Estudió periodismo en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Boston. Trabajó para el periódico The Daily Free Press y luego trabajó durante 25 años para el periódico El Nuevo Día, donde fue miembro editorial de endi.com. Allí estuvo a cargo de la investigación, desarrollo e implantación de criterios para la presentación de noticias en el nuevo medio. Ha trabajado para The Puerto Rico Daily Sun y colaborado con The Associated Press, NotiCel y The Cleveland Plain Dealer, además de manejar bases de datos a través de Internet. Ha participado en convenciones del Investigative Reporters and Editors y The Poynter Institute. Desde el año 2011 colabora con el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico.
El dinero cobrado por el Departamento de Estado a las corporaciones registradas en la isla fue a parar a una cuenta de la compañía FileOne, la cual retenía más de un 40% de las transacciones. Los contratos superaron los diez millones. La compañía terminó acaparando el presupuesto del DE a tal punto que la agencia se quedó con apenas $500,000 para operar. Estos son solo algunos de los hallazgos contenidos en el recién publicado informe de la Oficina del Contralor.
Tanto la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) así como la compañía SecureAlert que provee al gobierno de Puerto Rico los grilletes electrónicos con teléfonos integrados para imputados de delitos, se pasaron la papa caliente al momento de asumir la responsabilidad por posibles violaciones a los derechos de las personas que portan los aparatos. José Armando Quiñones, vicepresidente para Latinoamérica de SecureAlert, reconoció la importancia del asunto pero rehusó comentar. “Su reportaje incluye unos temas muy importantes”, expresó Quiñones en declaraciones escritas. “SecureAlert está estrictamente impedido de hablar a favor o en nombre del Gobierno de Puerto Rico, quien es el único responsable de la ejecución, regulación, interpretación de las directrices judiciales, protocolos de aplicación de la ley y la supervisión de su programa de monitores electrónicos”. “Además, cada uno de nuestros clientes del sector público tiene plena confianza que nuestra empresa mantendrá los mas estrictos estándares de confidencialidad y privacidad en la información de cada uno de los proyectos”, agregó Quiñones.
Entendidos en temas de Derecho en Puerto Rico y Estados Unidos expresaron serias preocupaciones de que el gobierno y compañías privadas que proveen grilletes electrónicos tengan la capacidad de husmear y grabar las conversaciones privadas de los imputados de delito que los portan. El abogado experto en derecho constitucional, Carlos E. Ramos, afirmó que “la pretensión del Estado de escuchar o grabar las conversaciones no autorizadas de un sumariado con su abogado a través de un grillete-GPS electrónico, constituye la más absoluta y crasa violación a los derechos constitucionales de esa persona”. “Si esa acción la hace a través de una compañía privada, la violación se magnifica”, advirtió el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. “Están implicados cuando menos los siguientes derechos constitucionales: el derecho a estar asistido de abogado, el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, el derecho de intimidad y posiblemente la prohibición contra las grabaciones telefónicas. El Estado estaría violando de forma crasa el privilegio abogado-cliente que provee la ley”, dijo.
Aunque los argumentos de los abogados de un acusado en libertad bajo fianza no convencieron a la jueza superior Elizabeth Linares Santiago de que se le habían violado los derechos constitucionales al imputado al espiar sus conversaciones mediante el grillete electrónico que portaba, ésta advirtió que de demostrarse que el aparato sí sirve para espiar, la práctica sería ilegal. Además, la jueza advirtió que hay ciertas lagunas en los procedimientos o falta de formalidad de reglamentos y protocolos de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) respecto a los grilletes. La controversia se dilucidó en una vista judicial en el Tribunal Superior de San Juan a petición del licenciado Fermín Arraiza navas en representación de un cliente quien asegura que por medio del grillete electrónico le “hablan”. Arraiza Navas argumentó, entre otras cosas, que la práctica viola el derecho a la intimidad de su representado. El agente supervisor de la OSAJ, José Torres Valle, declaró en sala que existe un reglamento interno sobre estos procedimientos que no es oficial ni está inscrito en el Departamento de Estado, en la propia OSAJ, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ni en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Un caso de violencia doméstica ha destapado la posibilidad de que los grilletes electrónicos utilizados en Puerto Rico y Estados Unidos estén siendo usados para violar los derechos constitucionales de quienes tienen que portarlos como requisito para su libertad condicional. Estos grilletes están equipados con una especie de teléfono celular que puede espiar las conversaciones de quienes los llevan puestos. Antes de comenzar la entrevista Arraiza Navas le preguntó casualmente a su cliente sobre el grillecfgdfgddfte electrónico con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que le habían colocado como condición para su libertad bajo fianza y el hombre le comentó que “me hablan por ahí”, refiriéndose al aparato. Arraiza Navas canceló de inmediato la reunión y radicó una moción en el Tribunal Superior de San Juan para que se removiera el aparato de su cliente. Arraiza Navas relató al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que había tenido otro cliente con un grillete electrónico con GPS el cual comenzó a vibrar durante una consulta legal entre ambos.
This operation in Puerto Rico served to coordinate with other offices in Brasilia, Bogotá, Caracas, México City and Panamá City in which a program named Fornstat was used to intercept billions of private phone calls, email and text messages and other Internet communications.
Algunos de los documentos filtrados por el ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Edward J. Snowden, mencionan a Puerto Rico como centro de espionaje clandestino para varios países de Latinoamérica.
Aunque podría parecer algo cosmético o sólo técnico, tanto el actual secretario de Estado David Bernier, como su predecesor, se refirieron al atraso como uno ´histórico´ e ´inaceptable´ que pudiera tener repercusiones en la economía y la creación de empleos.