Fallas en informes financieros de WIA y ARRA

Los controles de calidad en la auditoría de fondos WIA para adultos y ARRA no cumplieron los estándares federales, tanto en el Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos como en la firma de contadores externos que los auditó, de acuerdo a un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos.

“La mala interpretación sobre el uso de fondos ARRA es significativa dado que el foco en la transparencia y en la necesidad de usar los fondos ayudan a estimular la recuperación de la economía”, sentenció la dependencia federal.

Los señalamientos y deficiencias _por omisiones y contradicciones en la auditoría_ suman cientos de millones de dólares. La auditoría corresponde al periodo fiscal que terminó el 30 de junio de 2009, según el informe número 18-10-008-03-390, emitido el 29 de septiembre de 2010.

Entre los señalamientos de la Oficina del Inspector General se destaca que encontraron en los informes financieros “inconsistencias e información incorrecta que la firma (de auditores externos) no identificó ni reportó” y que llevó a que se hicieran conclusiones equivocadas sobre las finanzas de los programas federales.

La firma, CPA Díaz-Martínez, PSC, del experimentado contador público autorizado y profesor José E. Díaz-Martínez, con sede en Caguas, refutó la aseveración con argumentos técnico-legales, según consta en el mismo informe, aunque sobre varios apartados indicó que se dejó llevar por información que le proveyeron los auditores internos del Consejo.

“La firma no proveyó una explicación del porqué las notas incluían información contradictoria y omitía información requerida”, indica el documento oficial.

El informe obra en los récords públicos de la Oficina del Inspector General del Trabajo federal y fue enviado a la firma de CPA y al Consejo con una carta firmada por Elliot P. Lewis, inspector general asistente para auditoría.

Se entiende, conforme a los estatutos federales y las normas usuales de auditoría, que si un auditor concluye, de los hechos conocidos por él mismo, que cualquier información relacionada a los informes financieros está mal, debe discutir el asunto con su cliente y revisarlos. Si el cliente no acepta revisarlos, el auditor debe hacerlo constar en su reporte y describir el error o rehusar incluirlo en el documento.

En términos generales, la auditoría realizada por la firma privada cumplió con los requisitos aplicables a cada programa principal y el control interno conforme a ciertas guías (A-133) “fue aceptable”, pero no así para lo demás.

“Sin embargo, el trabajo de auditoría realizado a los informes financieros, incluyendo el Estado de Gastos de Asignaciones Federales (SEFA en inglés), no fue aceptable y no cumplió con los requisitos de ley, la Circular A-133, los estándares de auditoría gubernamental (GAS en inglés) ni estándares de auditoría generalmente aceptables (GAAS)”.

“Además, la firma no confirmó toda la información significativa en las notas a los estados financieros básicos (notas de estados financieros) aunque el Análisis y Discusión Gerencial (MD&A en inglés) estuvo completa, acertada y consistentemente presente”.

En cuanto la dependencia gubernamental, apunta que debido a la aplicación incorrecta de los principios generalmente aceptables de contabilidad (GAAP en inglés), “el Consejo se equivocó en las cuentas por cobrar, ingresos, cantidades a pagar a los beneficiarios secundarios y gastos de otros beneficiarios por alrededor de $193 millones, $90 millones, $126 millones y $67 millones, respectivamente, en sus estados financieros para el año que terminó el 30 de junio de 2009”.

Los auditores externos fallaron en no destacar apropiadamente su opinión en los estados financieros debido a dichos errores, ni tampoco incluyeron los errores en los hallazgos de auditoría en el “Informe de Control Interno y Cumplimiento” ni en la relación de descubrimientos y costos cuestionados.

“El Consejo informó mal todas las asignaciones otorgadas – incluyendo asignaciones ARRA – que estarían disponibles para retiros por los próximos 12 a 36 meses en cuentas por cobrar e ingresos para fin de año. Por ende, quien lea el informe de auditoría podría concluir que los $88 millones en fondos ARRA otorgados durante el año se necesitarían para pagar pasivos corrientes de ARRA al 30 de junio de 2009”, y ese no era el caso, según explica el informe.

Conforme al procedimiento federal de SEFA, entre marzo y el 30 de junio de ese año, se reportó que solo habían gastado $7 millones de ARRA y de dicha cantidad el Consejo proveyó información de que gastó unos $4.6 millones, además de tener cuentas por cobrar de alrededor $2.4 millones al cierre del año fiscal. Esto no suma $88 millones y la agencia federal no tomó esto livianamente.

“La mala interpretación sobre el uso de fondos ARRA es significativa dado que el foco en la transparencia y en la necesidad de usar los fondos ayudan a estimular la recuperación de la economía”.

Luego de pormenorizar errores, hallazgos y asuntos técnicos, la agencia requirió trabajo adicional para cumplir con los requisitos establecidos e instruyó a la firma sobre la necesidad de que cumpla con los requerimientos de notificación de hechos en sus posteriores informes.

Los auditores externos aceptaron cumplir con las guías señaladas y notificar al Consejo “hacer las revelaciones apropiadas”. También se comprometió a realizar otra auditoría sobre los procedimientos establecidos y emitir el informe correspondiente después de que el Consejo volviera a emitir sus estados financieros y otros reportes relacionados.

De igual forma, la firma acordó ponerse al día sobre estándares gubernamentales.

En su conclusión, la oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo enfatizó el deber de los auditores externos, señalando que “la firma tenía la responsabilidad de dar garantía a aquellos que dependen de su opinión y de la información reportada en los estados financieros de que dichos estados eran precisos y debidamente presentados”.

Agregó que el trabajo de dichos auditores “no fue aceptable ni cumplió con los requisitos establecidos”, poniendo en riesgo que se dependiera de información inexacta para la toma de decisiones.

Tabla – Programas principales evaluados

FUENTE: RECOVERY ACT: QUALITY CONTROL REVIEW SINGLE AUDIT OF HUMAN RESOURCES AND OCCUPATIONAL DEVELOPMENT COUNCIL OF PUERTO RICO FOR YEAR ENDED JUNE 30, 2009.

Puede leer el informe completo aquí.

Información de referencia

El Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos es un componente operacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y se creó en 1991. Tiene la responsabilidad de administrar los fondos del Título 1 de la Ley Federal de Inversión en la Fuerza Trabajadora Núm. 105-220 o Workforce Investment Act (WIA) aprobada en el Congreso el 7 de agosto de 1998. La sede del Consejo está en el edificio de Fomento Industrial, Ave. FD Roosevelt #355, piso 2, Hato Rey. (Ver ¿Qué es WIA?)

Los fondos ARRA son otorgados bajo la Ley Americana de Recuperación y Reinversión de 2009 (The American Recovery and Reinvestment Act o ARRA), Title VIII, Public Law 111-5). (Ver el portal del gobierno de Puerto Rico arrapr.com)