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Retiro de la UPR invertirá $15 millones en empresa de capital de riesgo

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La Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó en octubre invertir hasta $15 millones de los fondos de su Sistema de Retiro en la empresa McCoy Investments II Fund of Vedanta Capital, creada en el 2006, y que se dedica a invertir en capital de riesgo. Esto ocurre en momentos que el Sistema de Retiro de la UPR está bajo la mirilla de la Comisión de Sistemas de Retiro del Servicio Público de la Cámara de Representantes por deudas en las aportaciones de la institución y una presunta insuficiencia de fondos de miles de millones de dólares, según las medidas radicadas por la presidenta de la comisión, Lourdes Ramos. La Junta de Síndicos aprobó la inversión en esta empresa mediante la certificación 22, el 15 de octubre pasado, por recomendación de su comité de asuntos financieros. La Junta había aprobado una inversión de $20 millones, pero la redujo a $15 millones con esta nueva certificación que canceló la anterior (13 de 2011-2012). El Centro de Periodismo Investigativo supo que se levantaron interrogantes y hubo oposición interna y externa a que la UPR utilice Vedanta.

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Trasfondo del caso del representante José Luis Rivera Guerra

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El escándalo del representante José Luis Rivera Guerra comenzó por admisiones del legislador a la revista TV & Novelas sobre la construcción de su casa sin los permisos necesarios, pero el asunto tomó relevancia pública cuando Ernesto Robledo Arce, quien lo quería retar en las primarias del Partido Nuevo Progresista, lleva el asunto hasta la dirección del PNP, la Comisión de Ética de la Cámara y públicamente. Rivera Guerra dijo a la revista que vivía hace cuatro años en una residencia de su propiedad que construyó sin obtener previamente los permisos de la AEE y la AAA. Después de la denuncia pública de Robledo Arce despachó el asunto como un “ataque político” y cuando la Comisión de Ética desestimó la querella por estar basada solo en un artículo periodístico, también lo acusó de “irresponsable, manipulador y es un insensible” durante una rueda de prensa. La AAA inició la investigación a raíz de que el periódico El Nuevo Día pidiera información sobre su cuenta y entonces confirma que no tiene ningún servicio registrado a su nombre. En una visita a la propiedad el 16 de diciembre le notifican al padre del legislador que debe pasar por la agencia para recibir una orientación.

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Rivera Guerra recibió trato preferencial de la AAA

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El representante José Luis Rivera Guerra recibió trato preferencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que obvió sus propios procedimientos y omitió información pertinente sobre su aprovechamiento ilegal de los servicios de agua potable y electricidad en su residencia y la propiedad de su familia en Aguadilla, según datos recopilados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La corporación pública sabía de la adulteración del contador de la propiedad familiar y otras irregularidades antes de que la Comisión de Ética de la Cámara evaluara las querellas sobre el representante por su falta de los permisos correspondientes para la construcción y utilidades de su residencia. Los dos funcionarios de la AAA delegados para proveer información a la comisión cameral sobre estas irregularidades mintieron, según fuentes del CPI, o como mínimo no dijeron toda la verdad de lo que sabían del caso. Los que comparecieron fueron Edgar Mártir, de Servicio al Cliente, y Virgilio Vilomar, ayudante ejecutivo del presidente de la AAA, José Ortiz Vázquez. Además, la casa de Rivera Guerra no solo no tenía contador de agua, sino que la propiedad completa tenía al menos uno de los dos metros alterado para registrar menos consumo y por lo tanto la agencia le facturaba menos.

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Serias fallas del personal y de superiores causaron accidente fatal de la GN

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El informe de la junta de seguridad del Ejercito de Estados Unidos sobre el accidente del helicóptero que se estrelló en el 2010 en el mar al norte de la Isla encontró serias fallas del personal y sus superiores en la Guardia Nacional de Puerto Rico, las cuales levantan interrogantes sobre la competencia de los oficiales y dudas sobre si actuaron por la presión de cumplir con funcionarios del gobierno central que iban a hacer un operativo antinarcóticos. Este es el informe preliminar del U.S. Army Combat Readiness/Safety Center (USACR/SC), de Fort Rucker, Alabama, máxima autoridad en estas investigaciones, que nunca se les permitió ver ni conocer a los familiares de los cuatro militares y dos fiscales muertos. También es el documento que el ayudante general de la Guardia Nacional (GN), Antonio J. Vicens, alegó primero que no había leído y después no mostró a las familias porque era “confidencial”. Errores individuales y de oficiales de todos los niveles del personal militar, según los 11 investigadores trabajando para el USACR/SC, contribuyeron al accidente ocurrido el 20 de diciembre de 2010 en el mar frente a Río Grande, de acuerdo al citado informe del cual el Centro de Periodismo Investigativo obtuvo copia. Entre los hallazgos, se determinó que el piloto que comandaba el UH-72A Lakota, aunque tenía adiestramiento demás, no cumplía los requisitos reglamentarios para volar la aeronave ese día y sus supervisores lo tenían que saber, datos que no fueron revelados por el general Vicens cuando informó al país sobre las causas del accidente.

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Aumenta cifra de policías asesinados en EEUU y Puerto Rico

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Un aumento en el número de policías muertos en el cumplimiento del deber, especialmente los que fueron víctimas de las balas, preocupa a las organizaciones gremiales de los Estados Unidos luego de publicar los resultados preliminares de un estudio del 2011, que apunta la misma tendencia en Puerto Rico. El National Law Enforcement Officers Memorial Fund (NLEOMF), que lleva estadísticas anuales de todas las muertes de los diferentes tipos de oficiales del orden público, expresó preocupación por un mayor número de fatalidades atribuidas a las armas de fuego en la calle que las causadas por accidentes de tránsito. “El dato crudo es que por primera vez en el 2011 murieron más oficiales en incidentes relacionados a armas que vinculados al tráfico (vehicular)”, dijo Linda Moon Gregory, presidente de Concerns of Police Survivors (COPS), una organización con sede en Camdenton, Missouri, dedicada a apoyar a las familias y sobrevivientes de los policías fenecidos. El informe preliminar Law Enforcement Officer Deaths: Preliminary 2011 Report fue incluido en el último boletín de NLEOMF y se utiliza de base para reclamos de mejores condiciones de trabajo, tanto desde el punto de vista de equipo y adiestramiento como de salud. Las fatalidades por armas de fuego incluyen asesinatos, tiros accidentales, emboscadas y homicidios en medio de robos, violencia doméstica e intentos de arresto, entre otros.

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¿Qué es Popular Inc?

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– La corporación Popular, Inc. tiene varias divisiones financieras y el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), el principal del país por sus haberes y depósitos, con $29,000 millones de haberes, casi 1.5 millones de clientes individuales y de negocios, además de 193 sucursales aquí solamente.- BPOP es el acrónimo bajo el cual aparecen las acciones de Popular Inc. en el índice del Nasdaq de Nueva York.- En la banca de Estados Unidos, Popular tiene un ranking de 36, según la compañía. Allá opera como Popular North America. – Al igual que otros bancos en crisis, acogió mil millones de dólares del Departamento del Tesoro federal para mitigar los efectos de la gran recesión del 2008-2009. – El 2 de diciembre de 2011, celebró una reunión con inversionistas, en la cual los altos ejecutivos y oficiales ofrecieron un panorama completo de la situación de la corporación, cuyas operaciones se extienden a las Islas Vírgenes Británicas, la República Dominicana y los Estados Unidos. Puede leer esa presentación aquí u obtenerla aquí.

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Termina el año terrible de las acciones del Banco Popular

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Un suspiro de alivio se escuchará en la Milla de Oro de Hato Rey después que los empleados, oficiales y ejecutivos de la corporación matriz del Banco Popular de Puerto Rico hayan despedido el terrible año del 2011, en el que vieron el precio de sus acciones casi tocar el fondo de la Bolsa de Valores.Popular, Inc., (BPOP en NASDAQ) matriz de las operaciones financieras en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, venían sufriendo una caída en picada del valor de sus acciones que nadie pudo detener, hasta llegar a $1.08 por acción en las transacciones del 19 de diciembre, un largo día en que finalmente cerraron en apenas $1.12. La dramática baja fue aún peor que el más bajo que tuvo en julio de 2010, cuando cerró en $1.27, y después de haber estado ese mismo año en $4, además de $18 en el 2007 y sobre $28 en el 2005.¿Qué le ha pasado al Banco Popular, la institución financiera más grande y sólida de Puerto Rico, con 118 años de existencia? La respuesta es una compleja que incluye dinámicas del mercado financiero, la economía, la política y el capitalismo, pero según la institución, nada de lo que ha hecho contribuyó a llevar sus acciones a la venta de quemazón tuvo los últimos días del 2011. “Las acciones de los bancos han bajado y subido de un día para otro. Nosotros estamos en eso también.

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Compañía australiana compra aseguradora en Puerto Rico

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La compañía QBE Insurance Group Ltd., la aseguradora internacional más grande de Australia, llegó a un acuerdo para adquirir la empresa de seguros Optima Insurance Group de Puerto Rico, según anunció en un comunicado de prensa. La transacción, efectuada el 22 de diciembre, todavía tiene que ser aprobada por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, pero la compañía con sede en Sydney anticipó que será final para marzo de 2012. Optima, que se dedica a pequeñas y medianas empresas, con seguros personales, de propiedades y riesgos comerciales, suscribió en el 2011 $100 millones en primas, de acuerdo a QBE. Fue incorporada en Puerto Rico en el 2003 y recibió la aprobación del Comisionado de Seguros en el 2005. La adquisición incluye las empresas Optima Insurance Co., Colonial Insurance Agency y New Century Financial Corp., informó José Sojo, jefe de las operaciones de QBE para Latinoamérica.