Comenzó su práctica periodística como fotógrafo y redactor para la revista de cultura urbana Noctámbulo. Luego fundó su blog “Post-Data”, donde cubría la escena de música y arte subterránea mientras hacía su bachillerato en Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón. Siendo estudiante colaboró con el semanario Claridad y con Diálogo, donde trabajó mientras cursaba su maestría en Teoría de la Comunicación en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Escribió para la publicación El Rehén, ha colaborado con la Revista Cruce y fue parte del equipo de 80grados.net. En 2012 comenzó a trabajar con el Centro de Periodismo Investigativo. Síguelo en @JCArbasetti o escribe a jcintron@periodismoinvestigativo.com
De las querellas relacionadas a la pandemia según los datos del DTRH, de patronos que mantuvieron sus operaciones durante la cuarentena, al menos 50 provienen de empleados de hospitales y ocho de centros de servicios de salud.
El plan para atender la población sin hogar todavía es un borrador que hace 15 días está en manos de los jefes de agencia encargados de implementar la Orden Ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez el 17 de marzo
En un correo electrónico enviado hace una semana a la dirección oficial de la gobernadora Wanda Vázquez, una persona que trabaja en el centro de llamadas Santander Consumer International denunció que a un grupo de empleados les están obligando a trabajar bajo condiciones que no protegen su salud y seguridad. Hace una semana, dos empleados del lugar presentaron síntomas similares a los del coronavirus (COVID-19). El centro de llamadas, que se dedica a cobrar deudas de automóviles a clientes de Estados Unidos, está en el piso 12 del edificio UBS Plaza en Hato Rey. Pueden haber allí entre 90 a 100 personas al mismo tiempo, según seis fuentes distintas que hablaron bajo condición de anonimato con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Estamos en un espacio donde, si yo estiro mi brazo, toco al compañero de al lado.
Michael Williams, a US businessman who lives in Puerto Rico and manages investment funds for two government agencies, could face trial by jury after the Securities and Exchange Commission (SEC) filed a lawsuit accusing him of a multi-million-dollar fraud scheme. The SEC is one of the regulators of the financial market in the United States. In September, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) revealed the scheme that Williams allegedly put together and anticipated that he was under investigation by the SEC and the Federal Bureau of Investigation (FBI). Documents reviewed by the CPI show that Williams may have used money from his clients’ investments, such as the State Insurance Fund Corporation (CFSE, in Spanish) and the Administration for Automobile Accident Compensation (ACAA, in Spanish) for personal gain and his companies’ operational expenses. “Since 2013, Kinetic Investment Group, LLC (“Kinetic Group”) and Michael Scott Williams (collectively, “Defendants”) have raised at least $39 million from at least 30 investors in an unregistered fraudulent securities offering.
Michael Williams, empresario estadounidense que reside en Puerto Rico y maneja fondos de inversión de dos agencias del gobierno, podría enfrentar juicio por jurado luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) presentara una demanda en la que le acusa de fraude millonario. La SEC es una de las entidades que regula el mercado financiero en Estados Unidos. En septiembre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló el esquema que presuntamente armó Williams y anticipó que éste era investigado por la SEC y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Documentos a los que tuvo acceso el CPI muestran que Williams pudo haber utilizado dinero de las inversiones de sus clientes, como el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), para lucro personal y gastos operacionales de sus empresas.
“Desde el 2013, Michael Scott Williams y Kinetic Investment Group han recaudado alrededor de $39 millones de por lo menos 30 inversionistas a través de ofertas de valores fraudulentas no registradas… Desde 2015 Williams malversó alrededor de $6.3 millones de los fondos de Kinetic Funds para financiar otros negocios y pagar por gastos personales”, indica la demanda de la SEC, presentada en el Distrito de Florida del tribunal federal. Si enfrenta juicio, Williams enfrentaría 15 cargos por violar varias disposiciones de la Ley de Valores de 1933, la Ley de Valores e Intercambios de 1934 y la Ley de Asesores de Inversión de 1940.
La imputación incluye: el uso de medios de comunicación, correo y transporte del comercio interestatal para defraudar; obtener dinero y propiedades por medio de declaraciones falsas y omisión de datos; llevar a cabo transacciones, prácticas o dirigir negocios fraudulentos para estafar a compradores; emplear mecanismos, esquemas o artificios para defraudar en relación a la compra de valores; fungir como “asesor de inversiones” para defraudar; y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.
The tax exemptions that the government of Puerto Rico intends to extend to investors through the Opportunity Zones Act “may not comply” with the Fiscal Plan. Tax credits of up to 25% and exemptions in the payment of municipal taxes were some of the red flags raised by the Fiscal Control Board as a “cause for concern.”
“There are provisions of the law that apparently make it inconsistent with the government’s Fiscal Plan… The municipal exemption provision could be burdensome to the municipalities,” Fiscal Control Board Spokesman Edward Zayas told the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish). Former Gov. Ricardo Rosselló signed the Opportunity Zones Act on May 14 but it has not been enforced because it still lacks a regulation for its implementation. Although so far this law is practically null, in August the government approved a list of commercial activities that could be recognized as Priority Projects in Opportunity Zones.
Las nuevas exenciones contributivas podrían ser onerosas para los municipios, según la Junta de Control Fiscal
