Ernesto Del Rosario Camareno, estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tuvo que esperar más de siete meses y acudir al tribunal de Humacao para lograr acceso a información pública en poder del Municipio de Las Piedras, donde reside.
San Juan – The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) filed a mandamus against the Puerto Rico Office for Socioeconomic and Community Development (ODSEC, in Spanish) and the Special Communities Perpetual Trust to demand access to public information related to the ownership of community centers, recreational facilities, or sports facilities in Puerto Rico’s special communities. From September to October 2022, Journalist Luis Joel Méndez González, from the CPI, requested a list of community centers and recreational spaces over which the ODSEC has jurisdiction. The petition was also submitted to the Special Communities Perpetual Trust. Although the ODSEC and the Trust stated several times that they do not have jurisdiction or ownership of facilities in Puerto Rico’s special communities, subsequently, Thais Reyes Negrón, as executive director of the ODSEC and chair of the Trust, granted at least two management agreements for community centers, recreational facilities, or sports facilities in Puerto Rico’s special communities, in which the Trust was identified as the owner of said properties. A few months later, the CPI saw that the Special Communities Perpetual Trust announced on its social networks that it had signed two administration agreements to share the management of a gym in the special community of Las Curías, in San Juan, and the Rosa E. Rivera community center of the Los Filtros community, in Guaynabo.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.
Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo y de la Junta de Control Fiscal sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
Aquí los datos básicos del caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública.
¿Cuándo será la vista? La vista oral será este miércoles 11 de enero en Washington D.C. a las 11:00 am (hora de Puerto Rico). El público puede seguirla, solo mediante audio, a través de la página https://www.supremecourt.gov/
¿Cuál es el asunto esencial por discutirse? Si la Junta de Control Fiscal (JCF) disfruta de “inmunidad soberana” como ha alegado ese organismo para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En general, la inmunidad soberana es relativa a los estados, pero el Congreso de los Estados Unidos colocó a la Junta dentro del gobierno territorial, por lo que el CPI sostiene que ese organismo tiene que someterse a la Constitución de Puerto Rico, que garantiza el acceso a la información que surge del derecho a la libre expresión.
Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúe este próximo miércoles 11 de enero el caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta de Control Fiscal para lograr acceso a información pública aquilatará los argumentos de más de 30 entidades y 19 profesores de derecho que manifestaron su apoyo al CPI ante ese foro mediante 10 escritos que presentaron como amigos de la corte.
La Junta de Control Fiscal (JCF) alega que, como entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico, disfruta de “inmunidad soberana” y no tiene que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el CPI. Sin embargo, ningún foro le ha dado la razón hasta ahora y el Tribunal Supremo federal nunca ha decidido que el territorio de Puerto Rico tiene inmunidad como la de un estado. Entre las entidades que comparecieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos como amigos de la corte o amicus a favor del CPI están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO); el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez; el Reporters Committee for Freedom of the Press y 20 organizaciones de medios suscribientes; el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) junto a CAMBIO PR, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, Sembrando Sentido y la Liga de Ciudades de Puerto Rico; GFR Media; LatinoJustice junto a Hispanic Federation, Long Island Hispanic Bar Association; Espacios Abiertos; Public Citizen; y Clemente Properties. “La petición de información del CPI se ha convertido en un reclamo del país entero y de importantes instituciones y personas que rechazan el comportamiento prepotente de la Junta en Puerto Rico. Intentar estar por encima de todo, de manera que nadie les pueda fiscalizar, es inaceptable”, dijo la directora del CPI, Carla Minet.
Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez.
Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.
A panel of four Supreme Court justices unanimously rejected last Thursday a petition filed by the Puerto Rico Privacy Association (PRPA), which sought to block the lower court’s decision ordering the disclosure to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) of the annual reports submitted by beneficiaries of the “Act to Promote the Relocation of Investors to Puerto Rico,” or Act 22, a statute that has been part of the Act 60 Incentives Code since 2019. The panel was composed by Associate Justice Rafael Martínez Torres, who presided it, and Associate Justices Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, and Angel Colón Pérez. The CPI requested the reports, which “resident investors” must submit to the Department of Economic Development and Commerce (DDEC, in Spanish) every year as required by Act 22, since April 2021. These reports break down each beneficiary’s personal and financial circumstances, such as the number of jobs created, the properties acquired, the time spent in Puerto Rico, among other data. The complaint asked for all information not considered personal.
