Falta de presupuesto atrasa que se integren datos sísmicos de los últimos 18 años a los mapas de amenaza sísmica y al Código de Construcción

Desde una pequeña oficina en el campus universitario se manejan máquinas que cuestan miles de dólares. Mantenerlas en buen estado le cuesta varios millones anuales al erario. Son equipos de estaciones sísmicas y mareográficas que forman parte del sistema de detección de tsunamis y terremotos. El monitoreo de esta información no solo aporta a la generación de datos en Puerto Rico, sino que también recoge información sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y de República Dominicana. Los datos que se generan son analizados e interpretados por tres profesores investigadores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que con apoyo de algunos estudiantes, hacen lo posible por documentar estos fenómenos y a la vez orientar al país sobre los riesgos.

Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué. Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.  
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El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus.

El banquete total del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones controló todo el proceso electoral del 2020

Desde el momento en que con su firma la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el nuevo Código Electoral, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló una investigación realizada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 

La Ley 58 del 20 de junio de 2020 le otorgó al presidente de la entidad, en aquel momento Juan Ernesto Dávila, nombrado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló, el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas sin que tengan que ser confirmados por el voto mayoritario de los comisionados electorales, por ser ahora considerados “funcionarios de confianza” del presidente. Además, el estatuto perpetúa al PNP en la presidencia de la CEE ya que dispone que la nominación a ese cargo recae en el partido de mayoría, redefinido en la nueva ley como el partido que más votos íntegros saque en las elecciones generales. Hasta la aprobación del nuevo Código Electoral, se consideraba partido de mayoría aquel cuyo candidato a gobernador obtuviera el mayor número de votos. 

“Corresponderá al Comisionado Electoral del Partido Estatal de Mayoría, cuyo partido hubiere obtenido en la anterior Elección General la mayor cantidad de votos íntegros en la Papeleta Estatal del total de votos válidos emitidos en esa papeleta, proponer a los restantes Comisionados propietarios el o los nombres de los candidatos a los cargos de Presidente y de Alterno al Presidente”, lee el artículo 3.7 del nuevo Código Electoral. Desde su creación en 1967 y su primera participación en las elecciones generales de 1968, el PNP ha logrado obtener la mayor cantidad de votos íntegros en 10 de los 14 eventos electorales, constató el CPI. La última vez que el Partido Popular Democrático (PPD) obtuvo más votos íntegros que el PNP fue en las elecciones generales de 2000 en las que prevaleció Sila María Calderón.

Gobierno no implanta su propia estrategia de vacunación contra COVID-19

El Departamento de Salud de Puerto Rico no ha dado prioridad en la vacunación contra el COVID-19 a las personas más vulnerables a morir por la pandemia, los adultos mayores, quienes esperan en fila por sus dosis mientras decenas de personas, sino cientos o miles, se saltan el turno y se vacunan fuera de fase, según ha documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a través de confidencias, documentos y evidencia colgada en las redes sociales. Varias decenas de personas han dado testimonio de que se ha vacunado a empleados públicos, a allegados a hospitales y a médicos que no tienen contacto con pacientes y trabajan remoto, a periodistas, a empleados de la empresa privada y a otras personas que no cualifican para las fases en proceso, la 1A y el primer inciso de la 1B, pese a que no hay suficientes dosis llegando a la Isla para los 600,000 residentes mayores de 65 años. Entre los vacunados hay jóvenes y adultos de 20, 30 y 40 años que no están en escenarios de exposición directa al virus. Entre los empleados públicos vacunados a destiempo figuró personal del Municipio de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa, Carmen Yulín Cruz, y de la Comisión Estatal de Elecciones, según trascendió en los medios. El CPI también recibió evidencia de que el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Segundo Rodríguez Quilichini, se colocó en el primer lugar de prioridad de vacunación junto a los ex rectores de la institución, a pesar de estos no estar necesariamente en contacto con pacientes, e incluyó a estudiantes y miembros de la facultad “seleccionados para representar a su escuela” para ser vacunados el pasado 28 de diciembre.

Abogados de LUMA cobran más de $1,000 por hora y consultores casi $5 millones por hacer planes

La contratación de una firma de abogados que cobra hasta $1,245 por hora. La subcontratación de compañías foráneas como Alumbra, de Colorado, que ha facturado hasta $1.3 millones en un solo mes por hacer planes de la transformación del sistema energético sin haber pasado por un proceso competitivo. Así se ven las primeras seis facturas que LUMA, la empresa que administrará la red de transmisión y distribución desde junio, ya le ha enviado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La corporación pública no tiene la capacidad de revisar de una forma transparente las facturas, denunció Robert Poe, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, en una reunión de ese cuerpo el 16 de diciembre de 2020. Su crítica surge porque hasta ahora la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que supervisa el contrato con LUMA, no le ha permitido analizar la totalidad de los documentos para asegurarse de que los gastos se justifican.

CPI va al tribunal para que el Gobierno haga públicos el plan y registros de vacunación del COVID-19

San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este jueves, mediante una petición de mandamus contra el Departamento de Salud, la lista desglosada de la distribución de las vacunas de COVID-19 recibidas por el Gobierno de Puerto Rico y el Registro de Vacunación sin los datos de información de individuos, sino con la información demográfica, municipio de residencia, centro y fecha de vacunación, y justificación para la administración de la vacuna. Unas horas después de que se sometiera la demanda, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dio cinco días al Gobierno, luego de ser emplazado, para expresarse sobre el recurso legal. La lista de la distribución de vacunas de COVID-19, solicitada por múltiples vías desde el 15 de diciembre de 2020, no ha sido entregada a las periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, a pesar de ser información vital para conocer cómo se está atendiendo la crisis del COVID-19 en Puerto Rico y qué criterios se están utilizando para las decisiones y para establecer prioridades. 

“Los funcionarios del Departamento de Salud están obligados a proveer todo documento público solicitado, no solo por un medio de comunicación, sino también por cualquier ciudadano. Es evidente que hay una ansiedad muy grande entre nuestra población por lograr acceso a la vacuna, porque puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Este asunto de salud pública amerita la mayor transparencia y el gobierno lleva un mes y medio dándole vueltas a nuestra petición.

Familia de Jaideliz Moreno Ventura demanda al Gobierno de Puerto Rico por violación de derechos humanos en Vieques

La familia de Jaideliz Moreno Ventura, quien murió hace un año en las instalaciones médicas provisionales que se mantienen en Vieques luego del huracán María, demandó al Gobierno de Puerto Rico y al exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado por violación de derechos humanos y derechos civiles al no garantizar los servicios adecuados para atender la emergencia médica que le costó la vida a la adolescente de 13 años. En la demanda, presentada en el Tribunal de Primera Instancia, en San Juan, los padres, los abuelos y la tía de Jaideliz, reclaman, principalmente, “que se decrete inconstitucional y contrario a los derechos humanos el abandono de la salud pública en Vieques”. También están demandados los médicos que atendieron a Jaideliz el 12 de enero de 2020, por impericia médica, y la administradora del Centro de Salud Familiar Susana Centeno, la única instalación médica en Vieques, a donde fue llevada de emergencia y donde murió cinco horas más tarde. Desde que el huracán María dejó inservible el edificio donde operaba el centro de salud en septiembre de 2017, los servicios se ofrecieron primero bajo unas carpas y luego se movieron al refugio del municipio, donde ya llevan tres años. “Jaideliz y sus familiares reclaman, más que todo, que su muerte no sea en vano, sino que aporte al reclamo del pueblo de Vieques por justicia en cuanto al derecho a servicios de salud, libre de discrimen por su condición de isla separada de la isla grande de Puerto Rico”, lee la demanda.

Never-Ending Wait for Thousands of Puerto Ricans Who Filed Claims in Bankruptcy Proceeding

It was the morning of November 18 when federal Judge Laura Taylor Swain asked several times if anyone had come to the offices of Piloto 151 in Hato Rey to participate in the hearing. A dozen people with masks waited outside, but the official from the federal court in Puerto Rico who was there told the judge that no one had arrived. People were told to go back home. Carmen López was furious when she left, with the lawyer who was there and with the government of Puerto Rico, which, she claims, owes her money. She worked as a public school principal and claims that the Department of Education never paid her salary increases that she should have received since at least the 1980s.