Gobernador Pedro Pierluisi

Pierluisi desconoce baja vacunación en residenciales y comunidades pobres de Puerto Rico

Tras varios días de expresiones enérgicas en las que prácticamente responsabilizaba a los ciudadanos por el repunte de COVID-19 en Puerto Rico, aduciendo a que aún una parte significativa de la población no se ha vacunado por “rebeldía”, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que desconoce los factores de desigualdad socioeconómica que han marcado el proceso de vacunación y el bajo porcentaje de personas que han vacunado en los residenciales públicos de la Isla. Al 9 de julio las clínicas de vacunación financiadas por el gobierno — a través de la contratación de la organización VOCES — solo habían vacunado al 5% de los 100,000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Esto de los residenciales a mí me impacta. Es la primera vez que yo oigo esto”, dijo el Gobernador. El proceso de vacunación contra el COVID-19 comenzó en Puerto Rico el 15 de diciembre de 2020, y la primera clínica en un residencial público fue en abril de 2021, según los datos del registro de vacunación del Departamento de Salud y tablas desglosadas provistas por la Administración de Vivienda Pública.

Iglesias pentecostales y evangélicas entre las instituciones que más realizan las “terapias de conversión”

El primer encuentro con las “terapias de conversión” del hoy doctor en psicología, Samuel Ocasio Domínguez, fue a sus 15 años, en la oficina privada del psicólogo clínico Carlos Velázquez García. 

A raíz de haberle confesado su orientación sexual a sus padres mediante una carta, Ocasio Domínguez cayó sentado en la oficina de quien se promocionaba como un experto en salud mental en la Milla de Oro en San Juan. 

En un intento por hacer desaparecer su homosexualidad, mientras el psicólogo Velázquez García se disfrutaba una merienda reclinado desde su silla, le pidió a Ocasio Domínguez expresar intimidades sobre sus prácticas sexuales y hacer dibujos de lo que percibía como una familia. El menor tuvo que integrarse, por recomendación del psicólogo, al equipo de baloncesto de su escuela y sustituir a su grupo de amistades mujeres por almuerzos con los varones de su clase. 

El psicólogo clínico le preguntó sobre las niñas en su clase y le pidió que escogiese a una con la que pudiese salir en una cita al cine. No limitó los requisitos de la descripción de la niña a sus cualidades y personalidad, sino que le exigió que la objetificara sexualmente y se enfocase en los rasgos físicos de la menor que le pudiesen resultar placenteros a un hombre heterosexual. 

“Me pidió que la invitara a salir, que le comprase popcorn, que la besara y que le tocase sus senos. Verbalizó que no iba a saber si me gustaban las nenas hasta que no las ‘probase’”, explicó el sobreviviente a la violencia de las llamadas “terapias de conversión”. Este psicólogo, que alegadamente diagnosticó a Ocasio Domínguez como hipocondriaco y adjudicó su homosexualidad a haberse criado junto a sus hermanas, es ahora director y fundador del Instituto de Psicotraumatología en Puerto Rico.

Salud dice que investiga vacunación a menores, por segunda vez

Hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una historia que revelaba que al menos 105 menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por proveedores, públicos y privados, en la Isla. En aquel momento, teníamos los datos del Registro de Vacunación del Departamento de Salud hasta el 23 febrero. La información apuntaba a que 40 centros habían administrado al menos la primera dosis de la vacuna a menores de 0 a 17 años desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021. Estos casos dejaban ver que niños y adolescentes fueron vacunados cuando no se suponía, algunos incluso fuera de las guías de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del momento: no se podía vacunar menores de 16 años en ninguna de las fases. Cuando se le cuestionó al Departamento de Salud esta información sobre los menores de 16 años que aparecían vacunados, la agencia dijo, a través de su portavoz Lisdián Acevedo, que las fechas reflejadas en la base de datos de la agencia eran “un error” en la entrada de datos.

Diversion Programs for Law 54 Aggressors Have No Supervision in Puerto Rico

In 1989, when Puerto Rico’s feminist movement fought a battle inside the halls of the Capitol to get Act 54 passed, one of the concessions it had to make was to include in the legislation the possibility that the aggressors would avoid jail time if they participated in a reeducation, or diversion program, to reeducate themselves over their sexist behaviors. After completing the program, the conviction is removed from their criminal record, as if they had never been guilty. “I remember perfectly the conversations  between those of us who were there lobbying for the legislation, that we didn’t know very well how successful these programs could be,” said María Dolores Fernós, one of the promoters of the Prevention and Intervention with Domestic Violence Act, and who later became the first director of the Women’s Advocate Office. The concerns that the feminists had about reeducation programs three decades ago are still valid today, as there is no evidence to support their effectiveness and the entity responsible for their supervision, the Regulatory Board of Reeducation and Retraining Programs for Aggressors Act, which was created in 2000, has been mostly idle, while not producing a single report on the programs.

Neither the Department of Corrections and Rehabilitation (DCR), the Courts Administration, nor the Women’s Advocate Office provided information to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) on the number of participants, levels of re-offense, or success rates in re-educating aggressors. The lack of a curriculum for programs that promote real change, that allow the victims to take classes together with their aggressors, and the absence of continuous education for the therapists are part of the problem.

Money-Making Opportunity Found for Sargassum in Puerto Rico

In a virtual conference coordinated by the United Nations Environment Programme, in which the new findings on sargassum are presented, it is unexpectedly revealed that a research and production center that works with this algae is located in Cataño, a town across the San Juan Bay. Via Zoom, Jason Cole, Executive Vice President of Innovations of a company called C-Combinator, explains how they have been developing sargassum-derived products in Puerto Rico since October 2020. But in an interview with the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish), its director of Research and Development, Benjamin Jelen, confirmed that most of its raw material does not come from the island’s coasts, saturated with the brown algae, but from the coastal jurisdiction of Quintana Roo, in Mexico. Upon stepping into the company’s offices in Cataño, a research team can be seen analyzing sargassum samples. Bottles of biofuels derived from these algae are visible on laboratory tables.

Sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54

Cuando en 1989 el movimiento feminista de Puerto Rico daba la batalla entre los pasillos del Capitolio para lograr la aprobación de la Ley 54, una de las concesiones que tuvo que hacer fue incluir en la legislación la posibilidad de que los agresores evitaran la cárcel si se acogían a un programa de desvío para reeducarse ante sus conductas machistas. Al completar el programa, se elimina la convicción de su récord penal, como si nunca hubieran sido culpables. “Recuerdo perfectamente conversaciones entre las compañeras que estábamos allí cabildeando por la legislación, que no sabíamos muy bien cuán exitosos podrían ser estos programas”, rememoró María Dolores Fernós, una de las propulsoras de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y quien luego se convirtió en la primera Procuradora de las Mujeres. Las dudas que tenían las feministas sobre los programas de desvío hace tres décadas persisten hoy, pues no existen pruebas que sostengan su efectividad y la entidad encargada de su supervisión, la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, que se creó en el 2000, ha estado inoperante la mayor parte del tiempo, sin producir un solo informe sobre los programas. Ni el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), la Oficina de Administración de Tribunales, ni la Oficina de la Procuradora de las Mujeres proveyeron datos sobre la cantidad de participantes, niveles de reincidencia o indicadores de éxito en la reeducación de personas agresoras al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Rezagadas las comunidades pobres en la vacunación contra el COVID-19

Pareciera que todos los problemas del mundo se concentran en Mansión del Sapo y Maternillo, en Fajardo, dos comunidades que son parte del sector de menor tasa de vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico durante los primeros dos meses y medio del proceso. Aguas estancadas y pestilencia por las calles, vertederos clandestinos, criaderos de animales de granja en cualquier esquina, rescate de terrenos, temor a la expropiación, desempleo, trasiego y adicción a drogas, tiroteos, robos, y estructuras abandonadas por doquier. El muelle de los pescadores se lo llevó el huracán María y aún no ha sido reconstruido por el municipio, la pescadería está cerrada por problemas burocráticos, y el pequeño centro comunal que les construyó la Oficina de Comunidades Especiales nunca fue abierto. La Policía nunca pasa por estas comunidades del sector Puerto Real en Fajardo, aseguró una treintena de vecinos que lleva décadas reclamando atención de las autoridades, primero del exalcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, y ahora de su hijo, el hoy alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez, y del representante Carlos “Johnny” Méndez. Prácticamente cero actividad económica, cero escuelas, cero transportación colectiva, cero supermercados y cero farmacias a más de una hora de distancia a pie, que es como se mueven la mayoría de los residentes.