El junte del oportunismo político partidista, un puñado de periodistas y sus cabilderos aliados con intereses económicos que tronchó la consideración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Cámara de Representantes no detendrá la lucha por conseguir un mecanismo ágil y efectivo para ejercer el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de abrir al escrutinio público las actuaciones gubernamentales.
El proyecto había recibido un informe positivo por parte de la Comisión de Gobierno de la Cámara, unas 17 ponencias a favor, y logrado el respaldo de 46 entidades de la sociedad civil y más de 50 periodistas activos. La versión que fue a votación atendía además varias enmiendas sometidas por el Departamento de Justicia y por periodistas.
Pero, en un proceso bochornoso el viernes al filo de la medianoche, y con apenas 17 de 51 representantes en el hemiciclo, este proyecto esencial para el adelanto de los derechos civiles fue tronchado por un grupo de 10 representantes populares y penepés capitaneados por la representante Jennifer González, quien nunca discutió la medida con los proponentes y se expresó en vistas públicas a favor de la medida.
“No muere aquí. Las presiones indebidas de un puñado de personas prevalecieron por encima del interés de 3.5 millones de puertorriqueños en una votación muy irregular, con un debate pobre y que no correspondía al texto del proyecto sometido, sino a la estridencia y a la lucha partidista de siempre. Vamos a analizar el proceso con nuestros aliados y buscaremos la mejor oportunidad para que esta causa sea atendida mediante legislación. Todos en este proceso coincidieron en que existe un problema de transparencia y acceso a la información. Eso es ganancia. Pero el que piense que este es un asunto que se resuelve solo y no tiene urgencia, no vive a diario las humillaciones que pasan periodistas y ciudadanos para lograr acceso a la información pública. Se conforma. Nosotros no nos conformamos. Queremos un cambio y lo vamos a impulsar”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo.
“La ciudadanía y los políticos han visto el costo que tiene para el país y para el erario la falta de transparencia, el no saber a qué acuerdos llega el gobierno con entidades privadas o qué información usa para tomar decisiones. Ahora en la coyuntura de una junta de control fiscal, se evidencia aún más que Puerto Rico necesita mecanismos que garanticen la transparencia. Seguiremos exigiendo la transformación en la forma en el que el gobierno recopila y hace disponible la información que tiene”, añadió.
El Centro de Periodismo Investigativo y la alianza de periodistas y organizaciones que tuvieron la integridad de enfrentar una campaña deshonesta llevada a cabo por, tristemente, un reducido grupo de periodistas, no detendrá su lucha por lograr que los ciudadanos puedan tener la información que les pertenece.
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