La Jurado #10

¿Cómo se toma una decisión de vida o muerte? Un jurado puertorriqueño se enfrenta a la pena capital.

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Asientos de los jurados en una de las salas del Tribunal Federal en Puerto Rico

Foto por Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

La masacre

“Aún sigo escuchando tiroteos. A cualquier hora del día. Eso no tiene horario”.

Llamémosle Mariana. No es su nombre real, pues nos pidió que no le identificáramos. Vive en Sabana Seca, en Toa Baja, un barrio de calles hundidas que a veces se conectan entre sí por medio de callejones estrechos. La entrevisté no muy lejos del sector conocido como Los Bravos, donde nació y se crió.

“De más joven los tiroteos eran peor”, continuó diciendo.

Los Bravos. Es un barrio duro, su historia reciente ha girado en torno a los puntos de droga; la venta clandestina de marihuana, pastillas, cocaína, heroína y crack. Ha sido el escenario de mucha violencia, y también de un negocio muy lucrativo. Desde la década de los 80, diferentes grupos se han disputado el punto de drogas. Han habido enfrentamientos, persecuciones, disparos entre rivales. A veces a plena luz del día.

Mariana me contó que la deserción escolar es muy común en el barrio, sobre todo entre los varones. “Y pues, tienen muy pocas oportunidades”, me dijo, “por eso buscan la alternativa de estar en las esquinas, los puntos de drogas de acá”. En el caso de Los Bravos, Mariana me contó que la venta de drogas ha sido uno de los empleos principales para jóvenes de la comunidad desde hace más de tres décadas.

Y todo esto – la venta de drogas, los disparos, las persecuciones – aumentó en el 2009. Y aunque Mariana no estaba metida en ese mundo, era obvio que algo estaba pasando. “Se veía más actividad”, me dijo, “más policías, más gente desconocida viniendo acá”.

Justo en esa época, en octubre de 2009, comenzaron a aparecer los flyers y los anuncios en Facebook. Un nuevo bar estaba a punto de abrir, La Tómbola. Para ese tiempo, Mariana era una adolescente, y hacía lo que hace cualquier joven de 17 o 18 años: salir con los amigos a bares o discotecas los fines de semana. Cuando le pregunté sobre la apertura de La Tómbola, Mariana fue enfática. “No”, me dijo, tajante, “no pensaba ni visitarlo”.

Y es que era un secreto a voces. La Tómbola le pertenecía a una persona que muchos vecinos reconocían como el dueño del punto de drogas del barrio. Y ese punto estaba en la mira de otro tipo que quería ocuparlo… a la fuerza.

Mariana recuerda que en el barrio se rumoraba que una guerra por el control del punto estaba por estallar. “Yo sabía que no era un bar seguro”, me dijo. Por eso no fue a la inauguración. Pero mucha gente del barrio sí.

Incrustado en el interior del sector, La Tómbola ocupaba el espacio donde antes había estado un pequeño colmado. Visto desde afuera, el bar retenía el aspecto de bodega de la esquina, con sus paredes de cemento finito y dos puertas de cristal, una al lado de la otra, para las entradas y las salidas. La reapertura rápidamente se convirtió en un fiestón. Había música en vivo, gracias a un combo de merengue con dos cantantes y un teclado. Afuera del bar, la calle se llenaba con el humo de una parrilla y el olor a fritanga de las empanadillas. Era sábado, y ya entrada la noche comenzaron a llegar los caballos. Los Bravos es un sector a medio camino entre lo urbano y lo rural. Para la inauguración se organizó una cabalgata de más de 20 caballos que hizo una parada en el bar.

Eran casi las 12 de la noche cuando Mariana escuchó el ratatatatá insistente desde su casa, y pensó por un instante que eran ristras de petardos y fuegos artificiales. Unos minutos después se escucharon sirenas, y su ventana comenzó a parpadear con los destellos azules y rojos de ambulancias y patrullas de la policía. Entonces tuvo la certeza de que acababa de ocurrir otro tiroteo más, pero no tenía idea de la magnitud. “No se podía decir, hay tantos muertos, hay tantos heridos”, recordó, “o no pasó nada, o fue un susto”.

Según los testimonios de personas que estuvieron allí, al menos dos hombres con las caras tapadas y armas largas se acercaron al lugar y empezaron a disparar. El dueño de La Tómbola, junto a otros que estaban dentro del bar, dispararon de vuelta para defenderse. En el medio había unas 100 personas. Cuando los sicarios finalmente se marcharon, había unos 20 heridos y ocho muertos. Entre los heridos había una mujer embarazada. Ella sobrevivió, pero el feto de ocho meses no. Una persona más murió unos días después, a causa de las heridas de bala.

Los informes de la policía indican que encontraron más de 300 casquillos de balas regados en la escena del crimen. Según los testimonios de esa noche, la balacera duró menos de 10 minutos. Al día siguiente, Mariana se enteró de que varios amigos cercanos habían sido asesinados. La secuela fue traumática, tanto para ella como para el resto de la comunidad. “Tuve muchísimas pesadillas en las que lo que escuchaba eran tiroteos, o que me mataban, o que chocaba en mi carro”, recordó. “Estuve mucho tiempo durmiendo con mi mamá”.

Como Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, y porque el crimen caía dentro de la jurisdicción federal, las autoridades federales se hicieron cargo de una parte de la investigación. Unos dos meses después de la masacre, arrestaron a un sospechoso: Alexis Candelario Santana.

Foto por Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

Estrado en una de las salas del Tribunal Federal en Puerto Rico

Los del barrio lo conocían bien, porque había sido uno de los traficantes de drogas más conocidos del área. Muchos lo conocían simplemente por su apodo, “Congo”. De estatura media, Candelario Santana tenía la constitución maciza de un boxeador; de joven había entrenado en los gimnasios del área. También tenía un rasgo muy distintivo; los abundantes dreadlocks que llevaba en el pelo. Al final no fue la Policía de Puerto Rico, ni el FBI, ni el Negociado Federal Antidrogas (la DEA) quien lo capturó. Fue la Guardia Costanera que lo interceptó mientras intentaba entrar de manera ilegal a St. Thomas, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Candelario Santana viajaba escondido en una yola. Andaba con una identificación falsa y miles de dólares en efectivo.

El 24 de febrero de 2011, el FBI lo acusó formalmente de haber planificado y cometido una de las peores masacres en la historia criminal de la isla.

2. La selección del jurado

La Jurado 10 viene de un mundo totalmente distinto al de Los Bravos. Es una empresaria exitosa de mediana edad. Vive en una urbanización con seguridad privada, en una zona de patios perfectos y canchas de tenis que parecen nuevas. O sea, una realidad muy alejada de las guerras de los puntos de drogas.

Una de las primeras cosas que me dijo cuando la conocía, es que ella cree fielmente en el sistema de justicia, sobre todo en la idea de que todo acusado tiene derecho a ser juzgado por otros ciudadanos. “Siempre pensé que si te llaman, uno no debe ser espectador, ni criticar al sistema nada más”, reflexionó durante nuestra entrevista, “sino es de tú poner tu granito de arena”. Por eso no se molestó cuando recibió una carta del Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Era el 2012, y la estaban reclutando para ser jurado. Pero primero tenía que contestar algunas preguntas. “Si tú sabías inglés”, recuerda que le preguntaron en el primer formulario que llenó. Aunque Puerto Rico es una isla donde se habla español, todos los juicios en la Corte Federal son en inglés. Ella contestó que sí hablaba inglés.

Y al final, la escogieron. Y le dieron un plazo de 30 días para que fuera parte de un jurado en un juicio federal. Para finales del 2012, a la Jurado 10 le tocó ser parte de un juicio. En ese proceso aprendió a sopesar evidencia, y a llegar a un veredicto que esté más allá de toda duda razonable.

“El juez también había advertido que lo que íbamos a ver no era bueno”, me comentó de aquel primer juicio. Era de pornografía infantil, un caso en el que se presentó evidencia muy difícil de digerir. “Y la verdad es que me afectó mucho el proceso. Pero hay que ver la evidencia y ver si te convence”.

Y una vez que terminó ese juicio, solo le faltaban dos días de servicio para cumplir con el tiempo que le habían asignado para ser jurado. Por eso pensó que la corte la excusaría, y podría irse, pero no. Le pidieron que fuera a una última cita con el tribunal, una cita para seleccionar el jurado de un nuevo juicio. Esta vez el proceso fue diferente. La corte había citado a cientos de personas. Primero, les dieron un nuevo cuestionario para que llenaran a mano, y en ese cuestionario, había varias preguntas sobre la pena de muerte.

Una de las preguntas presentaba una escala con números que iban del uno al diez. Sobre los número, se leía: “Por favor circule el número que aparece más abajo según su opinión de la pena de muerte en general. Mientras más bajo sea el número, mayor es su oposición a la pena de muerte”.

La Jurado 10 marcó 8. Le pedí que me explicara por qué había contestado así, y me dijo que “hay veces que digo que la gente que no valora la vida no la merece”. Es decir, que estaba – y está – mucho más propensa a aplicarla.

Los cuestionarios para selección de jurados en un juicio de pena de muerte están diseñados para eliminar dos tipos de jurados. Por un lado, las personas que objetan de manera absoluta a la imposición de esta condena, usualmente por razones religiosas o morales, quedan automáticamente descalificadas. Del otro están los que marcan 10. Es decir, los que admiten que aplicarían la pena de muerte en casi cualquier caso de asesinato premeditado. Esos también se cuelgan bastante temprano en el proceso.

Con sus respuestas, la Jurado 10 pasó a la última ronda en el proceso de selección. Esta vez le tocó ser parte de una entrevista en vivo en la sala de la corte. Las salas del Tribunal Federal de San Juan pueden ser intimidantes en el mejor de los casos. Revestidas de madera oscura y envueltas en el frío profundo de un aire acondicionado implacable, los tribunales carecen de ventanas. En una de esas salas recibió preguntas del Juez José A. Fusté, un grupo de fiscales federales llevaban el caso a favor del gobierno, y los abogados de defensa. Aunque no lo sabía, la Jurado 10 había llegado a la etapa final en el proceso de selección de jurados en un juicio capital. Aún no sabía quién era el acusado, ni de qué se le estaba acusando, pero casi todas las preguntas iban dirigidas a saber cuál era su opinión sobre la pena de muerte.

Foto por Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

Entrada a una de las salas del Tribunal Federal en Hato Rey, Puerto Rico

Para la Jurado 10, lo más sorprendente de esa sesión en vivo no fue el contenido de las preguntas, sino lo que no le preguntaron. Nadie le dio seguimiento a un aspecto de su vida familiar que ella había puesto claramente en el formulario. Los cuestionarios para seleccionar al jurado en cualquier caso federal suelen llevar alguna variación de dos preguntas clave. La primera: ¿tienes un pariente que haya sido arrestado por cometer un crimen? Y la segunda, ¿en algún momento tú o algún pariente cercano ha tenido problemas de adicción a drogas o alcoholismo? La Jurado 10 había contestado que sí a ambas. “Porque yo tengo dos hermanos que han estado en drogas”, me explicó, “y uno de ellos estaba en la cárcel”.

No le preguntaron, pero sí la seleccionaron para ser jurado nuevamente. “A mí me extrañó que fui elegida, por el sentido de las drogas”, me dijo, recordando la situación de sus hermanos. En ocasiones anteriores la habían dejado fuera de otros jurados por esa situación familiar. “Porque yo siempre lo decía, y siempre me excusaban”.

Todavía no sabía para qué tipo de juicio la habían elegido, pero tenía la impresión de que se trataba de un caso de tráfico de drogas.

3. La ola criminal

En Puerto Rico es muy común que los casos de drogas se juzguen en el Tribunal Federal. Es una consecuencia del estatus político de la isla. Al ser un territorio, una colonia, la división entre la jurisdicción de la autoridad local y la federal a veces no es tan clara, lo que lleva a que el FBI y los fiscales federales se ocupen de cada vez más casos de drogas y de armas de fuego.

Según la exfiscal federal María Domínguez, de los 94 distritos judiciales que hay en Estados Unidos, el de Puerto Rico “es un distrito particular, lamentablemente, porque estamos inundados de narcotráfico y de armas”. De voz profunda y una cadencia que, cuando le toca hacer argumentos importantes en la corte, asume la autoridad moral de un sermón urgente, Domínguez a menudo estuvo en primera fila en muchos de esos casos. Fue precisamente durante su tiempo como fiscal de alto nivel que la fiscalía federal llegó a acuerdos con las autoridades puertorriqueñas para hacerse cargo de muchos casos que en otros distritos eran manejados por los locales. “Era precisamente para dedicarle los recursos federales a tratar de atajar ese problema”, me explicó Domínguez.

De muchas maneras, esos acuerdos se convirtieron en una pieza central de la guerra contra las drogas en Puerto Rico. Pero en vez de resolverlo, el problema se hizo mucho más grande. Para el 2008 había comenzado una ola criminal sin precedentes. En el 2009 y el 2010 el récord de asesinatos en la isla estuvo a punto de romperse. En el 2011 se rompió por completo. Y las autoridades indican que más del 80% de los asesinatos aquí están ligados al tráfico de drogas.

“Las drogas se vinculan con las armas, las armas con la violencia”, me dijo Domínguez. “Es una cadena lastimosa. Pero sí, sabemos que una gran parte de los asesinatos, de la violencia en esta isla, están vinculados con el narcotráfico”.

“En esos años, el mundo estaba revolcao’”, me dijo enfáticamente Joe Laws, un abogado que fue el jefe de los Defensores Públicos en Puerto Rico durante los años 90 y la primera década de los 2000. Estos son los abogados que la corte federal le asigna a los acusados que no tienen dinero para pagar a un abogado privado. De risa contagiosa y un conocimiento íntimo del sistema federal en Puerto Rico, a Laws le tocaba defender a clientes acusados de crímenes cada vez más sangrientos. “Y lo que estaba pasando eran cosas absurdas”, me dijo mientras subía repentinamente el tono de voz, como si el recuerdo lo tomara desprevenido. “Yo recuerdo un caso de un cliente, un acusado, que le había cortado la cabeza a otra persona y la había usado para jugar ‘soccer’. O sea, ¡pateaban la cabeza del muerto!”.

La Jurado 10 también estaba alarmada. Es que era imposible vivir en Puerto Rico en ese tiempo y no estarlo. “La violencia estaba fuerte y la gente quería hacer algo”, me dijo. “Y creo que eso abonó a que uno tuviera cierto coraje con el criminal. Uno quiere proteger la vida de uno, y de los hijos de uno”.

Es que eran muchos casos. Tantos, que cuando se enteró de que sería jurado en el juicio de Alexis Candelario Santana por los asesinatos de La Tómbola, la Jurado 10 ni siquiera recordaba de qué masacre se trataba. “Una masacre más…”, me dijo que pensó cuando ya tuvo conocimiento del caso. “Esa no fue la primera, ni fue la última”.

Fue solo al final del proceso de selección de jurado, varias semanas después de haber llenado el formulario original, que se enteró de que sería un juicio de pena de muerte. La noticia le provocó sentimientos encontrados. “Te da miedo”, me dijo, “porque es la vida de una persona. A ti te enseñan desde chiquito que tú no puedes juzgar, porque la vida es de Dios y hay muchas cosas que te pueden poner temeroso, pero estaba dispuesta a hacerlo”.

4. Un año capital

Puerto Rico es una de solo dos jurisdicciones en todos los Estados Unidos donde la pena capital es inconstitucional a nivel local. De hecho, en la Constitución de Puerto Rico se reconocen varios derechos fundamentales del ser humano. Según el artículo 2, sección 7, estos son “el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad, y que no existirá la pena de muerte…”.

En el 1927 se ejecutó a la última persona condenada a muerte en el sistema de justicia puertorriqueño. La constitución, ratificada en el 1952, parecía ponerle punto final al tema de la pena capital en la isla. Joe Laws hizo un recuento histórico de la pena de muerte a nivel local y de momento exclamó, “¡Ya pensábamos que nos habíamos quitado esto de encima!”. Pero no. En Puerto Rico las leyes federales van por encima de las locales, y la pena de muerte es parte de la ley federal. Se reserva para lo peor de lo peor, los crímenes más violentos.

María Domínguez me lo explicó de esta manera: “Hay delitos que son tan horrorosos, que una sentencia vitalicia de cárcel tal vez no es un castigo proporcional. Si tú matas a 15, 20 personas, ¿vas a tener el mismo castigo que uno que mata a uno?”

A partir de los años 90, una serie de cambios en las leyes federales coincidieron con el aumento en la criminalidad en la isla. Joe Laws me dijo que ya a principios de los años 2000 Puerto Rico se convirtió en “el death penalty capital de los Estados Unidos. Teníamos más aprobaciones de casos de pena de muerte que en casi ningún otro estado”.

Es importante aclarar que las aprobaciones a las que se refiere Laws no significan que se estaban ejecutando sentencias de muerte. Lo que quiere decir es que los fiscales estaban pidiendo este castigo cada vez más. Y es que los juicios de pena de muerte requieren una aprobación muy específica, a través de un proceso largo y complicado. Cada vez que surge un caso que podría convertirse en un juicio de pena de muerte, ese caso automáticamente tiene que pasar por una oficina especializada del Departamento de Justicia. Allí, un comité revisa cada caso y le da un informe al Secretario de Justicia, el Attorney General de los Estados Unidos.

Un informe de la corte federal que salió en el 2012 colocó a Puerto Rico en el séptimo lugar de las jurisdicciones en Estados Unidos con más casos capitales. Esa insistencia en la búsqueda de ese castigo llevó a Joe Laws, y a otros expertos legales en la isla, a identificar una tendencia muy clara. “A la fiscalía federal le entró una locura de querer lograr una convicción por pena de muerte”, me dijo Laws, “y ganar un caso”. El número de casos capitales había comenzado a subir bajo la incumbencia de Rosa Emilia Rodríguez, la jefa de fiscales federales en Puerto Rico, que había asumido el puesto a partir del 2007.

El Comité de Revisión de Casos Capitales en Washington D.C. hace su propia recomendación, que puede llevar o a un juicio regular, donde la pena máxima es vida en prisión, o a un juicio en el que los jurados deben considerar la pena capital. Quien toma la decisión final es el fiscal general de Estados Unidos.

Para María Domínguez, la gran cantidad de casos capitales en el distrito de Puerto Rico no fue el producto de un plan concertado para volver a traer la pena de muerte a la isla. “Para ningún fiscal es fácil argumentar para que se imponga una pena de muerte”, me dijo. “Nosotros somos seres humanos también, pero tenemos un trabajo que hacer”.

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Entre 1999 y el 2011 hubo tres juicios de pena de muerte en la corte federal en San Juan, los primeros tres de este tipo en la historia moderna de Puerto Rico. Pero había una constante: los jurados puertorriqueños se negaban a dar un veredicto de muerte. Los acusados eran absueltos, o condenados a vida en prisión. “En Puerto Rico, el jurado está acostumbrado a que era la cadena perpetua”, me explicó Laws, “y tú pensabas que eso era lo peor que te podía pasar”.

El creciente interés en llevar casos capitales dentro de Puerto Rico tuvo un efecto inesperado. Un movimiento de abolición de la pena de muerte tomó fuerza, y unió a sectores de la sociedad civil que rara vez se reunían bajo el emblema de una misma causa. Abogados progresistas, socialistas, católicos, protestantes; esta era la coalición improbable que se daba cita frente al tribunal federal para protestar cada nuevo juicio capital. Aún más, varias encuestas de opinión pública realizadas en los últimos quince años han mostrado a una mayoría de los puertorriqueños – sobre el 60% – expresándose en contra de este castigo. En una isla con profundas divisiones políticas, la oposición a la pena de muerte ha sido uno de los pocos temas que unen a diversos candidatos a puestos públicos de todos los partidos.

“Es una resistencia muy cultural”, me dijo Laws. “Si te fijas en nuestra historia, te das cuenta que en el pasado aquí se ejecutaron a cientos de esclavos que intentaron rebelarse o escapar. Hoy en día mucha gente lo ve como un castigo injusto”.

De todos los casos que se estaban juzgando en la isla, había uno al que la fiscalía federal parecía apostarle más que a los otros. “Por medio del Departamento de Justicia estaban tratando de lograr que se certificara y se condenara a muerte a alguien”, me explicó Mayte Bayolo, una defensora pública que formó parte del equipo de defensa en el caso de La Tómbola. “Y ese alguien querían que fuera Alexis Candelario Santana”.

Esta era la lógica: la masacre de La Tómbola había sido tan terrible, que ese sería el caso que finalmente llevaría a un jurado puertorriqueño a sentenciar a alguien a muerte. María Domínguez fue asignada como una de las fiscales, y ella también pensaba que este podría ser el juicio que cambiaría las cosas. “De todos los casos que se han visto en Puerto Rico, ese era el caso donde mayormente se justificaba la imposición de la pena más severa”, me dijo Domínguez, “la pena capital”.

5. El proceso

El juicio comenzó en febrero de 2013. Alexis Candelario Santana enfrentaba 51 cargos. Básicamente, el Estado lo acusaba de ser el líder de una empresa criminal de tráfico de drogas. Lo que le abría la puerta a la pena de muerte eran los asesinatos cometidos como parte de esa empresa criminal; los nueve asesinatos de La Tómbola.

“La teoría del estado era la venganza”, me explicó Bayolo. “Porque le quitaron el punto, y él [Candelario Santana] quería volver y recuperarlo”.

Candelario Santana fue dueño del punto en el sector de Los Bravos por más de una década. Hasta el 2003, cuando enfrentó un juicio en una corte local de Puerto Rico, por lo que no se exponía a la pena de muerte. Y en ese juicio del 2003, Alexis Candelario llegó a un acuerdo con los fiscales locales para aceptar la culpabilidad de 12 asesinatos. 12. A cambio de una sentencia reducida de 12 años. O sea, un año de cárcel por cada asesinato.

Una vez que empezó a cumplir su condena, la sentencia de Candelario se redujo aún más por buena conducta. Luego de cumplir seis años, Candelario volvió a salir de prisión. Me pareció chocante esa reducción tan abrupta en una condena que no parecía tan extensa. Por eso le pregunté a María Domínguez si cumplir seis años de cárcel por 12 asesinatos es algo normal. Ella estaba tan extrañada como yo. “No puedo juzgar por qué se tomaron esas decisiones, porque no formé parte de ese proceso”, me dijo. “Pero sí es algo que es un poco chocante”.

Durante el nuevo juicio en la corte federal, los fiscales argumentaron que lo primero que Candelario Santana hizo al salir de la cárcel, fue regresar a su barrio para retomar el punto. El resultado fueron las nueve muertes y los 20 heridos de la masacre. “El énfasis fue en las siete muertes”, me dijo Bayolo, la abogada de defensa que estuvo en la sala durante una buena parte del juicio. “Se mostraban los cuerpos constantemente en sala a través del proyector”. Y hay que recordar que una de las fotos era del cadáver de un feto de ocho meses.

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Una vez que empezó el juicio, se le asignó un número a cada uno de los 12 jurados, para proteger sus identidades. Y los fiscales rápidamente presentaron una imagen de Candelario Santana como un genio criminal. Ese fue el momento en que la Jurado 10 comenzó a enterarse de los detalles del caso. “Presentaron evidencia de asesinatos”, me dijo de la estrategia de los fiscales. “Estaban presentando que el tipo es un monstruo”.

Hubo días en que la Jurado 10 salía totalmente agotada del juicio. Cuando llegaba a su casa le comentaba a su esposo, “te juro que lo mataría, ese tipo es un monstruo. Pero otros días venía callada, venía reflexionando”.

Fue un proceso intenso. Los 12 jurados tenían que analizar evidencia muy difícil de digerir: informes del impacto de las balas en los muertos y los heridos, testigos que hablaban de familiares y amigos que habían perdido, o del horror que vivieron esa noche en La Tómbola.

Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

El jurado en el caso contra Candelario Santana estuvo compuesto por siete mujeres y cinco hombres.

Cada mañana, los jurados se reunían en un pequeño salón al lado de la sala grande del juicio. Dominado por una larga mesa de conferencias, el salón de deliberaciones se asemeja a los cuartos preparados para los empleados en la parte trasera de una tienda. Gris, utilitario, con un microondas y la máquina de café en una esquina, solo le falta un ponchador para completar la imagen. Durante el juicio, ese salón se convirtió en un espacio donde cada uno de los jurados podía despejar la mente del caso que estaban juzgando, y hablar de otras cosas. Poco a poco, ahí fue donde la Jurado 10 conoció al resto de sus compañeros. Había uno que trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, otro era vendedor, uno tenía un negocio de tatuajes, una trabajadora social, una maestra retirada, una señora mayor que era ama de casa, un estudiante. “Había de todas las edades” me dijo la Jurado 10, “era una buena mezcla”.

Siete mujeres y cinco hombres, universitarios y jubilados, asalariados y emprendedores. Desde el dueño de un pequeño negocio hasta la Jurado 10, que trabaja en una empresa que maneja millones de dólares.

Y aunque el trabajo que les tocaba era pesado y hasta macabro, un sentido de camaradería fue surgiendo entre ellos. “Todos los días traíamos pan, jamón, queso, y hacíamos desayuno entre nosotros”, recordó. Se reunían por las mañanas en el saloncito de deliberaciones para desayunar. “Hasta el juez a veces pasaba y saludaba. Podía tomarse un cafecito rapidito y nos preguntaba cómo estábamos, cómo nos sentíamos…”

Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

Salón de deliberaciones del jurado en la Corte Federal de Puerto Rico

Escucharon a cerca de 70 testigos en poco más de una semana. Evaluaron más de 700 muestras de evidencia. Tres testigos aseguraron haber visto a Candelario Santana en La Tómbola esa noche, disparando indiscriminadamente. Esos testimonios fueron fundamentales para la Jurado 10.

“Creí en todo momento, con la evidencia que se presentó, que sí”, me dijo, “él era culpable”. No fue una decisión difícil. El jurado se retiró a deliberar y ese mismo día llegaron a un veredicto unánime; Candelario Santana era culpable de los 51 cargos que se le imputaban. El proceso tomó un poco más de cuatro horas. “Fue una decisión contundente”, me dijo la fiscal Domínguez, “porque fue bastante rápida”.

Y si este hubiera sido un juicio como cualquier otro, ese hubiera sido el fin del proceso. Pero los juicios de pena de muerte son distintos. Tienen dos partes, y todavía faltaba la segunda, la fase de la sentencia, donde el jurado decide entre un castigo de cadena perpetua y una condena de muerte.

6. La fase de la sentencia

En este segundo juicio, los fiscales argumentan a favor de la pena de muerte para la persona que ya ha sido hallada culpable. A la defensa le toca argumentar a favor de la vida. “Y todo eso se mezcla para que el jurado determine si amerita que lo maten”, me dijo Joe Laws.

Todo un equipo adicional se integra al proceso durante esta segunda fase. Del lado de la defensa, llegan expertos que se dedican a presentar atenuantes. “Y aquí venimos a hablar de que había alcoholismo en la familia o que era drogadicto”, me explicó Laws, quien fue el encargado de organizar estrategias como estas en varios juicios de este tipo durante su carrera. “Y quizás eso aminora la responsabilidad del acusado”, me explicó, “quizás.”

En el caso de Alexis Candelario, a eso fue que se dedicó Mayte Bayolo, que era parte del equipo de mitigación de la defensa. “La mira para mí es convencer a un jurado de que esta persona es humana”, me dijo de su trabajo, que consistió en investigar la vida de Candelario Santana para encontrar evidencia que ayudara a su cliente, cualquier episodio en su pasado que pueda persuadir al jurado a la hora de poner su vida en la balanza. “Legalmente se trata de convencer a un jurado de que no es digno de que le apliquen la pena de muerte porque tiene más factores mitigantes que factores agravantes”, me explicó Bayolo, “y es como una pelea”.

Agravantes. Esa es la parte que le toca a la fiscalía en este nuevo capítulo. Joe Laws me dijo que los fiscales se dedican a buscar en el expediente del acusado y demostrar que “este no es el primero que mata. Ha matado dos, ha matado tres”. Es decir, buscan cualquier ofensa criminal en la trayectoria del acusado que los ayude a demostrar que la muerte es el castigo apropiado.

El caso de Candelario Santana estaba cargado. Había infracciones de tráfico de drogas. Aún más, los 12 asesinatos que se le habían adjudicado en una corte local en el 2003 pesaban fuertemente en su contra. Por eso María Domínguez y el resto del equipo de la fiscalía se concentró en presentar “la conducta extremadamente violenta, reiterativa, de esta persona”. Para Domínguez, Candelario Santana “no tenía ningún tipo de conciencia, ni valoraba la vida humana. Tal vez nada más la de él, o tal vez ni siquiera la de él”. Y por eso, para ella la única decisión justa y correcta era una condena de muerte.

La fiscalía trajo a varias personas afectadas por los crímenes de Candelario Santana. Eran testimonios desgarradores, de vidas destrozadas. María Domínguez recuerda a una testigo que vino a hablar de la noche en la que mataron a su hija en La Tómbola:

“Y ella expresó que a la hora que la hija murió, ella sintió que le sacaron el corazón… y se despertó, y rápido llamó a su hija y no la consiguió. Y después supimos que fue aproximadamente a esa hora que a la hija le dispararon en la cabeza y murió”.

La defensa parecía tener un trabajo casi imposible. Los abogados tenían que convencer, a un jurado que ya había hallado culpable a Candelario Santana, de que su cliente también había sido una víctima, aunque no de la manera que esperaban. Para lograrlo, se dedicaron a presentar la parte de la vida de Candelario Santana que los jurados no conocían. “Este es un niño que se crió básicamente solo,” me dijo Mayte Bayolo, haciendo eco del historial que surgió en la segunda fase del juicio. “Nosotros lo vemos en Puerto Rico todo el tiempo. Este muchacho se crió al lado de un punto de sustancias controladas. Un niño que presenció un montón de actos de violencia. Que se crió viendo muertos tirados en el piso”.

Era cierto, Candelario Santana creció en un ambiente donde no había apoyo familiar, pero eso no era lo único. El estado también estuvo ausente. Los trabajadores sociales que trabajan con menores en situaciones de alto riesgo nunca pasaron por su casa. De niño, cuando Alexis dejó de ir a la escuela, ningún maestro le dio seguimiento a su caso. Nadie se preguntó por qué había parado de ir a las clases.

“En aquel entonces existía el famoso Palo de Goma”, me dijo Bayolo del gran árbol de goma que marcaba la parcela donde nació Candelario Santana. El palo también servía de centro para el punto de drogas en el barrio desde principios de los años ochenta. Candelario Santana vivía junto a sus 10 hermanos y su madre soltera en una casita de madera que quedaba a siete pies del punto. Todos dormían juntos en la misma cama, y compartían el mismo piso de tierra y la misma letrina hasta entrados los años 90, cuando finalmente se rehizo la casa en cemento. Mientras jugaba a trepar el palo de goma con sus hermanas, algunos jóvenes del barrio se dedicaban a vender cocaína, heroína y crack bajo la sombra del árbol. Y claro, muchos de los vecinos que empezaban como vendedores eventualmente se convertían en consumidores, y algunos finalmente en adictos.

David Ruhnke, un abogado americano especializado en casos de pena capital, se encargó del argumento final de la defensa. Y se concentró en dar una definición exacta de lo que es la cadena perpetua. Significa pasar el resto de la vida en una prisión federal donde la existencia del condenado se reduce a una celda compartida, del tamaño de un baño. El resto del tiempo se pasa junto a cientos de presos, la mayoría condenados por asesinatos y violaciones. Es el tipo de lugar del que solo se puede salir en un ataúd.

Lo que estaba argumentando Ruhnke era que este castigo es suficiente. Es bastante. Al finalizar, le pidió al jurado que no dejara que la nube negra de la pena de muerte llegara a Puerto Rico… como si les estuviera pidiendo que no abrieran esa puerta.

Luego de Ruhnke, a María Domínguez le tocó la refutación final de la fiscalía. “Mi trabajo era hacerle entender a ese jurado de que la pena capital era el único castigo proporcional y adecuado para toda la conducta que se imputaba a Alexis Candelario”, me dijo. Y le respondió a Ruhnke de la manera más contundente que pudo. Para despejar cualquier duda sobre la violencia que había cometido Candelario Santana, Domínguez le dejó saber al jurado con toda la fuerza moral de una predicadora que ya era demasiado tarde para evitar la nube de la muerte. “Esa nube de muerte había visitado la isla en la forma de Alexis Candelario”, dijo la exfiscal.

7. El veredicto

Una vez que terminaron los argumentos, el jurado regresó al salón de deliberación. Llevaban reuniéndose ahí casi dos meses, y cada cual ya sabía qué silla le tocaba alrededor de la mesa. “Después que tú escoges la silla ya desde el principio todo el mundo respeta esa área”, me explicó la Jurado 10. “El ser humano es a veces demasiado estructurado”.

Cada grupo de jurado escoge a un presidente que se encarga de organizar la deliberación. En este juicio, el presidente pidió un voto de sí o no para la muerte de Candelario. Un voto en voz alta. Los jurados fueron en orden alrededor de la mesa. La Jurado 10 recuerda que la primera en hablar fue la estudiante, y que luego de ella le tocó al dueño de la tienda de los tatuajes. “Algunos de ellos dijeron sí, porque estaban convencidos o porque es un monstruo”, me dijo, “pero eran escuetos, eran cortos”. La Jurado 10 fue la cuarta en dar su voto.

“Yo dije que no”.

Nadie se esperaba esa respuesta. La Jurado 10 notó lo sorprendido que estaba el grupo. Por eso explicó que, para ella, Candelario había sido una víctima desde niño. “Le falló la mamá, le falló la familia, le falló el Departamento de Educación, le falló el Departamento de Justicia de Puerto Rico”, me contó que le dijo a los demás. “Es una responsabilidad crasa de todos los niveles. Y ahí está uno implicado. Ahí está uno”.

Era un argumento que se había hecho durante el juicio. Como parte de los factores atenuantes, la defensa había expuesto lo mismo. El sistema le había fallado a Candelario Santana desde que nació, y que esto era algo que había que considerar antes de imponer una condena de muerte. Realmente se trata de un argumento sobre la injusticia de aplicar este castigo en una sociedad imperfecta. Los abogados defensores suelen decir que no hay gente rica condenada a muerte, y ese es un dato cierto. Se trata de una pena que se le aplica abrumadoramente a los pobres, los que no han tenido las oportunidades que muchas personas dan por sentado.

Es una pregunta que cada jurado debate con su propia conciencia.

Y aunque fue sorprendente hasta para ella misma, la Jurado 10 llegó a la conclusión de que Candelario no merecía la muerte. “Pude haber estado de acuerdo”, me dijo, su voz quebrándose levemente. Es evidente que tres años después del juicio, aun sigue deliberando y dándole la vuelta a la decisión que tomó. “Pero mientras haya imperfección y mientras una cadena de entes fallen, nunca debe haber ese veredicto…”.

Regresemos al cuestionario que le dio la corte antes del juicio. En ese formulario le habían pedido que marcara un número dentro de una escala que iba del uno al diez. El uno significaba que nunca aplicaría la pena de muerte, ni siquiera por el peor crimen. El diez, que se la aplicaría automáticamente a casi cualquier persona acusada de asesinato premeditado. En esa escala, ella marcó el ocho. “Cuando me preguntaban sobre la violencia pues respondía con coraje”, me dijo cuando le pregunté si todavía estaba de acuerdo con esa contestación. Por eso puso que sí creía en la pena de muerte con tanta seguridad. Y aunque parezca contradictorio, aún cree en la pena capital. Pero las fallas del sistema a lo largo de la vida de Candelario Santana eran demasiado profundas. Su trasfondo marcado por la negligencia del gobierno y de la sociedad le hizo pensar que este “no era el caso” correcto para el castigo más severo.

Una vez que la Jurado #10 terminó de explicar su posición al grupo, el presidente pidió que retomaran la votación. Aún quedaban ocho jurados por dar su voto… y todos se expresaron de la misma manera. Todos dijeron que sí a la pena de muerte. “A mí me sorprendió que no hubiese otra persona”, me dijo, “esperaba que al menos tres estuvieran en desacuerdo”.

La Jurado #10 se había quedado sola.

El presidente del jurado pidió que hicieran una segunda ronda de votación. Y quedaba claro que todos iban a tratar de convencerla de que cambiara su voto. La pena de muerte sólo se logra con un veredicto unánime. Un jurado de 12, aunque tenga una súper mayoría de 11 votos, automáticamente termina en una sentencia de cadena perpetua. Y fue en ese momento que toda la camaradería que había unido al grupo desapareció por completo. Los otros jurados intentaron convencerla, pero algo se había roto. “Me sorprendió de dos o tres personas que fueron hasta intimidantes”, recordó la Jurado 10.

Ya no le hablaban como antes. Comentaban entre ellos, susurrando para que no pudiera escucharlos, aunque era evidente que se estaban quejando de ella. La miraban con impaciencia, y luego con hostilidad. “Hay silencios elocuentes”, me dijo. “Las miradas expresan esa incomodidad”.

Uno de los jurados era empleado de la compañía eléctrica y trabajaba no tan lejos de La Tómbola. En un momento de la deliberación comenzó a llorar, y la Jurado 10 recuerda que él le dijo, “‘por favor, yo trabajo en [la Autoridad de] Energía Eléctrica, y a mí ese tipo me va a matar’”.

Durante el juicio, los fiscales habían pintado una imagen de Candelario Santana como un genio criminal. Bruce Hegyi, un fiscal especializado en juicios capitales que había venido desde Washington, repitió varias veces durante la fase de sentencia que Candelario Santana podría volver a matar, incluso aunque estuviera encerrado en la cárcel. Algunos jurados tenían miedo de la venganza. Y por eso querían imponer una pena de muerte, para protegerse. Y como la Jurado 10 no quería cambiar de opinión, el trabajador de la compañía eléctrica le estaba echando la responsabilidad de cualquier cosa que les pudiera pasar.

Luego, varios jurados empezaron a hacer algo que el juez les había advertido que no debían hacer. La Jurado 10 recuerda perfectamente cuando empezaron a decirlo, “que ellos querían dejar un mensaje”. Querían utilizar el juicio de Candelario para enviarle un mensaje a todos los criminales de Puerto Rico. Es decir, sentenciar con criterios que iban más allá del caso mismo. En esa segunda ronda, la Jurado 10 volvió a hablar, y esta vez trató de convencer a los demás de que una sentencia de vida en prisión era un castigo justo. “Porque el juez sí explicó que era ‘no parole’,” me dijo, refiriéndose a que no hay manera de reducir la cadena perpetua en un caso como este. “Es de cárcel de por vida, él sale de ahí muerto”, insistió. Con ese argumento se defendía de las opiniones de los demás jurados preguntándoles, “¿Ustedes no creen que eso es suficiente castigo? ¿Hay que darle la muerte?”.

Y entonces expresó el argumento más íntimo de todos. La jurado había tenido dos hermanos adictos, y ambos habían pasado tiempo en cárceles y programas de rehabilitación. Durante el juicio la Jurado 10 había aprendido cómo funciona un punto de drogas, sus interioridades, la manera en que se ejerce la violencia para mantener el negocio. No tenía ese conocimiento técnico, aunque sí sabía que los problemas de adicción pueden afectar a cualquier familia. “Todo el mundo sabe dónde está su Palo de Goma”, me dijo.

No es que fuera su mundo, pero había visto la trayectoria triste de sus hermanos, y reconocía algo de sus vidas en los pasos de Candelario Santana. Había visto de cerca los programas ineficientes de rehabilitación y sentencias de cárcel que en algunas ocasiones los llevaron a que la adicción se hiciera más fuerte. “Y si alguien podía tener coraje con un capo de la droga esa era yo, porque se la vendían a mis hermanos y viven del débil y no les importa. Se lucran de eso”.

Los argumentos de la Jurado 10 en contra de la pena de muerte no se escuchan muy a menudo en Puerto Rico. Por lo general, la gente está en contra por motivos religiosos. Pero en el caso suyo, era por experiencia personal. “Yo no pertenezco a ninguna religión”, me aseguró. “Sí estuvieron ahí mis valores y mis principios. Estuvieron ahí. Pero no en el sentido religioso”.

La deliberación duró dos días. Eran 11 contra una. Todos a la vez, exigiendo que estuviera a favor de la pena de muerte para Candelario Santana. Hasta que llegó el momento en que no pudo más. Al segundo día, la Jurado 10 se quebró. “A mí lo que me provocó el llanto, es que me sentía presionada”, me dijo. Era el sentido de impotencia que la había invadido. “De no poder transmitir bien lo que yo analizaba. Ese sentido de que nadie pudiera entenderme”.

El peso de la decisión se estaba haciendo insoportable. Era como si estuviera acorralada, y empezaba a dudar de sí misma. “Porque tú dices, a lo mejor yo estoy equivocada. ¿Qué punto de vista yo estoy perdiendo?”.

Desesperada, decidió encerrarse en el pequeño baño dentro del salón. “Pedía sabiduría”, me dijo cuando le pregunté por qué se había encerrado. “Y atacada. Atacada. Yo lloré atacada”.

Pasó más de dos horas allí adentro, tratando de ignorar los golpes cada vez más insistentes en la puerta. No sabía qué hacer. Tenía la certeza de que Candelario no merecía la pena capital, pero sentía que las fuerzas se le acababan para enfrentarse a los otros jurados. “Yo sentía que no iba a poder soportar una tercera ronda”, me dijo. “Quizás a lo mejor yo claudicaba”.

No queda claro si hubo tercera ronda.

Estuve en la corte el día en que se leyó el veredicto, y recuerdo perfectamente cuando el jurado entró a la sala para entregarle el papel con la decisión final al juez. “Eso era un silencio sepulcral”, recuerda la Jurado 10, “yo nunca había escuchado un silencio tan fuerte como en ese”.

Foto por Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

Fachada del Tribunal Federal en Puerto Rico

Para María Domínguez, del equipo de la fiscalía, el silencio respondía a un sentido generalizado de expectativa. “De que la pena capital se iba a imponer, y eso fue parte de la razón por la que se sintió tanta tensión”.

La sala estaba llena de periodistas, y también de familiares de las víctimas, y personas de Sabana Seca. Y los que no estaban en el tribunal, esperaban el veredicto en el barrio. Mariana, la adolescente vecina de La Tómbola , era una de ellas, y recuerda lo que se comentaba ese día en las calles de Los Bravos.

“Yo escuchaba comentarios de personas que sí tenían a personas que murieron allí, y         mucha gente decía que sí, se lo merecía, pues él no tenía sentimientos, fue un hombre        malo… sí mucha gente lo dejaba sentir… que debía morir”.

El resto de Puerto Rico también esperaba. Casi todos estaban convencidos de que sería la primera sentencia de muerte en más de 75 años. Mayte Bayolo, del equipo de defensa, estaba en la sala junto a los familiares de Candelario Santana. “Nunca se me olvida la reacción del juez leyó el papel con el veredicto”, me dijo, “era como una expresión de insatisfacción”.

“Cadena perpetua”, informó el Juez Fusté.

Foto por Dennis Manuel Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

El juez Fusté en su oficina en el Tribunal Federal

La fiscal, María Domínguez, inmediatamente miró al jurado para ver sus reacciones. “Era obvio para mí que estaban molestos”, observó. “Algunos estaban dando puños. Y por sus expresiones yo me di cuenta que había mucho jurado molesto con la decisión”.

Cuando le pregunté a Mayte Bayolo qué sintió cuando se leyó el veredicto, su respuesta fue sencilla y directa. “Alivio. Es como una victoria grande, porque a pesar de que el cliente va para la cárcel, ganó la vida”.

Candelario se había salvado, y en el proceso también se evitó la primera condena de muerte impuesta por una corte federal en Puerto Rico. El juez le dio las gracias al jurado, y finalmente los liberó de su compromiso con la corte.

8. El juicio después del juicio

Para evitar la atención de los medios y proteger su seguridad, los jurados en juicios de pena de muerte dejan sus carros en un estacionamiento secreto, fuera del área del tribunal. Durante el juicio, un alguacil se encargaba de recogerlos cada mañana y acompañarlos de vuelta al final del día. Luego del veredicto final, los jurados hicieron ese viaje por última vez.

Usualmente se trataba de un viaje lleno de conversaciones casuales, donde los jurados hablaban de sus familias, o compartían impresiones del día. Pero esta vez, la Jurado 10 me describió una escena muy distinta. “Nadie me habló”, me dijo. “Era como un silencio que si tú tuvieras un alfiler, tú escuchas el alfiler”. Cuando finalmente llegaron, cada jurado fue directo a su carro. “Y allí nadie se despidió de mí, todo el mundo se fue como con coraje”.

Y esa fue la última vez que se vieron.

La noticia salió en los noticieros ese mismo día. Una sola jurado había impedido que se le pusiera una sentencia de muerte a Candelario Santana. El presidente del jurado le dio una entrevista anónima al periódico El Nuevo Día para expresar su frustración con el veredicto. Otra miembro del jurado habló con Univisión, echándole toda la culpa a la Jurado 10.

Iluminada de espalda, de manera que sólo se viera su silueta, y con la voz distorsionada para que sonara más profunda, la entrevista anónima de la jurado de Univisión se insertó en esa área televisiva que cae entre el periodismo investigativo y el reality show. En dos segmentos de unos cinco minutos, la entrevista se concentró en exponer a la Jurado 10 como la única responsable de que Alexis Candelario Santana no hubiese recibido una pena de muerte. Era una entrevista visceral. La jurado sacó a la luz pública el pasado familiar de su compañera. “Si ella estaba tan contaminada por los casos personales de sus hermanos…. Que si matan a este hombre, qué pasará con mis hermanos…”, dijo en la entrevista, “abro la puerta para que mis hermanos, o uno de mis hermanos…”. Estaba sugiriendo que la Jurado 10 se negaba a dar un voto de muerte para, de alguna manera, proteger a sus hermanos en prisión, algo que la Jurado 10 niega.

“En la entrevista de Univisión, la jurado anónima también narró el ambiente tenso que hubo durante la deliberación. De cierta manera corroboró el asedio y la presión que la Jurado 10 recibió de los otros jurados durante el proceso. “Ella irrumpe en llanto”, dice la jurado de Univisión durante la entrevista. Se refiere a los momentos más difíciles y oscuros de la Jurado 10. “Su llanto fue desesperante”.

Las críticas no solo venían de los que estuvieron involucrados en el juicio. Salían en redes sociales, en la televisión, en la sección de comentarios de los periódicos. La conversación nacional se centraba en lo que había hecho la Jurado 10. Y aunque el anonimato impuesto por la corte impedía que la identificaran personalmente, ella podía leer claramente las amenazas que se lanzaban contra ella, sobre todo en Facebook y en Twitter. “Decían que ojalá que te mataran a tu hijo, a tu hija, a tu mamá”, me dijo la Jurado 10. “Era una cosa bien fea”.

El veredicto generalizado de la opinión pública fue contundente. La Jurado 10 había sido débil, incapaz, decían. Su inhabilidad de votar por la pena capital atrasaba los esfuerzos para combatir el crimen en Puerto Rico.

Para Maite Bayolo, del equipo de defensa de Candelario Santana, con este caso, “las posturas de pena de muerte cambiaron; posterior a eso cambió la postura de certificación”.

Efectivamente. Las expresiones de Holder parecieron tener el efecto de imponer una suerte de “cese y desista” implícito a las aprobaciones de casos capitales en Puerto Rico. Después de ese año no hubo otro juicio de pena de muerte en la corte federal de San Juan.

Hasta ahora.

El siguiente capítulo en la larga y violenta historia de Alexis Candelario comienza casi inmediatamente después de que se terminara este juicio. Alexis apeló el veredicto de culpabilidad. Durante ese proceso, surgió un problema. Un problema grande. Un testigo clave, una de las tres personas que identificaron a Alexis Candelario en La Tómbola el día de la masacre, tenía miedo de hablar abiertamente en la corte, frente a Alexis, y frente a todos los periodistas que estaban allí para cubrir el caso.

El juez de este caso, José Fusté, se retiró de la Corte Federal en el 2016, en un momento en que surgieron públicamente alegaciones de hostigamiento sexual en su contra. Era un juez que se preocupaba por llevar sus casos de manera eficiente, y se ingenió una manera de convencer al testigo a que testificara. María Domínguez, una de las fiscales del caso, recuerda que el juez, “permitió que testificara tarde en la tarde, con fines de que no hubiera nadie en el público”. Es decir, el Juez Fusté dio la orden de terminar los trabajos de ese día antes de que el testigo saliera a la sala. Los periodistas y el público se fueron, y luego el juez hizo que el jurado volviera a salir a la sala vacía para escuchar al testigo. El equipo de defensa de Candelario Santana argumentó que se había privado a su cliente del derecho constitucional a tener un juicio público.

En el 2016, un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que se dedica a revisar las apelaciones de los casos de Puerto Rico, halló que sí hubo defectos en la manera en que se había llevado este juicio de Candelario Santana. El incidente del testigo que dio su testimonio ante una corte vacía llevó a la decisión de revocar el juicio del 2013. “La revocación no tuvo nada que ver con los méritos del caso”, me dijo María Domínguez, “fue una impugnación técnica”.

La convicción y la sentencia de Candelario Santana quedaron anuladas. Y por este tecnicismo, Alexis Candelario está a punto de enfrentar otro juicio de pena de muerte.

Lo raro aquí es que fue él mismo quien decidió no aceptar la sentencia de vida en prisión que había recibido, y esto es algo muy raro. Las personas que se salvan de una sentencia de muerte usualmente no quieren darle una segunda oportunidad a los fiscales. Por eso le pregunté a Maite Bayolo por qué Candelario Santana había decidido apelar. “No sé”, me dijo, “si hay un veredicto de vida, se ve como una victoria. No se apela”.

Por eso la insistencia de Alexis Candelario en conseguir un nuevo juicio me causa tanta curiosidad. Traté de contactarlo a través de su abogado, pero no recibí una contestación.

La Jurado 10 también ha escuchado que Candelario va a volver a ser juzgado, y piensa que un nuevo juicio terminará en el gasto innecesario de recursos de la corte. Hay que recordar que los casos capitales requieren abogados especializados y expertos. Los cuatro juicios capitales en el año 2012-2013 le costaron $5.2 millones al Tribunal Federal, incluyendo los gastos de la defensa del acusado.

“Creo que le va a costar demasiado al erario, porque ya ellos tienen un veredicto de culpabilidad”, opinó la Jurado 10. “Pero si van a hacer todo de nuevo, espero que brille la justicia como, como debe ser”.

Ahora el caso regresa a la corte, el juicio está pautado para comenzar en el 2019. Este nuevo proceso vuelve a retar las ideas y las actitudes de los puertorriqueños hacia la pena capital. Cuando comience el nuevo juicio, la corte, y los fiscales, y los abogados de defensa tendrán que escoger a otros 12 ciudadanos para que sean parte del jurado. Les entregarán formularios, los entrevistarán en el sala del tribunal, les preguntarán si creen que tienen la capacidad de imponer una sentencia de muerte.

Y nadie sabe si habrá un jurado como la 10 entre los seleccionados.

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Esta crónica está basada en el guión de un documental de audio de Radio Ambulante, un podcast de NPR, en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo. Este reportaje se hizo posible gracias al apoyo del Soros Justice Fellowship.

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