación de los niños.
Vázquez, por su parte, señala que independientemente del modelo de educación que se adopte, “tienen que mirar bien lo que están haciendo y poner al niños primero”.
Excelente trabajo de investigación. Gracias!!!