Una auditoría para revisar que todas las corporaciones inscritas en el Registro de Corporaciones en línea del Departamento de Estado cumplan con los requisitos de la Ley General de Corporaciones y que sean entidades legítimas ha sido encomendada por el secretario de esa agencia, Elmer Román.
Esto, tras el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelar que las corporaciones sin fines de lucro Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc. que donaron $250,000 al Súper PAC Salvemos a Puerto Rico, que hace campaña contra la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, habían sido registradas por una entidad inexistente, el mismo día, con minutos de diferencia, sin dirección física y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.
Se supone que cuando una corporación se registra tiene que consignarse la dirección postal y la física con calle, número y el municipio donde está ubicada la oficina designada de la corporación en Puerto Rico, así como el nombre del agente residente en esa oficina. También se puede usar la dirección del agente residente, pero es requerido que haya una dirección física registrada que sirva para emplazar o citar en caso de una demanda, por lo cual no se puede usar una dirección de correo postal.
Además de la auditoría, la transferencia de los fondos y la legitimidad de ambas corporaciones, el Súper PAC con sede en Virginia registrado por un allegado y donante del aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi, son investigados por el Contralor Electoral y por la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).
Las dos entidades demandaron al Secretario de Estado tras este declararlas nulas, y se ha citado una vista por videoconferencia para el 26 de agosto.
Abre una caja de Pandora
“En este caso, vamos a hacer una petición para una auditoría del Registro de Corporaciones porque a raíz de esto yo entiendo que lo que procede es una evaluación completa de ese Registro. Son elementos básicos. Si yo dejo que en Puerto Rico cualquier persona ponga cualquier cosa en el Registro de Corporaciones vamos a tener problemas”, dijo Román en entrevista con el CPI.
Indicó además, que a raíz de los hallazgos de la investigación del CPI, ha conversado con su homólogo en el Departamento de Hacienda, Francisco Parés, para consolidar el proceso de incorporación con el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI). Indicó que, de esta forma, el personal de la División Legal y de la Oficina de Corporaciones de Hacienda podría dar seguimiento para verificar la información que proporcione un incorporador en el Departamento de Estado.
“Podría haber la opción de utilizar la plataforma de SURI y conectar uno con el otro para hacer electrónicamente esa evaluación… Queremos que se modernice el sistema para que cosas así no ocurran en el futuro”, añadió.
Desde el 2009, el procedimiento para registrar una corporación con o sin fines de lucro es totalmente en línea. El sistema emite un certificado automático de registro, aunque la plataforma no detecta fallas en la información suministrada, como por ejemplo, el requisito de ofrecer una dirección física o que el encasillado de ‘incorporador’ tenga el nombre correcto de sus oficiales o de una corporación con personalidad jurídica.
No existe un proceso para evaluar las transacciones en el registro electrónico para revisar la veracidad de la información que se provee al momento de crearse una corporación, confirmó Román. Explicó que la agencia hace una revisión anual de las cerca de 136,000 corporaciones registradas cotejando los informes presentados, o puede ocurrir que, como en este caso hizo la Oficina del Contralor Electoral, sea otra agencia la que solicite la evaluación de una corporación en particular.
De levantar alguna sospecha de un posible incumplimiento, se inicia el proceso de solicitud de información, y de no cumplir, se cancela la corporación.
Estado se reitera en que las corporaciones nunca existieron
La Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc. demandaron el jueves al secretario de Estado por cancelar ambas corporaciones sin presuntamente seguir el debido proceso de ley. El juez superior Alfonso S. Martínez Piovanetti señaló para el 26 de agosto la vista de interdicto preliminar.
De acuerdo con el licenciado Frank Torres Viada, representante legal de ambas corporaciones, Román canceló la incorporación de estas entidades sin que mediara notificación previa sobre los defectos en el proceso de registro.
Sin embargo, el Secretario defendió su determinación de cancelar ambas corporaciones porque el análisis legal que hizo el Departamento de Estado concluyó que ambas entidades son nulas de inicio porque no cumplieron con los requisitos básicos e indispensables para constituirse en una entidad jurídica.
Según el funcionario, estas corporaciones nunca existieron porque además de no contar con una dirección física como requiere la Ley General de Corporaciones, en el encasillado de incorporador aparece el nombre de la misma entidad que se pretendía incorporar, lo que hace nulo todo el proceso. Una persona o corporación puede incorporar una entidad, pero necesita tener personalidad jurídica, explicó el funcionario.
“(Las fundaciones) no contaban con personalidad jurídica propia. Yo no existo, pero yo mismo me estoy incorporando. Esa es la razón básica por la que se determina que esta acción es nula. Es un procedimiento administrativo”, señaló Román. En el caso de ambas entidades, dijo que tienen 120 días para volver a incorporarse con toda la información que requiere la ley. Indicó que es un procedimiento administrativo que no provee para ninguna otra acción legal.
De acuerdo con el representante legal de ambas fundaciones, desde el momento en el que el Departamento de Estado emite el certificado de incorporación se presume que hubo una calificación de los documentos sometidos y que tanto la Fundación Pro Igualdad, Inc. como Foundation For Progress, Inc. están en cumplimiento con la Ley General de Corporaciones. Este opinó que desde el momento en que se emitió el certificado de registro por el Departamento de Estado, ambas entidades jurídicas son acreedoras de todos los derechos que le permite la ley, incluyendo que se si iba a tomar una acción como la que se tomó debían ser notificadas y cumplir con el debido proceso de ley para subsanar los errores o deficiencias en los documentos sometidos ante la agencia.
“Cuando el Departamento de Estado emite una certificación, como ocurrió en este caso con relación a ambas corporaciones, eso presupone un ejercicio de calificación de la documentación y del cumplimiento con la Ley General de Corporaciones, y una vez se emite el certificado de incorporación, la corporación nace como una persona jurídica y se presume que cumplió con todas las formalidades y todos los requisitos de ley”, explicó Torres Viada.
Además de que no fueron notificados antes de ser canceladas, el abogado cuestionó que se decidiera anular las corporaciones luego que estas presentaron sendos documentos para enmendar la dirección y cambiar el agente residente, lo que supuestamente resolvería el asunto. Este argumento fue rechazado por el Secretario, que reiteró que lo que procede es que se vuelvan a incorporar.
“Se recibió un documento de solicitud de cambio de agente residente. No obstante, esa no fue la razón por la cual fue objeto de cancelación. Ese documento no subsana el incumplimiento según esbozado en la notificación de cancelación”, dijo Román al CPI, al tiempo que aseguró que la agencia intentó comunicarse según la información provista.
“Se hizo la intención de llamar. Los teléfonos estaban desconectados o nadie contestaba, la dirección que se estaba dando no era la dirección física”, indicó.
Ambas organizaciones comparten oficina y exfuncionario como agente residente
El CPI tuvo acceso a los nuevos documentos presentados por la Fundación Pro Igualdad, Inc. para intentar subsanar la omisión de información requerida en su incorporación original. La entidad sometió el 4 de agosto pasado a las 3:37 de la tarde, una solicitud para enmendar su agente residente y otra para incluir la dirección física. No se desprende que hayan solicitado cambiar su incorporador, y ambos documentos son juramentados por el nuevo agente residente, Álvaro Pilar Vilagrán, el ex secretario de la Autoridad de los Puertos bajo la administración de Luis Fortuño y donante de la campaña primarista de Pierluisi Urrutia.
Hasta el momento, esta es la única persona con nombre y apellido vinculada directamente a ambas corporaciones, y figura como demandante en la demanda radicada el jueves. Aunque el licenciado Torres Viada aseguró al CPI que ambas fundaciones tienen al menos tres directores, esto no consta en los documentos enmendados. El CPI solicitó los nombres de las personas responsables de las corporaciones, pero el abogado explicó que a menos que esté en algún documento público, estaba impedido de revelar la información por el privilegio de abogado-cliente. Dijo que de ser autorizado por estos haría público sus nombres, lo que no ocurrió al cierre de esta edición.
Pilar Vilagrán no atendió peticiones de entrevista del CPI, y se refirió cualquier petición a su abogado Torres Viada.
La semana pasada Pilar Vilagrán radicó una querella contra el comité de campaña de la gobernadora Vázquez Garced por presunto incumplimiento en sus informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral. En el 2010 ,Pilar Vilagrán se vio obligado a renunciar a la dirección de la Autoridad de los Puertos luego de que la Junta de Gobierno de esa corporación pública solicitara su dimisión tras constantes críticas de funcionarios incluyendo a alcaldes y legisladores del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) por su pobre desempeño y tras la cancelación de una ceremonia simbólica entre el Gobierno de Puerto Rico y la línea de cruceros Carnival que se suponía se efectuaría en la embarcación Dream durante su viaje inaugural, pero que por sus dimensiones nunca pudo atracar en el muelle de San Juan.
Una controversia por la adjudicación del contrato de inspección de furgones bajo su incumbencia culminó en los tribunales. El recurso legal establecía que Pilar Vilagrán otorgó el contrato a una empresa en la que alegadamente el cuñado y entonces director de campaña de Pedro Pierluisi, Andrés Guillemard, había sido cabildero. En aquel momento se cuestionaba que Pilar Vilagrán otorgora el contrato a Rapidscan Security Systems a pesar de que fue el postor que más alto cotizó.
Guillemard se desvinculó de Rapidscan y aseguró que nunca tuvo contratos ni la representó. “Nunca he tenido relación de tipo alguna con la empresa que mencionas ni con ninguna entidad afiliada a esta, ni como abogado o consultor ni de ninguna otra forma”, sostuvo en declaraciones escritas al CPI.
En los documentos sometidos el pasado 4 de agosto a horas de ser canceladas ambas corporaciones, la Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc. juramentan que sus oficinas están ubicadas en la suite 601 del Caribbean Building en San Juan. La dirección corresponde a La Oficina, que se dedica a la renta de espacios de oficinas compartidas presenciales y virtuales. El número telefónico enmendado también corresponde a esta empresa. El nuevo agente residente es Fast Solutions, LLC., empresa vinculada a The Prentice-Hall Corporation System, Puerto Rico, Inc. El consentimiento escrito del nuevo agente residente lo firma Jodette Hamilton, representante autorizada de The Prentice Hall.
Investiga la FEC
La Comisión Federal de Elecciones acogió la querella contra el Súper PAC Salvemos a Puerto Rico informó en una misiva enviada el pasado 11 de agosto por posibles violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales.
Además de acoger la querella, el documento explica que como parte del procedimiento, la agencia federal tiene cinco días para notificar al Súper PAC. La querella federal pide investigar la posible coordinación de la campaña de Salvemos a Puerto Rico con el comité de Pierluisi Urrutia y la transferencia electrónica de $250,000 de las dos corporaciones declaradas nulas la pasada semana por el Departamento de Estado.
