Al terminar hoy las vistas públicas sobre el proyecto de la Cámara 2944 para crear la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se entregaron 17 ponencias de las cuales 14 son a favor de la medida, incluidas la del Centro de Periodismo Investigativo, el Grupo de las Ocho Comunidades del Caño Martín Peña, la Oficina de Ética Gubernamental, el Colegio de Abogados y Abogadas, el Instituto de Estadísticas, la Comisión de Derechos Civiles, Espacios Abiertos, Cumbre Social, Abre Puerto Rico y la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana.
También se sumó a las ponencias a favor la Mesa de Acceso a la Justicia que aglutina el respaldo de las clínicas de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Interamericana, la Sociedad para la Asistencia Legal, Inter-Mujeres y la Oficina Legal de la Comunidad. Algunas de las ponencias sugieren enmiendas a la medida, que de aprobarse en la Comisión de Gobierno, iría a votación del pleno de la Cámara de Representantes.
Al momento, un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil se han expresado en apoyo a la medida, mientras que más de 50 periodistas han dado su endoso. El premio Goldman 2016, el planificador y ambientalista Luis Jorge Rivera, también respaldó la creación de la ley.
El proyecto daría, por primera vez, herramientas para que el ciudadano ejerza el derecho a la información pública efectivamente, sin afectar los métodos actuales que tienen los periodistas para conseguir información y proveyéndole mecanismos y garantías adicionales de acceso que ahora no tiene. Además, contiene medidas que facilitan la exigencia de este derecho y otras de participación ciudadana, como participación en los nombramientos de las personas encargadas de ejecutar la ley.
Actualmente, el Estado no tiene límite de tiempo para contestar una solicitud de información y los tribunales tampoco tienen límite de tiempo para resolver las controversias relacionadas. El proyecto provee nuevos límites de tiempo que se tienen que observar, así como penalidades para los funcionarios que no cumplan con los mismos.
