Add this label to posts to display them in the featured area on the homepage.
La directora ejecutiva, Wanda Llovet, confiesa que no hubo un trabajo en equipo con el Departamento de Seguridad Pública en la elaboración de la lista oficial de muertes, que se congeló en 64, y que incluso discrepó ante incongruencias en los datos de esa agencia.
La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.
Un estudio, pagado por AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden de la Agencia de Protección Ambiental federal, evidencia que la montaña de cenizas está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluso en dirección al mar.
Aunque el proceso judicial que atiende la quiebra del Gobierno de Puerto Rico aún se halla en su etapa inicial, casi una treintena de bufetes de abogados y firmas de consultoría financiera ya han hecho leña del árbol caído. En clara contradicción al discurso público de austeridad impulsado por la Junta de Control Fiscal (JCF), los consultores externos contratados para los casos de Título III ya han presentado facturas de servicios por al menos $70.8 millones. La mayoría corresponde a solo cinco meses de labor, entre mayo y septiembre de 2017. Tanto estas como las facturas que se emitan por los cinco casos de quiebra gubernamental en curso son y serán costeadas con fondos públicos de Puerto Rico. Una revisión realizada por La Perla del Sur a cerca de 30 de facturas presentadas ante el Tribunal Federal revela un patrón de exorbitantes reclamaciones de pago, en las que se piden desembolsos de entre $250 y $400 por hora para empleados de bajo nivel y hasta $1,425 por hora para abogados o socios de bufetes.
El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.
Aquí se encuentra el formulario para enviar la información sobre las personas muertas.
The “work plan” to deal with these cases, the commissioner noted, was a verbal instruction given to the members of the Criminal Investigations Unit, the leadership of the Missing Persons Division and all police commanders. Coronel Francisco Rodríguez, the CIC’s Auxiliary Commissioner, gave the verbal order.
The “plan” said that investigators had to visit the missing persons’ homes to see if they had returned and to also conduct more targeted searches, according to Sergeant José Carlo Rosario, the head of the Missing Persons Division. However, based on several interviews, agents just called or visited shelters and hospitals in their respective areas.
