Coronavirus

Puerto Rico quedó fuera de los informes del Task Force sobre COVID-19 de la Casa Blanca de Trump

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El COVID Task Force de la Casa Blanca ha estado haciendo análisis semanales del estado de situación de la pandemia y emite un informe con recomendaciones a cada uno de los gobiernos estatales hace más de seis meses, pero ha dejado afuera a Puerto Rico. Al parecer, la Casa Blanca también se olvidó de sus demás territorios: Islas Vírgenes, Guam, Samoa e Islas Marianas. Entre los cuatro territorios, viven 3.6 millones de personas. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) detectó la omisión en una revisión de los informes, obtenidos y publicados por The Center for Public Integrity, y en el caso de Puerto Rico, confirmó la exclusión con el secretario de Salud de la pasada administración, el Dr. Lorenzo González Feliciano, y con el nuevo gobernador Pedro Pierluisi. Ambos indicaron a través de sus portavoces que no habían recibido informe o comunicación alguna de parte del COVID Task Force de la Casa Blanca.

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El Gobierno dejó en la nada el plan para proteger del COVID-19 a las personas sin hogar

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Hace ya casi diez meses, dos días después de que se estableciera un periodo de cuarentena, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que pretendía atender las necesidades de las personas sin techo durante la pandemia. Mientras la mayoría de los puertorriqueños debían permanecer en sus hogares, las personas sin hogar requerían especial atención. 

La orden establecía que los secretarios de Vivienda, Salud y Familia deberían trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias para crear centros de asistencia que fueran espacios seguros, donde las personas sin hogar pudieran hacer cuarentena, recibir servicios de apoyo y realizarse las pruebas de COVID-19. Para esto, el Departamento de la Vivienda federal asignó $12.4 millones del Emergency Solutions Grant Program (ESGP) el pasado mes de abril. Un mes después de firmada la orden, el plan sobre papel era crear un centro de asistencia en Santurce. 

A punto de finalizar el año, el plan que aseguraban tener casi listo, ya no existe. Según el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Fernández Trinchet, la orden para que se detuviera el proceso vino del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ya que, a su parecer, los hospitales darían abasto para que las personas sin techo que dieran positivo a COVID-19 pudieran tratarse y hacer cuarentena en los mismos. 

González Feliciano no ha atendido durante más de un mes una petición de entrevista del CPI para explicar por qué no se cumplió la orden ejecutiva, cómo se atendió a esta población y qué se hizo con los fondos asignados.

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Alza de COVID-19 en menores e indicadores de riesgo deben evaluarse para reabrir escuelas

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Miguelina Rojas no se siente cómoda con tener que llevar a la escuela a su nieto, Chenel Saúl Minaya, si finalmente el Gobierno opta por la reapertura de los planteles en enero. “No me gustaría la cuestión presencial por este aumento en los casos [de COVID-19] en Puerto Rico”, aseguró Rojas. Su nieto, sin embargo, quisiera dejar las clases virtuales para volver a interactuar en persona con sus amigos. Rojas, quien vive en Santurce en el residencial Las Margaritas con Chenel, asegura que no ha tenido ninguna comunicación o información de la escuela pública donde estudia su nieto sobre la posibilidad de comenzar clases presenciales. Incluso, visitó esta misma semana el plantel para hacer una gestión sobre el subsidio del internet para los estudiantes y dice que del regreso a la escuela, no le mencionaron nada.

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Abuelos que crían ahora también son maestros

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Estar sentado en un pupitre. Mirar la pizarra, llena de números y palabras. Anotar la fecha en el lado superior derecho de la libreta. Mirar hacia al lado y saludar al compañero de clases. 

Ahora, todo es diferente para miles de estudiantes que han pasado de ocupar los salones de clase a estudiar desde las casas de sus abuelos y observar desde una pantalla a sus maestros. El lápiz ahora es un teclado.

COVID-19: The Excess of Hundreds of Deaths in Puerto Rico Has Not Been Investigated by the Government

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Atypical death trends during the pandemic have gone unnoticed, but expert analysis begins to identify the keys as to why they occurred and what lessons they hold for the immediate future. By Omaya Sosa Pascual and Jeniffer Wiscovitch | Center for Investigative Journalism

Six months after the government reported the arrival of COVID-19 in Puerto Rico, more than 600 people have officially died from the disease but, in addition, hundreds have died from other causes that have gone unnoticed and that could be directly or indirectly linked to the pandemic. These excess deaths have been masked in the total mortality figure due to the sharp drop that has been registered in deaths due to crimes, accidents, and trauma on the island. The Department of Health (DS, in Spanish) has been using so far the monthly death toll number on the island to monitor the status of COVID-19, without detailing the significant changes in deaths from specific causes. These deaths, identified as deaths in excess of those that regularly occur in Puerto Rico, happened mainly during the period of the initial strict lockdown that the government of Puerto Rico implemented between March and April, and were focused on chronic conditions that have been associated as high risk for the virus, according to an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) that included mortality data and interviews with more than a dozen experts.

COVID-19: Exceso de cientos de muertes en Puerto Rico no ha sido investigado por el Gobierno

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Las muertes por encima de lo usual durante el periodo de la pandemia han pasado desapercibidas, pero el análisis de expertos comienza a identificar las claves de por qué fallecieron y qué lecciones para el futuro inmediato nos dejan esos decesos. Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

A seis meses de que el Gobierno informara de la llegada de COVID-19 a Puerto Rico, han muerto más de 600 personas oficialmente por la enfermedad, pero además han fallecido cientos por otras causas que han pasado desapercibidas y que podrían estar vinculadas directa o indirectamente a la pandemia. Estas muertes en exceso han estado enmascaradas en la cifra total de mortalidad debido a la fuerte baja que se ha registrado en fallecimientos por crímenes, accidentes y traumas en la Isla. El total mensual de muertes en el país ha sido la cifra que el Departamento de Salud (DS) ha utilizado hasta el momento públicamente para monitorear el estado de situación de COVID-19, sin detallar los cambios significativos en fallecimientos por causas específicas. Estos decesos, identificados como muertes en exceso a las que regularmente se producen en Puerto Rico, ocurrieron principalmente durante el periodo del estricto lockdown inicial implementado por el Gobierno de Puerto Rico entre marzo y abril, y se concentraron en condiciones crónicas que han sido asociadas como de alto riesgo ante el virus, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que incluyó datos de mortalidad y entrevistas a más de una decena de expertos.

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The Reasons for the Limited Number of Molecular Tests in Puerto Rico

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Finding molecular tests that confirm a COVID-19 diagnosis in Puerto Rico is currently quite challenging, and the government restricts who has access to them. One of the reasons is the lack of materials such as reagents, the chemicals necessary to detect the coronavirus. “All reference labs have a need for reagents,” said Ilia Toledo, president of the Toledo Clinical Laboratory, one of the largest in Puerto Rico. In addition, the 200 members of the Association of Clinical Laboratories face problems getting swabs for sampling, its President Juan Rexach confirmed. The standard justification given for the lack of swabs, transport vials, and chemical reagents — all necessary to administer and process these tests — is fierce competition for these supplies throughout the U.S. and around the world.