Súper Pacs y campañas en redes 2020: las mil y una formas de burlar la fiscalización 

Las restricciones adoptadas por plataformas como Facebook e Instagram para la compra de anuncios políticos en sus redes sociales en busca de mayor transparencia durante este ciclo electoral se quedan cortas ante la proliferación de cuentas creadas en las redes sociales por grupos que buscan hacer campaña o atacar a un candidato sin que se conozca quiénes las manejan o de dónde sale el dinero que las financia. 

Algunos de estos grupos han pagado anuncios en las redes, televisión y vallas publicitarias sin estar registrados en la Oficina del Contralor Electoral por ser Súper Comités de Acción Política (Súper Pacs) inscritos en otras jurisdicciones en Estados Unidos. Al igual que otros que sí están registrados en Puerto Rico, pueden gastar grandes sumas de dinero, sin límite. 

Un Súper Pac de reciente creación en Puerto Rico recibió dos transferencias de $250,000 de dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas registradas el mismo día con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. 

De momento irrumpe en la pantalla del televisor una imagen en blanco y negro de la gobernadora, Wanda Vázquez. Inmediatamente se escucha la voz de un locutor que dice “hay gente que tiene grandes habilidades para mentir y engañar”, seguido de extractos de varias entrevistas a la mandataria luego de juramentar como gobernadora en las que aseguraba no tener aspiraciones políticas. El anuncio termina con el estribillo “En Wanda Vázquez no se puede creer”, palabras que también aparecen en la portada de la página de Facebook de Salvemos a Puerto Rico creada el 19 de junio de este año. Con apenas unos cientos de seguidores, esta página administrada desde Virginia ha gastado hasta $10,496 en publicidad en Facebook e Instagram para promocionar vídeos contra la Gobernadora con el potencial de alcanzar a millones de personas, de acuerdo con la información que publica Facebook. 

Salvemos a Puerto Rico es un Súper Comité de Acción Política que se dedica a hacer campañas independientes a favor o en contra de candidatos o partidos políticos que fue registrado en la Comisión Federal de Elecciones (FEC) con sede en Virginia, por el CPA Joseph Fuentes, conocido como Joey Fuentes Fernández quien ha estado vinculado al candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. El pasado 25 de junio, este Súper Pac recibió dos donativos de $175,000 y $75,000 de Fundación Pro Igualdad, Inc.y Foundation For Progress, Inc., respectivamente. 

Durante el pasado ciclo electoral, Fuentes Fernández registró en la FEC el Súper Pac PRP, INC. PAC.

A year later, legal authorities have yet to close investigation into the Telegram chat ‘brothers’

A year after the conversations between former Gov. Ricardo Rosselló and his closest collaborators contained in 889 pages of a Telegram chat were revealed, the Special Independent Prosecutor Panel (PFEI, in Spanish) has been unable to gain access to the full chat, nor has it sought that any of the involved becomes a witness to the investigation, at least two sources consulted by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) confirmed. The Special Independent Prosecutors in charge of the investigation have until August 25 to complete the investigation they have going on into the six “brothers” referred to by the Office of the Panel of the Special Independent Prosecutor (OPFEI, in Spanish) in the resolution issued on February 13. The CPI learned that so far, prosecutors have not requested to add other possible parties, nor have they asked for more time to complete the investigation. The Government shutdown due to the pandemic by COVID-19 gave the investigation a second wind, a year after the scandal that caused Rosselló Nevares’ exit from La Fortaleza. The result of the investigation into the possible crimes that could have been committed is still unknown.

Un año sin que el aparato de justicia concluya investigación sobre los “brothers” del chat de Telegram

A un año de la revelación de las conversaciones del entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus allegados contenidas en las 889 páginas del chat de Telegram, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) no ha logrado dar con la totalidad del chat, ni ha procurado que alguna de las personas que fueron referidas se convierta en testigo de la investigación, confirmaron al menos dos fuentes consultadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los Fiscales Especiales Independientes a cargo de la investigación tienen hasta el 25 de agosto para culminar la pesquisa que hasta el momento mantienen sobre los seis ‘brothers’ referidos por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente en la resolución emitida el 13 de febrero. El CPI supo que hasta el momento los fiscales no han solicitado añadir otros posibles implicados ni tampoco han pedido más tiempo para culminar la investigación. El cierre del Gobierno a causa de la pandemia por el COVID-19 dio un segundo aire a los referidos de manera que, a un año del escándalo que provocó la salida de Rosselló Nevares de La Fortaleza, aún se desconoce el resultado de la investigación sobre los posibles delitos que se pudieron cometer. El toque de queda ordenado por la Gobernadora el pasado 15 de marzo como medida para contener el virus detuvo todas las investigaciones en curso  del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), incluyendo la que realizaba desde el 13 de febrero relacionada al caso del Telegram Chat.

Solicitud de renuncia a Secretaria de Justicia fue por recomendar un FEI para la gobernadora Wanda Vázquez en el caso de los almacenes

El informe que refiere al PFEI a la Gobernadora y al Secretario de Estado es producto de una investigación de carácter criminal sobre la operación del almacén con suministros de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) que fue descubierto en Ponce por ciudadanos el 19 de enero del 2020.

Puerto Rico Has No Strategy or Tests for Elderly Population Facing COVID-19

Although about 97% of older adults live at home or in adult housing projects, more than two months after the ongoing emergency by COVID-19, the Government has not carried out massive tests to detect the virus among this population. The Government response to serve them has been reduced to, as of June 5, carrying out 6,685 of the 50,000 COVID-19 tests promised for the estimated 28,000 elderly people living in nursing homes, which only house 3% of that demographic group. Problems such as going to the supermarket, which represents a focus of contagion, access to medicines, going to medical appointments, maintaining hygiene measures and housekeeping, among others, are aggravated in cases where older adults have no family members or formal caregivers (housekeepers) who are available during the pandemic or with a support network that can assist them. For several professionals who serve this population, the reopening of a large number of commercial sectors and the increased risk of contagion represent a double-edged sword for this group. Don Nicodemus Cuevas lives alone in the Anones rural neighborhood of Naranjito.

La trayectoria no conocida del Task Force Económico

¿Quiénes componen el Task Force Económico encargado de asesorar al Gobierno de Puerto Rico? ¿Cómo fueron designados o qué mecanismo y datos se utilizaron para proponer y apoyar una reapertura gradual del sector económico tras seis semanas de toque de queda por el COVID-19? Estas son preguntas que surgen ante la rápida acogida que ha proyectado dar el Gobierno a su propuesta. El Task Force Económico, según la lista oficial enviada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), está compuesto por cerca de 50 empresarios, tres economistas y un líder sindical. El grupo empresarial es un derivado de una organización privada sin fines de lucro incorporada en junio de 2018, el Puerto Rico Business Emergency Operation Center (BEOC). 

Nuevos integrantes fueron convocados en las últimas tres semanas para unirse al Task Force, luego de que surgieran críticas de entidades que representan a sectores que no figuraban en el grupo y estas pidieran ser incluidas, como es el caso de la Cámara de Comercio del Oeste, la Asociación de Economistas, la Asociación de Detallistas de Gasolina y grupos sindicales entre otros.