Office of the Commissioner of Financial Institutions Loses Accreditation

The Office of the Commissioner of Financial Institutions (OCIF, in Spanish) lost last September its accreditation with the Conference of State Bank Supervisors (CSBS), an entity that monitors the procedures and operations of state agencies that regulate financial institutions in the United States, the CSBS confirmed to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish). According to the OCIF, the Washington, D.C.-based organization identified deficiencies in its bank regulatory and examination program that led to the loss of accreditation. “As OCIF’s participation in CSBS’s bank accreditation program is entirely voluntary, the action has no effect on OCIF’s ability or authority to continue to perform its bank supervisory and regulatory functions, as established by law,” the main regulator of Puerto Rico’s banking industry said in a written statement. When asked by the CPI, the CSBS refused to give the reasons why the OCIF lost the accreditation it had had since 1994. The loss of accreditation comes amid the pending trial in federal court against former Gov. Wanda Vázquez Garced, who is accused of having dismissed former OCIF Commissioner George Joyner in 2020 to appoint Víctor Rodríguez Bonilla, who had allegedly been chosen for that position by the president of one of the banks regulated by the OCIF.

Pierde acreditación la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

La desacreditación ocurre en momentos en que en el Tribunal Federal está pendiente el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien se le imputa haber destituido en el 2020 al excomisionado de la OCIF George Joyner para nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien presuntamente había sido escogido para ese puesto por el presidente de uno de los bancos que regulaba la OCIF. A cambio de esa alegada interferencia en el nombramiento del funcionario, Vázquez Garced recibiría un beneficio económico para su campaña política, según la acusación. 

[CHEQUEO DE DATOS] “El Fideicomiso [para las Comunidades Especiales] no tiene jurisdicción ni titularidad sobre los centros comunales”

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario anunció el pasado 16 de noviembre la firma de dos convenios para compartir la administración de un gimnasio y un centro comunal con juntas comunitarias de San Juan y Guaynabo, respectivamente. La firma del acuerdo se dio casi tres meses después de que esa misma agencia informó al Centro de Periodismo Investigativo que ni ODSEC ni el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales administraban o tenían jurisdicción o titularidad de ninguna de estas instalaciones.

Buscaban su propia ruta. Sus exparejas se convirtieron en sus feminicidas.

A Iraida Hornedo Camacho la recuerdan como una mujer fuerte, firme, con una perseverancia que la llevaba a cualquier lugar. Para Las Petunias, como se autoproclamó su grupo de amigas cercanas por más de 20 años, Iraida era maestra y protectora, era fajona y firme, aunque con un corazón blandito. Era “la mamá gallina”. “Ella, siempre, lo que quería, lo lograba. Lo único que no pudo lograr fue salir de ese ciclo, porque ella quería salir, y me consta que luchó y luchó”, dijo Laura Colón, su petunia más cercana.

Ponen trabas al desarrollo del fútbol femenino en Puerto Rico

La falta de continuidad en las estructuras que rigen el fútbol femenino, la mínima representación de las jugadoras en la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), la ausencia de un entrenador fijo y las recientes enmiendas a los estatutos de la Federación han estancado el progreso de este deporte lo que amenaza la participación de la Selección Nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tribunal Supremo reitera que los informes sobre beneficiarios de Ley 22 son información pública

Un panel de cuatro jueces del Tribunal Supremo decidió de forma unánime el pasado jueves no dar paso a la petición presentada por la Puerto Rico Privacy Association (PRPA) que buscaba impedir la entrega al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de los informes anuales que rinden los beneficiarios de la Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22, un estatuto que desde 2019 es parte del Código de Incentivos. El panel estuvo conformado por el juez asociado Rafael Martínez Torres, quien lo presidió, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez. 

Los informes, que los “inversionistas residentes” deben rendir ante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cada año según exige la Ley 22, fueron solicitados desde abril de 2021 por el CPI. Estos detallan las circunstancias personales y financieras de cada beneficiario, tales como el número de empleos creados, las propiedades adquiridas, el tiempo que está en Puerto Rico, entre otros datos. En la demanda se pide toda la información que no es considerada personal. Como resultado de la más reciente decisión judicial, el CPI recibiría datos sobre el patrimonio neto total (“total net worth”) de los inversionistas residentes bajo la Ley 22, el ingreso que está exento de contribuciones, si es dueño o alquila alguna propiedad en la isla, si tiene algún negocio establecido en Puerto Rico y la cantidad de días que está en la isla, así como el dato de la cantidad aproximada de dinero gastada durante el año calendario, y la cantidad de las aportaciones anuales a entidades sin fines de lucro locales.

Reports Filed By Act 22 Beneficiaries Are Public Records, PR Supreme Court Says

A panel of four Supreme Court justices unanimously rejected last Thursday a petition filed by the Puerto Rico Privacy Association (PRPA), which sought to block the lower court’s decision ordering the disclosure to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) of the annual reports submitted by beneficiaries of the “Act to Promote the Relocation of Investors to Puerto Rico,” or Act 22, a statute that has been part of the Act 60 Incentives Code since 2019. The panel was composed by Associate Justice Rafael Martínez Torres, who presided  it, and Associate Justices Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón, and Angel Colón Pérez. The CPI requested the reports, which “resident investors” must submit to the Department of Economic Development and Commerce (DDEC, in Spanish) every year as required by Act 22, since April 2021. These reports break down each beneficiary’s personal and financial circumstances, such as the number of jobs created, the properties acquired, the time spent in Puerto Rico, among other data. The complaint asked for all information not considered personal.