Acusaron a la multinacional AES Corporation por abandonar en una playa de República Dominicana miles de toneladas de desechos tóxicos que causaron desde abortos hasta malformaciones en niños. Y a punto de que iniciara el juicio por el que seis familias del municipio de Arroyo Barril esperaron siete años, el caso se transó.

Este lunes, los abogados de AES Corporation y cuatro subsidiarias, incluyendo AES Puerto Rico, llegaron a un arreglo económico que dio fin a la batalla legal que vecinos de Arroyo Barril originaron en noviembre de 2009.

Los términos del acuerdo, sin embargo, no están disponibles, dijo al medio de negocios Bloomberg Kim Cefas, un oficial de la Corte Superior de Delaware. “A veces es más fácil resolver en silencio estas cosas para deshacerse de ellos”, expresó por su parte Charles Fishman, analista de la empresa de investigación de inversiones Morningstar Inc. Al trascender el arreglo de ayer en la corte de Delaware, las acciones de AES cayeron más de 1.4 por ciento y cerraron en $11.36 en la Bolsa de Nueva York, reseñó Bloomberg.

Los abogados demandantes reclamaban una indemnización de sobre $29 millones para sus clientes, luego de que sobre 27 mil toneladas de cenizas de carbón descartadas por la planta eléctrica AES en Guayama, Puerto Rico, fueran descargadas en un solar del muelle de Arroyo Barril, a la intemperie, a pasos de la playa y sin medidas de control.

Las montañas del material gris levantadas junto a viviendas de la comunidad entre los meses de octubre de 2003 y abril de 2004, permanecieron abandonadas hasta el otoño de 2007.

Un análisis realizado por el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo certificó que los desechos estaban cargados de metales pesados. En específico, hallaron arsénico, berilio, vanadio y cadmio “muy por encima de los niveles establecidos por los estándares internacionales”, concluyó la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

Sin embargo, los padres demandantes sostienen que presuntos representantes de AES y funcionarios dominicanos los engañaron al asegurar que las cenizas de carbón no eran tóxicas y que “podían ser provechosamente utilizadas por los residentes de Samaná como material de construcción”. Así se desprende del expediente del caso.

El juicio contra la multinacional había sido citado para las 9:30 de la mañana del 4 de abril, en la sala de la juez presidente Jane R. Jurden.

Los demandantes acusaron a la corporación AES de haberlos expuesto a tóxicos y cancerígenos de las cenizas de carbón mientras incluso aspiraban partículas voladoras del material, sin medidas de protección.

AES, por su parte, ha insistido que el material es inocuo y que así lo certifican pruebas de laboratorio en su poder. Aun así, prefirió transar la demanda antes que probar sus argumentos ante la juez Jurden.

Precisamente fue Jurden quien al cierre del pasado año determinó que se aceptara en el juicio el testimonio de la doctora Cynthia Bearer, directora de la División de Neonatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland.

Bearer, una especialista con sobre 20 años de experiencia en el estudio de la neurotoxicidad de metales pesados habría de exponer con “grado de certeza médica y científica que la exposición a los residuos de cenizas de carbón descargados en la playa de Arroyo Barril era un factor sustancial” en los argumentos que presentaban las familias demandantes, describe la orden de inclusión de testimonio de la juez Jurden.

La magistrado Jurden también permitió el testimonio de William Konicki, un consultor con más de 40 años de experiencia en ingeniería geotéctina que hubiera aportado conocimientos sobre las cualidades de las cenizas de carbón y su potencial de convertirse en particulado volante y aspirable.

Una orden judicial emitida a principios de febrero buscaba garantizar que nueve adultos y niños, incluyendo tres que nacieron con defectos, pudieran viajar a Delaware para el juicio que se esperaba durara dos semanas, informó la página law360.com.

Para evitar esta cita en el tribunal, los abogados de AES viajaron hasta la capital de Dominicana, donde el pasado 6 de febrero ofrecieron un acuerdo transaccional a las demandantes y sus representantes legales, a cambio del retiro de todos los cargos. Este intento no prosperó.

Tanto Bloomberg como Law360 han divulgado que otras seis demandas con argumentos similares contra AES están en trámite de juicio en el mismo foro.

La historia se repite

La reciente movida de AES no es novedad. En el año 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana radicó una primera demanda contra la compañía por las descargas ilegales de cenizas en las localidades de Arroyo Barril y Manzanillo.

El pleito donde se reclamaban $80 millones fue transado en el 2007 por la suma de $6 millones, a cambio de que el gobierno dominicano retirara a AES Corporation todos los cargos.

En aquella demanda, la República Dominicana acusó a la multinacional de asociación ilícita y otros delitos, como soborno, la violación de leyes aduaneras y amenazas de asesinato para persuadir a un funcionario que no prohibiera la importación del material, entre otros cargos.

Asimismo, el gobierno acusó a la empresa de ser “el cerebro de que ocultó fraudulentamente los peligros de las cenizas”.

El caso fue resuelto en la Corte de Virginia y entre los términos se prohibió a los abogados hablar del caso.

AES Corporation, empresa multinacional de producción y distribución de electricidad, reportó al cierre del 2015 un ingreso anual de $15 mil millones. Su subsidiaria en Puerto Rico tiene un contrato a 25 años con la Autoridad de Energía Eléctrica, a la cual le vende 454 megavatios diarios por alrededor de $300 millones al año.