El acceso a la información durante una emergencia

“En un desastre natural, como en la guerra, surge el instinto de saber qué pasó y qué está pasando, y, el instinto de las estructuras de poder para manipular la realidad, para mover las cosas a como convienen que se conozcan; y ambos instintos están en conflicto”. Bajo esta premisa, el cofundador del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Oscar Serrano, inició el panel sobre los retos del acceso a la información celebrado en el evento 365 de María del 18 al 20 de septiembre de 2018. La conversación ocurrió una vez la periodista Omaya Sosa Pascual concluyó su conferencia magistral Los muertos hablan que comenzó la jornada de tres días. A pesar de que el gobierno muchas veces favoreció con información a los medios de comunicación internacionales dejando en segundo plano a los de Puerto Rico según se relató en el foro, CNN se vio en la necesidad de unirse al CPI en una demanda incoada contra el gobierno por acceso a información. “Puedes solicitar, pero nadie va a responder.

Las comunidades luchan por recuperarse

Las comunidades no esperaron por el gobierno cuando la destrucción y la necesidad se apoderaron de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 tras el huracán María. Hubo organizaciones comunitarias que fueron la primera línea de ayuda para buscar soluciones inmediatas, salvar vidas y dar la mano a los damnificados. Y hay algunas que luchan, un año después, por ser protagonistas de su recuperación. Sin embargo, estas organizaciones y sus líderes enfrentaron grandes retos, según discutieron en el panel “Las comunidades luchan para recuperarse”, durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) del 18 al 20 de septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El panel fue moderado por el profesor y psicoanalista, Alfredo Carrasquillo y los participantes fueron Lucy Cruz, presidenta del G8, que agrupa las comunidades del Caño Martín Peña, Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), José Oquendo, director ejecutivo del proyecto P.E.C.E.S de Punta Santiago en Humacao Wilfredo López Montañez, líder comunitario del barrio Sonadora de Aguas Buenas y Christine Nieves, líder comunitaria del proyecto Apoyo Mutuo Mariana en Humacao.

Salud celebra la cumbre del autobombo

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, se lavaba las manos en un baño del Centro de Convenciones cuando comentó: “Espero que la prensa diga la verdad, tienen la información para pedirla”. Junto a él estaba el relacionista Peter Quiñones. La única otra persona que estaba a su lado era un periodista, con un carnet que dice la palabra prensa en letras grandes. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cerca de un mes pidiendo el plan de respuesta a emergencias del Departamento de Salud, las bases de datos de mortalidad de Puerto Rico para antes de la tormenta, y todos los casos positivos de pruebas rápidas de leptospirosis enviadas por los laboratorios de Puerto Rico al Departamento de Salud, entre otra información. Pero no ha sido entregada.

La Junta de Calidad Ambiental hace amago de multar a AES o detenerle operaciones tras reacciones a estudio de contaminación

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar  que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.

Toxins from AES’s ashes are contaminating groundwater in Puerto Rico

Erasmo Cruz-Vega is puzzled. “Three weeks ago, the neighbor from up there died of lung cancer and another one who lived nearby died of the same cause last year,” he said whispering. “He wasn’t 60 years old.”

While looking at his hands and counted each one with his fingers, he added that on Street D, another friend younger than 50 years old “already has the same diagnosis and Héctor had X-Rays done that showed a bunch of spots throughout his body. His has already spread.”

Erasmo is 71 and has lived in Guayama’s Santa Ana sector for 65 years. His parents arrived in the area when the zone was still covered in sugarcane.

Los tóxicos de las cenizas de AES están contaminando aguas subterráneas

Un estudio, pagado por AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden de la Agencia de Protección Ambiental federal, evidencia que la montaña de cenizas está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluso en dirección al mar.