Los periodistas, por nuestra formación, somos personas desconfiadas. Y por nuestra experiencia, desconfiamos especialmente de los políticos y de las estructuras de poder. Sin distinción. Es la naturaleza de nuestro trabajo. A pesar de esto, la semana pasada estuve tres días en El Capitolio convocada por los representantes José Betito Marquez (MVC) y Jesús Manuel Ortiz (PPD) para participar en unas mesas de discusión sobre la transparencia gubernamental.
Anyone who wants to find information on a high-profile criminal case or the professional execution of an official from the 90s or 2000s, or on the history of a business, an artist, or an athlete, has no choice but to go to the newspaper and magazine collection at the José M. Lázaro Library at the University of Puerto Rico’s Río Piedras Campus, a San Juan neighborhood. Two weeks ago, I tried to corroborate some historical data while editing content. Who were the journalists that covered the Department of Education in the 1990´s before Víctor Fajardo was accused of corruption in that agency? Which reporters were key in revealing the AIDS Institute case, in addition to the late former Rep. David Noriega? I once again ran into one of the most terrible obstacles for any Puerto Rican researcher: there are no online historical archives of newspapers beyond the last 14 years.
Quien quiera encontrar información de algún caso criminal de alto perfil o del desempeño de algún funcionario de los años 90 o 2000, o sobre la trayectoria de una comerciante, un artista o una atleta, no tiene de otra que ir a la colección de periódicos y revistas de la Biblioteca José M. Lázaro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Hace dos semanas intenté corroborar algunos datos históricos mientras editaba varios textos. ¿Quiénes habían sido los periodistas que cubrieron el Departamento de Educación en los 90 antes de que Víctor Fajardo fuera acusado de corrupción en esa agencia? ¿Qué reporteros fueron clave en revelar el caso del Instituto del SIDA, además del fallecido ex representante David Noriega? Me volví a topar con uno de los obstáculos más terribles para cualquier investigador puertorriqueño: no hay archivos históricos en línea de los periódicos, más allá de los últimos 14 años.
Four months ago, the Center for Investigative Journalism (CPI) published a story that revealed that at least 105 minors were vaccinated against COVID-19 by public and private providers in Puerto Rico. At the time, we had the Department of Health’s Vaccination Registry data through Feb. 23. The information revealed that 40 centers had administered at least the first dose of the vaccine to children aged 0 to 17 from Dec. 16, 2020 to Feb.
Hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una historia que revelaba que al menos 105 menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por proveedores, públicos y privados, en la Isla. En aquel momento, teníamos los datos del Registro de Vacunación del Departamento de Salud hasta el 23 febrero. La información apuntaba a que 40 centros habían administrado al menos la primera dosis de la vacuna a menores de 0 a 17 años desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021. Estos casos dejaban ver que niños y adolescentes fueron vacunados cuando no se suponía, algunos incluso fuera de las guías de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del momento: no se podía vacunar menores de 16 años en ninguna de las fases. Cuando se le cuestionó al Departamento de Salud esta información sobre los menores de 16 años que aparecían vacunados, la agencia dijo, a través de su portavoz Lisdián Acevedo, que las fechas reflejadas en la base de datos de la agencia eran “un error” en la entrada de datos.
A month after being sworn in as governor, Pedro Pierluisi shared his administration’s budget priorities for 2021-22, promising a $5.5 million allocation to fight child poverty. Three months later, that line item was reduced to $1.2 million for a “pilot project,” according to the budget resolution for the fiscal year. To no one’s surprise, La Fortaleza blames the Fiscal Control Board for the cut that was not challenged in the budget the Executive presented to the Legislature. In a letter dated May 10, the entity approved Governor’s petition to reconsider a $1.2 million assignment for the project. The Office of Management & Budget (OGP in Spanish) did not provide the amendment tract that Pierluisi made to his proposed budget in order to know if the Government rejected the cut.
Pierluisi estimates that a long-term annual investment of $4.4 billion is enough to counteract child poverty, according to the press release announcing the executive order establishing the Advisory Commission on Poverty in Puerto Rico.
Un mes después de juramentar como gobernador, Pedro Pierluisi, compartió las prioridades presupuestarias de su administración para el 2021-22 prometiendo una asignación de $5.5 millones para combatir la pobreza infantil. Tres meses más tarde, esa partida se redujo a $1.2 millones para un “proyecto piloto”, según se desprende de la resolución de presupuesto para el año fiscal. Para sorpresa de nadie, La Fortaleza responsabilizó a la Junta de Control Fiscal por el recorte, sin que fuera retado en el presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Legislatura. En una carta del 10 de mayo, la entidad aprobó la solicitud del Gobernador para reconsiderar la asignación para el proyecto por $1.2 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha hecho público el tracto de las enmiendas que Pierluisi hizo a su presupuesto para saber si el Gobierno protestó en contra de esta reducción.
Little has been said about what will happen when LUMA Energy starts managing part of the electric power system, which is an essential service. Will the contracts signed be published? Will the meetings and minutes of such meetings in which LUMA participates be public? Will we know how public money is spent by the company? Who is the press going to call in times of emergency to get details of the situation and how it’s being handled? PREPA’s or LUMA’s management?
