Estrena el proyecto Medioscopio con jóvenes de Loíza

Con jóvenes de la Escuela Belén Blanco de Zequeira en Loíza inició hace unas semanas el proyecto Medioscopio, una iniciativa para desarrollar consumidores críticos de los medios de comunicación, impulsada por el Centro de Periodismo Investigativo con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo y su programa MAC en el Barrio, y ASPIRA de Puerto Rico. 

Los encuentros comenzaron en la sede del Centro Comunitario Gregorio Lanzó Cirino, en el sector Parcelas Suárez, y llevarán a los jóvenes en recorridos y ejercicios por el Bosque de Piñones y la Universidad de Puerto Rico. En esta edición piloto, coordinada por la periodista Laura Moscoso, se busca además fomentar destrezas para que los participantes puedan crear sus propias historias como reporteros ciudadanos.    

“Iniciamos Medioscopio en Loíza con una participación extraordinaria de jóvenes y maestras que nos llenó de inspiración. Nuestro objetivo con este esfuerzo es desarrollar jóvenes activos en su comunidad ofreciéndoles estrategias para combatir la desinformación y herramientas para contar sus historias”, explicó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “Con este proyecto ampliamos nuestras iniciativas comunitarias en Loíza, donde desde hace tres años implementamos nuestro programa MAC en el Barrio. Medioscopio nutre el proyecto Reporteros Ciudadanos del MAC, una iniciativa que brinda herramientas a miembros de las comunidades loiceñas, a los fines de que tanto jóvenes como adultos se conviertan en investigadores y portavoces de lo que acontece en sus espacios además de rescatar el legado de los miembros más longevos de la comunidad a través de la recopilación y difusión de historia oral”, comentó Marianne Ramírez Aponte, Directora Ejecutiva y Jefe del MAC.

Directora de Operaciones y Desarrollo del CPI es seleccionada al Media Transformation Challenge del Poynter Institute

Veintisiete ejecutivos de reconocidos medios internacionales y locales fueron becados este año para participar del prestigioso programa de liderazgo Media Transformation Challenge (MTC) del Poynter Institute, y Rígel Lugo, la directora de Operaciones y Desarrollo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), es parte del grupo. Como resultado, Lugo participará por un año en un programa educativo intensivo junto a profesionales  de medios tales como Prensa Asociada, CNN, ABC News, BBC, NPR, Reuters y The Atlantic. Los participantes del programa identifican el desafío más importante que enfrentan en sus medios y generan respuestas reales, echando mano de las herramientas, los conceptos, los coaches, sus pares y la red de ex alumnos del MTC. Este año, Lugo es la única puertorriqueña en ser becada para participar del programa fundado en el 2007, el cual ha beneficiado a más de 300 profesionales de la comunicación. 

Lugo es socióloga e investigadora graduada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Cuenta con estudios doctorales de la Universidad Complutense de Madrid y con estudios realizados en el Instituto Internacional Oñati ubicado en el País Vasco.

Periodistas van al tribunal para lograr acceso a datos sobre la renegociación del contrato entre AES y la AEE

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre. 

Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento. 

El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados. 

El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”. “El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet. 

Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.

CPI vuelve al Tribunal para que salud haga públicos el Registro de vacunación del covid-19 y la base de datos de causas de muerte

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este lunes, mediante una petición de mandamus contra el Departamento de Salud, el Registro de Vacunación actualizado y la Base de Datos de Causas de Muerte. Ambos son documentos por los que el CPI ya ha demandado en el pasado y que los tribunales han reiterado que son documentos públicos. En el caso de la Base de Datos de Causas de Muerte, el CPI ha ido cinco veces al tribunal en la pasada década para lograr acceso al documento. La demanda es contra el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, que son las agencias que producen los datos. Ambos documentos han sido solicitados por múltiples vías desde el 19 de julio por las periodistas del CPI, Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch, mediante la directora de Comunicaciones del DS, Lisdián Acevedo, sin que se haya producido la entrega de los mismos.

Court Grants Mandamus Appeal Filed by the Center for Investigative Journalism

The San Juan Superior Court handed a victory to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) and ordered the Department of Economic Development and Commerce (DEDC) to turn over information requested by the CPI related to oversight associated with Act 22-2012, to Encourage the Transfer of Individual Investors to Puerto Rico, which is now part of the Incentive Code. The CPI’s request to the DEDC and its Secretary, Manuel Cidre, included all the annual reports filed by individual resident investors with decrees under Act 22. The CPI filed the mandamus appeal in April after multiple attempts launched in February asking the agency to provide the requested information. The agency has 15 days to deliver the reports, according to the order, omitting the taxpayer’s personal and contact information, such as the number of the tax decree for which the report is filed and “any other specific data that could reveal the identity of the individual decree holder.” The CPI had requested that the personal data be omitted. “This way, the significant privacy interests related to the identifying information contained in the annual reports are protected and, at the same time, the public interest is promoted in the disclosure of that information necessary for the oversight of government operations,” the court order states.

Anuncian seis ganadores de becas para proyectos caribeños de investigación periodística

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) anunció hoy la selección de seis periodistas caribeños para trabajar en investigaciones colaborativas sobre el impacto del cambio climático y el COVID-19 en la región, tras la celebración en abril del Encuentro Virtual de Periodistas del Caribe con más de 30 participantes. Los ganadores son Kayla Young, del Cayman Current de las Islas Caimán; Errol Caballero, colaborador de la Revista Concolón de Panamá; Freeman Rogers, del BVI Beacon en las Islas Vírgenes Británicas; Sharina Henríquez, de NTR/Caribisch Netwerk en Aruba; Olivia Losbar, de RCI Guadalupe; y Laura Louis, del AyiboPost en Haití. 

“El Caribe, por su realidad geográfica y cultural, comparte muchos problemas asociados al cambio climático, que se han visto profundizados por el COVID-19 y su manejo por parte de los gobiernos. Pero los países caribeños también podemos compartir, mediante el periodismo colaborativo, herramientas para fiscalizar e incluso soluciones a los retos comunes. Este nuevo grupo de becados nos invita a explorar esas conexiones desde ángulos distintos que surgen de discusiones regionales”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. 

Los ganadores, junto a otros 30 periodistas caribeños especializados en temas de ambiente y salud, participaron la última semana de abril de El Caribe Investiga, un Encuentro Virtual de Periodistas Investigativos del Caribe organizado por el Instituto de Formación Periodística (IFP) — brazo educativo del CPI. Durante el evento, recibieron talleres para identificar líneas de investigación en la región.

Más de 30 entidades van al Tribunal de Boston como amigos de la corte en apoyo al CPI en caso de acceso a la información

San Juan, Puerto Rico – Entidades de prensa y derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron ante el Tribunal Federal del Primer Circuito en Boston su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un caso contra la Junta de Control Fiscal (JCF) por acceso a la información. 

La Junta es una entidad impuesta en 2016 por el Gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico para tomar control de las finanzas públicas y las políticas fiscales. Hace cuatro años que el CPI demandó a la Junta para obtener acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos. El juez federal Jay A. García Gregory emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico. Aunque el CPI recibió una parte de los documentos, el proceso legal ha llegado al punto en que la Junta de Control Fiscal apeló al Tribunal del Circuito de Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega. “Aquí hemos visto en titulares de prensa, apenas la semana pasada, cómo el Gobernador Pedro Pierluisi le pide a la Junta que no recorte las pensiones ni el presupuesto, vemos cómo la austeridad ha desmembrado a la Universidad de Puerto Rico, tenemos que creer que no hay recursos para la Procuradora de las Mujeres, escuchamos la justificación de falta de recursos para la privatización de las lanchas a Vieques y Culebra, o los recortes que podrían dejar sin acreditación al Conservatorio de Música… pero no tenemos acceso a todo el tracto de los intercambios entre el Gobierno y la Junta, para evaluar las motivaciones, los argumentos y datos, si los hubo, y cómo se establecen prioridades.