El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la forma en que se ha manejado el proceso de contabilizar las víctimas fatales del huracán María bajo el liderato del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pese a las fallas evidenciadas en varias investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Para Rosselló no hay nada mal con el proceso que mantiene la cifra oficial de muertes ligadas a la emergencia en 55 personas, aunque un proceso de entrevistas y revisión de documentos realizado por el CPI en tres semanas arroja 47 muertes adicionales a las de la lista oficial, tras visitar solo siete municipios.
La investigación publicada el miércoles sostiene que el gobierno no ha utilizado los protocolos científicos que se utilizan a nivel mundial, y que se usaban en Puerto Rico previo a este evento, para evaluar las muertes en situaciones de desastre.
El fallecimiento del padre del ex alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté, en un refugio tras quedarse sin oxígeno por la falta de electricidad fue la primera muerte vinculada al huracán revelada por el CPI el 26 de septiembre. A casi dos meses de María, esta muerte no ha sido agregada a la lista oficial de muertes.
Según ha dicho Pesquera, el análisis en profundidad de las muertes para determinar su vinculación o no al huracán, mediante autopsias, exámenes externos y entrevistas a familiares, ha estado concentrado en los casos que llegan al Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El ICF es la agencia a cargo de investigar las llamadas muertes médico-legales, que equivalen sólo al 20% de las muertes que se producen en Puerto Rico. Estas son las muertes en las que se sospecha pudo haber mano criminal o en las que no hubo un médico que las certificara porque ocurrieron en el hogar, por ejemplo.
Pero la mayoría de las muertes en Puerto Rico son certificadas por médicos, en hospitales y asilos, y éstos sólo escriben en el documento la causa clínica de la muerte. Según los protocolos vigentes, nNo incluyen las circunstancias relacionadas a la emergencia que llevaron a ese desenlace. Buena parte de las instituciones de salud y cuido quedaron sin electricidad las primeras dos semanas después del huracán, y sus pacientes estuvieron desprovistos de servicios básicos de sostenimiento o descompensados. Tras el huracán, el gobierno no proveyó a los hospitales un protocolo distinto para completar de forma detallada los formularios de las defunciones, asegura la Asociación de Hospitales.
Rosselló respondió el jueves, por escrito, las preguntas que el CPI le envió el miércoles sobre el tema. Al cuestionársele por qué no asignó la tarea de evaluar y contar las muertes relacionadas a María al Secretario de Salud o a los epidemiólogos del CDC que son los peritos en el tema y los que tanto en Puerto Rico como en los estados han asumido esta responsabilidad durante desastres como dictan los protocolos, según han informado funcionarios del Departamento de Salud federal y expertos en el tema, así como pasados Secretarios de Salud, el gobernador insistió en que tras designar a Pesquera y crear el Departamento de Seguridad Pública, “esta nueva agencia incluye al Negociado de Ciencias Forenses, en donde se reciben los cuerpos para su análisis científico de las muertes inciertas, sospechosas o que requieren estudios específicos, según ordena la ley, es por esta razón que se le delegó al secretario esta función”.
“Respecto a los epidemiólogos del CDC, todos los certificados de defunción se envían a esta entidad federal, que finalmente determina si las muertes están relacionadas directa o indirectamente con el huracán”, añadió.
El Departamento de Salud federal, agencia matriz del CDC, dijo al CPI que la determinación de causa de muerte y de vinculación con el huracán no la hace el CDC sino del Gobierno de Puerto Rico, como ocurre en todos los estados. El CDC simplemente apoya procesando en sus sistemas los datos que le envía el Registro Demográfico.
Habiendo el CPI y la prensa hecho denuncias, con evidencia, consistentemente desde hace más de un mes sobre las fallas en el proceso de contabilizar y evaluar las víctimas fatales de la emergencia, ¿qué acciones ha tomado Rosselló para corregir el problema y evitar pérdidas adicionales de vidas?
La pregunta parte de una premisa que no compartimos, pues en ningún momento, a pesar de que el secretario Pesquera requirió la información, ni el CPI ni otro medio ha evidenciado las alegadas fallas en el proceso de contabilizar las muertes. Antes y durante la emergencia, Pesquera siguió las leyes, reglamentos y protocolos para atender las situaciones relacionadas con las muertes y para también prevenirlas. Si existe alguna información que pueda hacernos llegar que señale lo contrario con mucho gusto atendemos interrogantes específicas, respondió.
A la pregunta sobre cuál es su evaluación sobre el desempeño del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, Rosselló dijo “las fallas que se alegan no han sido validadas. El secretario Héctor M. Pesquera ha realizado una labor extraordinaria en el proceso de emergencia, de respuesta y de recuperación de Puerto Rico.
El CPI también le preguntó si con la información que tiene, incluyendo el hecho de que solo en septiembre se registraron sobre 400 muertes adicionales a septiembre de 2016, podía ofrecer su proyección del número de defunciones que estarán ligadas a la emergencia.
“De acuerdo a lo que me informan los expertos en el tema, en ningún año, mes o día se ha evidenciado que los números de muertes o nacimientos son fijos y/o estáticos. Sería irresponsable proyectar algún número cuando la realidad es que las cifras de muertes y nacimientos varían. En cuanto a la emergencia, todos los casos de muertes son evaluados y si alguno se demuestra con evidencia que está relacionado, directa o indirectamente, con el huracán se suman a los números que hemos comunicado como oficiales”.