Erika P. Rodriguez
Carla Minet, directora del CPI, Omaya Sosa Pascual, co-fundadora de CPI, y Lcdo. Osvaldo Burgos abogado de los demandantes durante la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.
La jueza Aileen Navas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan escuchó esta mañana los argumentos relacionados con la demanda de acceso a la información radicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en la cual se solicita información sobre los bonistas que poseen deuda del gobierno así como acerca del Informe Krueger.
El citado informe, encomendado a la economista Anne Krueger a un costo que ronda los 400 mil dólares, según el secretario de la Gobernación Víctor Suárez, fue solicitado por el CPI de manera íntegra, ya que se circuló a la prensa solamente un documento titulado “Resumen Ejecutivo” que contiene 26 páginas. Este resumen ejecutivo recomienda medidas de austeridad tales como eliminación de bonos a empleados, eliminación del salario mínimo, reducción de vacaciones, nuevos impuestos y cierre de escuelas, entre otras.
Suárez indicó en la conferencia de prensa del 29 de junio donde se presentó el informe que el documento completo estaba siendo revisado todavía por el gobierno. Sobre esta controversia, la jueza Navas determinó que el estado debe producir una certificación oficial en la que se indique que el denominado “Resumen Ejecutivo” es lo único que existe, que es lo que alegó la abogada del Departamento de Justicia, licenciada Claudia Juan. Navas concedió hasta este viernes a las 3:00 pm para que se produzca esa certificación.
Sobre el resto de la información solicitada por el CPI y la ASPPRO, Navas se reservó el fallo. En detalle, los demandantes reclamaron conocer la lista de bonistas que adquirieron deuda del gobierno de Puerto Rico en la emisión del 11 de marzo de 2014, así como la identidad de los integrantes del denominado Ad Hoc Group de Puerto Rico que se ha estado reuniendo con jefes de agencia y legisladores para influir en decisiones de política pública y económica y proteger sus inversiones. La abogada del DJ insistió en que el Estado no posee dichas listas, tal y como lo alegó en la solicitud de desestimación.
Los abogados de los demandantes, licenciados Osvaldo Burgos y Luis José Torres Asencio, arguyeron lo contrario.
Erika P. Rodriguez
Lcdo. Osvaldo Burgos luego de la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.
“Los tribunales no están llamados a creer lo que nadie creería. Si el Estado está emitiendo deuda, tiene que saber con quién la emite. Y tiene que estar en documentos. Nosotros no sabemos cuál es el documento específico donde está y eso es parte del problema. Porque no se da esa información. ‘Tenemos reuniones’, ‘nos hemos reunido en múltiples ocasiones’ (dicen los funcionarios), y cuando se pregunta, con quién se han reunido, ‘no sabemos’, ‘eso no está, ‘no existe documento’ (responden). Se emiten bonos, y no existe documento donde surja esa información. El acceso a la información incluye acceso a esos documentos y a la identidad (de las firmas de bonistas)”, estableció Burgos.
Esa información no existe y requeriría un esfuerzo del estado recopilarla, insistieron las representantes del gobierno.
Melba Acosta dijo al CPI que la información sobre los bonistas que compraron la deuda de 2014 la tiene la compañía intermediaria Barclays y que el BGF puede solicitarla. Pero, no se ha explicado por qué esa información no se ha solicitado un año después, o al menos desde que en marzo el CPI la solicitó al BGF. Acosta también dijo que se ha reunido varias veces con integrantes del Ad Hoc Group, pero que no recuerda sus nombres o los de sus compañías.
Por otra parte, las representantes del Estado no supieron explicar en corte abierta su posición sobre la petición del CPI referente a los documentos en los que se consignan las propuestas y condiciones de los bonistas. Entre dichas propuestas, supo el CPI, hay algunas incluso más duras que las hechas en el Informe Krueger.
Melba Acosta admitió en entrevista con el CPI que el gobierno sí recibió una carta de los bonistas, la cual proveyó, pero indicó que las propuestas y condiciones de los bonistas se las habían hecho de forma verbal. Sin embargo, en la carta enviada al Gobernador, se copia a Acosta y a David Chafey, ex presidente de la Junta de Directores del BGF, y dice claramente que han estado presentando al gobierno sus propuestas y requerimientos durante el año pasado. Además, Acosta indicó que ella informó en las vistas de presupuesto aquellas condiciones que eran inaceptables para el gobierno, y proveyó copia del mismo, pero no precisó las peticiones que sí eran aceptables, ni proveyó el documento que contiene las propuestas.
El Estado también trató de establecer que la información solicitada ya estaba disponible, pues el CPI publicó un reportaje detallando las firmas que tienen deuda del gobierno. Burgos aclaró que la información publicada por el CPI es preliminar y recopilada de fuentes secundarias.
Diablo, qué clase de nebuleo.
Yo creo que los funcionarios del gobierno no tienen idea de lo que están haciendo. Lo único que les importa de la emisión de deuda es el dinero que entra y qué hacer con él. Los acreedores podrían ser Mickey Mouse, Popeye y el Pato Donald para los efectos. Unos gringos que ni se les entiende bien hablando de cosas financieras muy complejas para sus niveles intelectuales.
MIJO SABEN MAS QUE EL GATO – NO TE DUERMAS POR ESE LADO
Uuuuuyyyyyy ahora vamos a ver si el gas pela! Como quiera que sea, a quienes esten escondiendo o lo que esten escondiendo tiene un poder que va por encima de todos estos funcionarios públicos. Por tanto no se les debe hacer difícil darle vuelta a este asunto… como quitarse una piedra del zapato.
ESE ES EL BOQUETE DE LA ROBAERA QUE NOS DESANGRA – Y HAY MUCHOS EX FUNCIONARIOS – VERDAD SILA ?
Todo aquel que ha estado en compañás privadas y gubernamentales sabe que un “resumen ejecutivo” es un documento que se prepara para que no sea engorroso leer todo el informe. Os ea por eso es que se titula “resumen ejecutivo.” Si esta señora cobró por trabajar y lo que preparó fue un resumen ejecutivo cogió de tonto a todo el mundo que quiso ser tonto. Además, normalmente, estos informes tienen anejos y otros documentos como prueba o demostración de lo que se dice o se refiere. Veintiseís páginas para resumir un estudio de esa clase, es una tomadura de pelo. El gobierno tiene que hacer un resumen ejecutivo del pago y enviarle una cantidad de no mas de 25% de lo que cobró. Pobre de este gobierno que todo lo esconde y entonces no sabe donde encontrar nada.
HABLAN CON PERSONAS ACERCA DE MILLONES EN DEUDA Y NO SABEN CON QUIEN HABLAN Y LO QUE LES HABLAN – USTED ES BOBO DE CREER ESO ? AQUI HAY UNA MAFIA Y ES POR DONDE ESTA EL BOQUETE Y SON GENTE CONOCIDA Y EX DEL GOBIERNO – VERDAD SILA ?