Boricuas de Florida en el epicentro de la crisis de vivienda

En el condado de Polk, que queda a más de una hora de Tampa y a tres de Miami, las rentas de alquiler en general subieron en promedio 53.7% entre 2017 y el primer trimestre de 2022. Un salto de $924 a $1,421. Porcentualmente Polk fue el condado en donde más aumentó la renta durante ese período de cinco años en Florida.

Educadoras cuentan cómo integran la perspectiva de género en el salón

Ante la inacción del oficialismo del Departamento de Educación para implantar un currículo con perspectiva de género, tres educadoras con la conciencia de su importancia buscan estrategias para atajar las bases de la inequidad de una sociedad patriarcal desde sus espacios, en sus escuelas. 

Junta de Control Fiscal va al Supremo de EE.UU. a pelear su alegada ‘inmunidad soberana’

En un nuevo intento por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta de Control Fiscal acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando que se revoque una decisión reciente del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones que le ordena la entrega de información. “La decisión, que sostiene que la Junta no tiene inmunidad frente a una reclamación bajo el derecho territorial, para divulgar una amplia gama de documentos internos y sensitivos, creará graves dificultades a la Junta para llevar a cabo su misión estatutaria”, lee el recurso legal presentado por Proskauer Rose, el bufete principal de la Junta. 

La entidad creada bajo la ley federal PROMESA dice que la divulgación de las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos, “interferirá con la recuperación de Puerto Rico” y evitará la toma de “decisiones sensitivas”, por miedo a poner por escrito sus discusiones y que estas sean publicadas. 

Como principal defensa, los abogados de la Junta intentan argumentar — sin éxito hasta el momento — que la entidad goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE.UU., por lo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales. Esto incluye reclamos en su contra bajo el derecho de acceso a información pública reconocido en la Constitución de Puerto Rico, como la demanda que el CPI presentó contra la Junta en junio del 2017. 

Durante los pasados cinco años, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito rechazaron los argumentos de la Junta y decidieron en su contra en este caso. 

“El CPI ha solicitado los documentos cruciales para entender el proceso de formación de la Junta, fiscalizar las decisiones que ha tomado y tener detalles de su relación con el Gobierno, que hasta ahora han estado fuera del ojo público. El que hayan acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos es prueba contundente de que hay información ahí que el pueblo de Puerto Rico necesita y tiene derecho a conocer”, dijo Judith Berkan, abogada del CPI. En el 2018, el juez federal Jay García Gregory ordenó la entrega de los documentos solicitados, al decidir que la Junta — una entidad creada dentro del “gobierno territorial” y que se financia con dinero público del Gobierno de Puerto Rico — está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.