Four months ago, the Center for Investigative Journalism (CPI) published a story that revealed that at least 105 minors were vaccinated against COVID-19 by public and private providers in Puerto Rico. At the time, we had the Department of Health’s Vaccination Registry data through Feb. 23. The information revealed that 40 centers had administered at least the first dose of the vaccine to children aged 0 to 17 from Dec. 16, 2020 to Feb.
Hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una historia que revelaba que al menos 105 menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por proveedores, públicos y privados, en la Isla. En aquel momento, teníamos los datos del Registro de Vacunación del Departamento de Salud hasta el 23 febrero. La información apuntaba a que 40 centros habían administrado al menos la primera dosis de la vacuna a menores de 0 a 17 años desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021. Estos casos dejaban ver que niños y adolescentes fueron vacunados cuando no se suponía, algunos incluso fuera de las guías de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del momento: no se podía vacunar menores de 16 años en ninguna de las fases. Cuando se le cuestionó al Departamento de Salud esta información sobre los menores de 16 años que aparecían vacunados, la agencia dijo, a través de su portavoz Lisdián Acevedo, que las fechas reflejadas en la base de datos de la agencia eran “un error” en la entrada de datos.
A month after being sworn in as governor, Pedro Pierluisi shared his administration’s budget priorities for 2021-22, promising a $5.5 million allocation to fight child poverty. Three months later, that line item was reduced to $1.2 million for a “pilot project,” according to the budget resolution for the fiscal year. To no one’s surprise, La Fortaleza blames the Fiscal Control Board for the cut that was not challenged in the budget the Executive presented to the Legislature. In a letter dated May 10, the entity approved Governor’s petition to reconsider a $1.2 million assignment for the project. The Office of Management & Budget (OGP in Spanish) did not provide the amendment tract that Pierluisi made to his proposed budget in order to know if the Government rejected the cut.
Pierluisi estimates that a long-term annual investment of $4.4 billion is enough to counteract child poverty, according to the press release announcing the executive order establishing the Advisory Commission on Poverty in Puerto Rico.
Un mes después de juramentar como gobernador, Pedro Pierluisi, compartió las prioridades presupuestarias de su administración para el 2021-22 prometiendo una asignación de $5.5 millones para combatir la pobreza infantil. Tres meses más tarde, esa partida se redujo a $1.2 millones para un “proyecto piloto”, según se desprende de la resolución de presupuesto para el año fiscal. Para sorpresa de nadie, La Fortaleza responsabilizó a la Junta de Control Fiscal por el recorte, sin que fuera retado en el presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Legislatura. En una carta del 10 de mayo, la entidad aprobó la solicitud del Gobernador para reconsiderar la asignación para el proyecto por $1.2 millones. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha hecho público el tracto de las enmiendas que Pierluisi hizo a su presupuesto para saber si el Gobierno protestó en contra de esta reducción.
Little has been said about what will happen when LUMA Energy starts managing part of the electric power system, which is an essential service. Will the contracts signed be published? Will the meetings and minutes of such meetings in which LUMA participates be public? Will we know how public money is spent by the company? Who is the press going to call in times of emergency to get details of the situation and how it’s being handled? PREPA’s or LUMA’s management?
Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?
During the past years, Puerto Rico has been witnessing a mise en scene in which the Fiscal Control Board says, “We have to cut here” and the government tells the press “I am not going to cut anything.” The net result is that many of the cuts have indeed been made, seen and felt. As when there was a lack of resources in the Institute of Forensic Sciences to process “rape kits,” or when funds were cut from the Women’s Ombudsman Office. There are also less visible cuts that take their toll, as when agency employees have retired and are not replaced to “save money,” and the ones left behind are unprepared and have no references on processes and public services. Several economists have questioned the lack of transparency in the methodology used by the government as well as the Board to draft the economic projections, fiscal plans and budgets. The projections are barely met, the fiscal plans are a fictional exercise that fills the pockets of fancy consultants in the United States. And after fighting to approve budgets, all kinds of reallocations are made, and sometimes, money miraculously appears out of nowhere when there is a crisis that arouses passions in public opinion.
El país ha estado asistiendo durante los pasados años a una puesta en escena en la cual la Junta de Control Fiscal dice “hay que cortar por aquí” y el Gobierno le dice a la prensa “no voy a cortar”. El resultado neto es que muchos de los recortes en efecto se han dado, se ven y se sienten. Como cuando faltan recursos en el Instituto de Ciencias Forenses para procesar “rape kits”, o cuando se recortaron fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. También hay recortes menos visibles que pasan factura, como cuando los empleados de una agencia se van retirando y no los reemplazan para “ahorrar”, quedándose personas sin preparación y sin referencias sobre los procesos y los servicios públicos. No son pocos los economistas que han cuestionado la poca transparencia en la metodología usada tanto por el Gobierno como por la Junta para elaborar las proyecciones económicas, los planes fiscales y los presupuestos.
