Elías Sánchez alega en demanda que patrón de difamación llevó a que su nombre fuera sinónimo de “persona corrupta”

La demanda por difamación incoada por el cabildero Elías Fernando Sánchez Sifonte contra el presentador de radio, televisión y redes sociales, Josué Raymond “Jay” Fonseca, Telemundo y la productora TM Television, Inc., recoge sobre 100 expresiones que se alega son difamatorias y argumenta que los daños supuestamente sufridos no surgieron necesariamente porque cada declaración fuera falsa sino porque la acumulación de las mismas provocó que el nombre de Sánchez Sifonte se convirtiera en sinónimo de “persona corrupta”. Sánchez Sifonte y su esposa, la también codemandante Valerie Rodríguez Erazo, no desglosan en qué consisten los daños económicos que el matrimonio sufrió, excepto que afirman que fue en Miami donde “primero surgieron y surtieron efecto” los daños económicos. A la vez, el matrimonio consigna que no tienen “intereses propietarios, directa o indirectamente, sobre ninguna propiedad en Florida”. Como daños, presentan múltiples mensajes de texto hacia Sánchez Sifonte enviados a su celular, Facebook, WhatsApp, correo de voz, (aunque no se menciona por quiénes) que reflejan amenaza y desprecio, así como un grafiti en San Juan que lee “$5 por la cabeza de Elías Sánchez”, y sostienen que estos fueron la razón para mudarse con sus hijos menores de edad a Miami. Los demandantes solicitan $5 millones en compensación por daños a su reputación y $30 millones en compensación por los daños económicos que alegan haber sufrido.

Municipal Response to Disasters in Puerto Rico Cost Candidates Their Re-elections

Ten of the 20 towns in Puerto Rico that have received a lower percentage of the recovery funds approved by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) had new mayors taking office in January. The most notorious case is Vieques, which had only received 4.9% of the $51.3 million that FEMA obligated before the November 2020 elections, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found when comparing the funds allocated with the amount of money disbursed as of that date. In addition to the island municipality, the rest of the towns that elected new mayors and that had low percentages of FEMA money in their coffers were Culebra (7.3%), Adjuntas (9.6%), Patillas (14.8%), Arecibo (16.1%), Santa Isabel (18.3%), Lares (22.6%), Corozal (23.5%), San Lorenzo (24.1%) and Ponce (24.5%). There is a perception that after an emergency, the person closest to the residents are the mayors. However, research shows that this is not so in all cases, especially after Hurricane María in 2017 and the earthquakes in 2020.

Lack of Funding Delays the Integration of 18 Years of Seismic Data Into Puerto Rico’s Earthquake Hazard Maps and the Building Code

Machines costing thousands of dollars are operated from a small office on the college campus. Keeping them in good condition costs the government’s coffers several million annually. They are seismic and tide-gauge station devices that are part of the tsunami and earthquake detection system. Monitoring this information not only contributes to the generation of data in Puerto Rico, but also gathers data on the US Virgin Islands and the Dominican Republic. The data generated is analyzed and interpreted by three research professors from the University of Puerto Rico (UPR) in Mayagüez, who, with the support of some students, do their best to document these phenomena, while informing the island’s population about the risks.

CPI acude al tribunal para que el municipio de San Juan haga públicos los salarios de sus empleados

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó este lunes, mediante una petición de mandamus contra el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, los datos de los salarios de todos los empleados y empleadas de ese municipio desde 2009 hasta el presente. Las gestiones del CPI para obtener la información comenzaron el 11 de noviembre pasado, cuando Carmen “Yulín” Cruz Soto era alcaldesa de San Juan. Explica la petición de mandamus que ni Cruz Soto ni Romero Lugo, o sus portavoces de prensa, entregaron la información solicitada, a pesar de múltiples gestiones para obtenerla. “Ninguno de los dos alcaldes de San Juan parecieron entender la importancia de esta petición de información en un contexto en el que la ciudadanía pide rendición de cuentas y transparencia. El trabajo de fiscalización de la prensa, que es fundamental en cualquier país que aspira a ser democrático, se obstaculiza cuando no se da acceso oportuno a los datos y documentos públicos.

Falta de presupuesto atrasa que se integren datos sísmicos de los últimos 18 años a los mapas de amenaza sísmica y al Código de Construcción

Desde una pequeña oficina en el campus universitario se manejan máquinas que cuestan miles de dólares. Mantenerlas en buen estado le cuesta varios millones anuales al erario. Son equipos de estaciones sísmicas y mareográficas que forman parte del sistema de detección de tsunamis y terremotos. El monitoreo de esta información no solo aporta a la generación de datos en Puerto Rico, sino que también recoge información sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y de República Dominicana. Los datos que se generan son analizados e interpretados por tres profesores investigadores de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, que con apoyo de algunos estudiantes, hacen lo posible por documentar estos fenómenos y a la vez orientar al país sobre los riesgos.

Nuevo director de COR3 acepta responsabilidad en atraso de los fondos de recuperación a municipios

El atraso en el desembolso de los fondos de recuperación asignados a los municipios por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la falta de adelanto de dinero para comenzar proyectos en los pueblos se debió en gran medida a la burocracia de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), aseguró Manuel Laboy, que desde enero pasó a dirigir esta oficina. Laboy dijo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que durante el proceso de Transición encontró que COR3 había fallado en tramitar de manera más ágil las solicitudes de adelanto y las de reembolso de fondos ya obligados a algunos pueblos. COR3 es la agencia local encargada de desembolsar los fondos que obliga FEMA luego de inspeccionar los proyectos reclamados por las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro por medio del programa de Asistencia Pública. Hasta diciembre del año pasado, era dirigida por Ottmar Chávez. Las expresiones de Laboy fueron en respuesta a una investigación del CPI en la que alcaldes derrotados en los comicios de noviembre de 2020 denunciaron que la lentitud de los fondos de recuperación les costó sus puestos.

Salud no supervisa la administración de las vacunas COVID-19

El Departamento de Salud llevaría casi dos meses repartiendo las vacunas del COVID-19 a ciegas, sin requerir ver la justificación de a quiénes los proveedores le administran las dosis y por qué. Así lo alega una certificación emitida por la subsecretaria de Salud y persona a cargo del esfuerzo de vacunación, la Dra. Iris Cardona, en respuesta a la demanda incoada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitando los datos que ella misma dijo que tenía y que utilizaría para fiscalizar a los proveedores para que cumpliesen con las directrices de la agencia en el proceso de inmunización. El secretario Carlos Mellado también ha dicho públicamente que está investigando casos de personas vacunándose fuera de fase y que habría consecuencias, sin embargo, no ha precisado la cantidad de casos que investiga y no fue sino hasta la semana pasada, tras la demanda del CPI, que dijo que establecería un sistema para poder multar a los que incumplan con las directrices de vacunar en este momento solo a los adultos mayores de 65 años.  
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El CPI publicó la semana pasada que hay decenas, sino cientos o miles de personas, que se han vacunado desde el 15 de diciembre saltándose la fila de los grupos de prioridad según las fases establecidas por el Departamento de Salud (DS), incluyendo personas de 20, 30 y 40 años sin exposición directa al virus.

CPI Asks Court to Order Government to Make Public Its COVID-19 Plan and Vaccination Registry

The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) requested on Thursday, through a mandamus petition against the Department of Health, the itemized distribution list  of COVID-19 vaccines received by the government of Puerto Rico and the Vaccination Registry excluding personal information data, but with demographic information, municipality of residence, center and date of vaccination, and justification for the administration of the vaccine. A few hours after the petition was submitted, the San Juan Superior Court gave the government five days, after being summoned, to respond to the legal claim. The COVID-19 vaccines distribution list, requested through multiple channels since December 15, 2020, has not been delivered to CPI journalists Omaya Sosa Pascual and Jeniffer Wiscovitch, despite being vital information to learn how the COVID-19 crisis is being handled in Puerto Rico and the criteria being used to make decisions and establish priorities. “Department of Health officials are obliged to provide all the public documents requested, not only by a media outlet, but also by any citizen. It’s evident that there is a great anxiety among our population to get access to the vaccine, because it can mean the difference between life and death.