El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó el lunes sendas acciones legales contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, y su secretaria de Prensa, Marieli Padró, debido a que han violentado la libertad de prensa al negarle a los periodistas de este medio cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.
A las 7:12 de la noche del jueves llegó al hemiciclo de la Cámara de Representantes un cuarto calendario del día que incluía el Proyecto del Senado 63 para enmendar la Ley de Transparencia, y la medida fue aprobada con enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista. Apenas 24 horas antes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había expresado públicamente que “no había prisa” para evaluar la medida y que se haría un informe del proyecto por la Comisión de lo Jurídico, lo cual nunca ocurrió. “Prisa no tenemos”, había dicho Méndez durante la única vista pública celebrada el miércoles, en la que más de una decena de entidades no pudieron participar.
El proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del PNP votaron en contra, así como la delegación del Partido Popular Democrático, la del Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Los representantes azules que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Jerry Nieves Rosario.
A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren.
En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe.
Vivimos un momento histórico en que se menosprecian la ciencia, los datos y la verdad. El libreto de uno de los episodios más recientes de esto que parece una serie de horror, a nivel local, lo escribe el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz. Veamos.
El 2 de enero de este año, cuando apenas comenzaba su tercer turno al bate en la presidencia, Rivera Schatz presentó el Proyecto del Senado 63, que pretende enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Es decir, entre sus máximas prioridades al inicio de este cuatrienio, estaba limitar el acceso a la información añadiendo barreras a la ya defectuosa Ley de Transparencia, que había sido aprobada por el exgobernador Ricardo Rosselló unos días antes de que se consumara su renuncia, en un acto de venganza contra la prensa que lo fiscalizó.
El P del S 63 de Rivera Schatz de inmediato levantó preocupación entre múltiples sectores que valoran la transparencia y la rendición de cuentas.
El proyecto es malo por muchas razones. Trataré de resumir algunas: propone duplicar plazos para la entrega de materiales por las agencias y añadir burocracia; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; obliga a notificar al jefe de agencia cada vez que se presenta un requerimiento de información; elimina la posibilidad de pedir datos en formatos abiertos como Excel o CSV; impone barreras a ciudadanos sin acceso digital; propone sanciones simbólicas e ineficaces para garantizar transparencia real.
El Departamento de Educación pierde estudiantes, en parte, por un patrón de cambios continuos de escuela para los alumnos, planteles deteriorados y horarios de 12 pm a 5 pm, que resultan ser parchos para el problema de fondo: una infraestructura sin reparar, aunque hay dinero disponible.
El pasado 28 de abril, la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola como director de la Oficina de Innovación y Tecnología (PRITS en inglés). El anuncio pasó por debajo del radar, mientras se discutía la confirmación fallida de Verónica Ferraiuoli como Secretaria de Estado. Pero un documento obtenido por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y que no había sido publicado hasta ahora, revela que tres días antes de su salida, el 25 de abril, Ramos Guardiola había rechazado la contratación de la compañía XUVO Technologies en el Departamento de Salud para manejar el sistema en línea de licencias, permisos y certificaciones que emite la agencia. La contratación de XUVO fue rechazada por Ramos Guardiola, según consta en el expediente de PRITS. Este rechazo al contrato de XUVO, que gozaba del favor de La Fortaleza y del secretario de Salud, Víctor Ramos, le costó su puesto a Ramos Guardiola frente a PRITS, confirmaron varias fuentes al CPI.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentará el panel magistral 2021 “La crisis climática en Puerto Rico: migración, justicia social y política pública” el jueves, 9 de diciembre a las 6pm con Jorge Duany, Ruth Santiago y Ramón Cruz. Los invitados han investigado desde la academia, el derecho y el activismo la crisis climática y su impacto, y qué medidas llevan a políticas públicas donde se salvaguarda a los ciudadanos. El panel será moderado por los periodistas del CPI Omaya Sosa Pascual y Víctor Rodríguez Velázquez.
El profesor y antropólogo Jorge Duany abordará su más reciente investigación sobre la migración y el desplazamiento causados por el cambio climático, especialmente de puertorriqueños a Florida, Estados Unidos; la licenciada Ruth Santiago discutirá los procesos para lograr justicia ambiental en Puerto Rico y su rol como asesora en materia climática del Presidente de EE. UU., Joe Biden; y Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, se enfocará en la política pública que se ha discutido en EE. UU. y en el COP 26 y que afecta a Puerto Rico.
El evento será híbrido, con cupo presencial limitado para 70 personas en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y se transmitirá de manera virtual para quienes se inscriban.
