Veredicto: Engañoso
Ricardo Rosselló, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, dijo en el foro de candidatos a la gobernación de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico el 5 de agosto: “No voy a tener que enfrentarme a la Junta de Control Fiscal porque no va a ocurrir bajo nuestra administración. Si solicitaran despido de empleados públicos no los habrá porque nuestro recorte va a ir hacia el andamiaje gubernamental estructural, que es el 55% del gasto gubernamental. Ya nosotros hemos presentado nuestra propuesta. El 25% del gasto gubernamental consolidado es el pago a los servidores públicos por salario, el 55% es el pago para sostener una estructura de 131 agencias que todo el Pueblo de Puerto Rico sabe que no funcionan”.
Al verificar las cifras ofrecidas por Ricardo Rosselló, su campaña indica que éste se refirió al gasto de salarios para el año fiscal 2015-2016 en el Presupuesto Consolidado.
Sin embargo, el candidato citó mal los números. Se refirió al 25%, pero en el desglose que envió su campaña, marcado a mano, dice 23%. Esta cifra fue corroborada con un CPA y con la tabla original de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que genera los datos oficiales de gasto público. En efecto, el número correcto es 23%, no 25%, como dijo Rosselló. Al referirse a una cifra de miles de millones, la diferencia de 2% puede rondar los $500 mil dólares.
Por otra parte, el número de agencias de gobierno en la lista de la Oficina de Gerencia y Presupuesto es de 145 items, y no de 131, como dijo Rosselló. De la lista de OGP, la campaña del candidato dijo que deben eliminarse lo que son “aportaciones” y “asignaciones”, pues son items que no corresponden a agencias. Al eliminar esos items, que son seis, el total de agencias queda en 136, y no en 131 como dijo el candidato.
La tercera cifra que mencionó el candidato también es incorrecta. Rosselló indicó que un 55% del presupuesto consolidado lo comprende “el andamiaje gubernamental estructural”, es decir “el pago para sostener una estructura de 131 agencias que todo el Pueblo de Puerto Rico sabe que no funcionan”. En el documento de presupuesto enviado por el propio candidato, se indica que esta cifra es de 60%, no 55%. Esta cifra también fue corroborada de forma independiente y en efecto, lo que Rosselló denomina “andamiaje gubernamental estructural”, que es el presupuesto consolidado, menos la partida de salarios y la del pago a la deuda, comprende un 60% del presupuesto público.
Por último, Rosselló implica que de haber recortes, los haría en ese renglón que él denomina “andamiaje gubernamental estructural”, que incluye contratación de servicios profesionales, transportación, materiales y equipo, subsidios, anuncios en medios de comunicación, entre otros.
El economista José Caraballo Cueto, consultado por Chequéalo Puerto Rico, apuntó que cuando se habla de recortes al presupuesto, es necesario decir exactamente qué se va a recortar, pues hay fondos federales en el presupuesto que están restrictos para ciertos usos, y por otra parte, hay fondos “sensitivos”, que van a lo que se denomina el capital social, como por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que dan servicios directos a las poblaciones vulnerables y que ya están en serios aprietos por los recortes gubernamentales. Igualmente, algunos de los gastos en el renglón de servicios profesionales, que es uno de los más criticados, corresponden a pago de servicios que ya fueron recortados del gobierno tras el despido de empleados públicos por la Ley 7 de Emergencia Fiscal.
Es una afirmación rotunda y difícil de sostener el plantear que todas las agencias del gobierno no funcionan. Si bien es cierto que existe una percepción generalizada de que las agencias de gobierno son ineficientes, esta idea nunca ha sido validada por un estudio abarcador y confiable que lo determine.
El énfasis de Rosselló en que deben hacerse nuevos recortes en el presupuesto del gobierno no atiende la inquietud de ineficiencia de las agencias gubernamentales que permea la percepción pública. Hacer recortes no necesariamente implicará mayor eficiencia. Varios planificadores, académicos y economistas coinciden en que el gobierno precisa una revisión integral de su funcionamiento, que atienda la buena distribución de los recursos, la implantación real del principio de mérito, estructuras de supervisión adecuadas y no politizadas, entre otros cambios.
