Periodista con más de 10 años de experiencia, cubriendo temas de salud y medioambiente. Inició su labor periodística en la zona oeste de Puerto Rico, de donde es natal, luego de haber cursado estudios en periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Ha trabajado en medios especializados en salud, como la revista de Medicina y Salud Pública. Su trabajo periodístico y su impacto a la comunidad ha sido reconocido por organizaciones comunitarias como el Club de Leones y la Unión de Mujeres de las Américas. Colabora en el CPI desde octubre de 2017.
The DS is responsible for licensing, inspecting and supervising all hospitals, ensuring that their physical plant meets the safety standards required by Act 101 on Health Facilities and the Health Secretary’s Regulations for the Construction, Operation, Maintenance and Licensing of Hospitals in Puerto Rico.
Sostuvo en varias ocasiones que hay que “ayudar” a estos hospitales, aunque no sean del Departamento de Salud, cuando la realidad es que Salud es el responsable en Puerto Rico de licenciar, inspeccionar y fiscalizar a todas las instituciones hospitalarias, asegurando que su planta física cumpla con los estándares de seguridad que exigen la Ley 101 de Facilidades de Salud y el Reglamento del Secretario de Salud para la Construcción, Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico.
La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico lleva más de dos años sin publicar un informe que exige anualmente la Ley federal de Presupuesto Equilibrado de 1997 sobre la calidad de los servicios prestados por las aseguradoras contratadas bajo el plan de salud del Gobierno.
Un reciente estudio realizado por la Universidad de Toronto encontró que la tasa de muertes de puertorriqueños en Estados Unidos también se disparó tras el paso del huracán María.
Most health insurance companies keep secret the information about the quality and quantity of treatments that they approve for patients in Puerto Rico, at a time when a shortage of physicians and restrictions on coverage plans and medications worsen the quality of health services on the island, a CPI investigation found.
Los pocos planes que sí están abiertos a la evaluación y permiten que los datos sean públicos obtuvieron pobres calificaciones por los servicios que ofrecen a los ciudadanos, sobre todo en los renglones de prevención de enfermedades y de tratamiento de condiciones de salud mental.
In Aguadilla’s Residencial José A. Aponte public housing project everything is uncertain. While the Public Housing Administration (AVP, in Spanish) has it on its list for possible demolition because it is in a flood prone zone, residents are unaware of the details or where they will live. Ana María Esteves, who has lived in this complex for 58 years, confirms that she found out about the possible demolition from her neighbors, but so far, American Management, the company that manages the housing project that has been her home for “a lifetime,” has not said anything about those plans. Wilfredo Benejan Acevedo agreed with her. He heard of the government’s intentions through comments from people and on the radio.
En el Residencial José A. Aponte en Aguadilla todo es incertidumbre. Mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) lo tiene en su lista para una posible demolición por estar en zona inundable, los residentes no conocen los pormenores o a dónde irán a vivir.
Ana María Esteves, quien vive en este residencial hace 58 años, asegura que se enteró de la posible demolición por comentarios de los vecinos, pero que al momento la compañía American Management, que administra el proyecto de vivienda que ha sido su hogar por toda “una vida”, no le ha dicho nada sobre estos planes.
Con ella coincidió Wilfredo Benejan Acevedo. Él escuchó de las intenciones del Gobierno por comentarios de la gente y por la radio. Está preocupado, aseguró, ya que lleva 40 años viviendo allí, junto a su madre. Otros familiares también viven en el residencial.
