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Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

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Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso. Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto. La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Méndez. Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes.

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Comptroller Hid Problems with Tu Hogar Renace Program

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The Department of Housing (DH) paid more than $5 million for projects that were not done or were deficient under the Tu Hogar Renace housing reconstruction program, according to an evaluation by the Puerto Rico’s Office of the Comptroller (OCPR, in Spanish), conducted in 2018, but kept under wraps until now. The DH paid $5,817,382 for 633 work orders where at least one of the jobs was not done or was insufficient , as part of the program established after Hurricane María in 2017. The OCPR flagged the payment as contrary to the “policy that the Department established, that an unfinished case could not be processed for payment.” In addition, the Comptroller’s Office stated that the jobs that were not performed or that were carried out poorly were “certified as done by the Oversight Manager, the Program Manager, and ‘pre-intervened’ by the Department.” The DH did not   react to the findings of this story. The firm Hage & Integra appeared as Oversight Manager of Tu Hogar Renace, while Adjusters International was the Program Manager. Adjusters is a subsidiary of Rising Phoenix Holdings Corp., whose more than $207 million contract has been one of the largest granted with recovery funds in Puerto Rico.

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Contralora ocultó los problemas de Tu Hogar Renace

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El Departamento de la Vivienda (DV) pagó más de cinco millones de dólares por trabajos que no se realizaron o fueron deficientes bajo el programa de reconstrucción de viviendas Tu Hogar Renace, reveló una evaluación de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), que aunque se hizo en el 2018, se había mantenido en secreto. El DV pagó $5,817,382 por 633 órdenes de trabajo donde al menos uno de los trabajos no se hizo o fue deficiente, como parte del programa establecido tras el huracán María. Esta acción fue señalada por la OCPR como una contraria a la “política establecida por el Departamento, de que un caso no terminado no podía ser procesado para pago”. Además, la Contraloría indicó que los trabajos que no fueron realizados o que se hicieron de manera deficiente fueron “certificados como hechos por el Oversight Manager, el Program Manager, y ‘preintervenidos’ por el Departamento”. El DV no quiso reaccionar a los hallazgos de esta historia.

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El Gobierno nunca hizo las pruebas que establecía el protocolo para el regreso a la escuela

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A pesar de que el Departamento de Salud (DS) reconoce que las pruebas de antígenos tienen grandes limitaciones al momento de diagnosticar COVID-19, ya que pueden dejar escapar hasta el 67% de los casos, esa agencia decidió utilizar únicamente esta forma de cernimiento para los niños y niñas ante su regreso a la escuela. Aún así, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que ni el DS ni el Departamento de Educación hicieron las pruebas de COVID-19 antes de la apertura en abril ni durante la clases presenciales como dicta el Protocolo para la Vigilancia de COVID- 19 del Sistema educativo de Puerto Rico hecho por el DS, dejando a los menores a su suerte y derrochando recursos públicos durante el mes en que se reanudaron las clases parcialmente  en las aulas. La información fue confirmada la semana pasada por una fuente interna del DS que habló bajo condición de anonimato y por Danilo T. Pérez Rivera, coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Además, la colgada secretaria de Educación, Elba Aponte, ya lo había dejado ver durante su vista de confirmación el pasado 5 de abril. “Nosotros, si tenemos casos sospechosos, se les coordina la prueba con la epidemióloga del municipio y con el Departamento de Salud”, sostuvo Aponte a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago.

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Los enchufados tienen acceso a la vacuna de COVID-19, mientras los más vulnerables quedan atrás

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Waleska Mariani López está tratando de ayudar hace dos semanas a cuatro adultos mayores que están encamados en el barrio Sonadora y en el pueblo de Aguas Buenas para que sean vacunados contra el COVID-19. Llevan meses anotados en la lista del Departamento de Salud (DS) y nadie los ha llamado. “Yo no sé qué mecanismos utiliza el Gobierno o cuáles son sus órdenes de prioridad porque para la vacunación normal, hay muchos proveedores, muchos lugares, pero la de encamados no se menciona”, expresó Mariani López. Se supone que la tarea de atender estos casos está a cargo de DS desde enero. Una de las encamadas que espera por la vacuna es Guillermina Escribano, de 89 años, quien fue anotada por su hijo, José Colorado, en la lista del DS y del Colegio de Médicos Cirujanos desde que se anunció la vacunación para personas de más de 75 años el 10 de enero.

Coronavirus

Estudio científico valida subestimación de muertes por COVID-19 en Puerto Rico

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En los primeros meses de la pandemia en Puerto Rico pudieron haber muerto por COVID-19 hasta tres veces más la cantidad de personas que fueron oficialmente documentadas, concluyó un estudio de exceso de muertes durante ese periodo publicado por el Centro Nacional para la Información de Biotecnología (NCBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La investigación sostiene que las tendencias encontradas en los datos de exceso de mortalidad de la Isla de marzo a julio de 2020 se alejan de la curva epidemiológica de muertes por COVID-19 reportada por el Departamento de Salud de Puerto Rico. Los investigadores sostienen que el descuadre entre su curva y la curva original del DS pudo haber surgido del retraso, que puede ser de hasta ocho semanas, en la entrega y procesamiento de certificados de defunción. El estudio, hecho por profesionales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto Rico para la Asociación de Escuelas y Programas de Salud Pública, valida los hallazgos de una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicada en septiembre de 2020, tanto en términos de las tendencias de exceso de muertes en Puerto Rico por causa de un posible subregistro de muertes por COVID-19, como en cuanto a las posibles causas de este subregistro. Entre las razones de este subregistro están la falta de pruebas diagnósticas y limitaciones para hacerse la prueba que detecta el virus durante esos meses, así como la exacerbación de condiciones de salud por la falta de atención médica causada por el miedo al virus.

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Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

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El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué. Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.  
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El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus.

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Gobierno no implanta su propia estrategia de vacunación contra COVID-19

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El Departamento de Salud de Puerto Rico no ha dado prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a las personas más vulnerables a morir por la pandemia, los adultos mayores, quienes esperan en fila por sus dosis mientras decenas de personas, sino cientos o miles, se saltan el turno y se vacunan fuera de fase, según ha documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de confidencias, documentos y evidencia colgada en las redes sociales. Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos, a allegados a hospitales y a médicos que no tienen contacto con pacientes y trabajan remoto, a periodistas, a empleados de la empresa privada y a otras personas que no cualifican para las fases en proceso, la 1A y el primer inciso de la 1B, pese a que no hay suficientes dosis llegando a la Isla para los 600,000 residentes mayores de 65 años. Entre los vacunados hay jóvenes y adultos de 20, 30 y 40 años que no están en escenarios de exposición directa al virus. Entre los empleados públicos vacunados a destiempo figuró personal del Municipio de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y de la Comisión Estatal de Elecciones, según trascendió en los medios. El CPI también recibió evidencia de que el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, se colocó en el primer lugar de prioridad de vacunación junto a los ex rectores de la institución, a pesar de estos no estar necesariamente en contacto con pacientes, e incluyó a estudiantes y miembros de la facultad “seleccionados para representar a su escuela” para ser vacunados el pasado 28 de diciembre.