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La procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez, dijo que confía en que el recorte de fondos federales será menor del propuesto, que la Legislatura de Puerto Rico aumentará el presupuesto de su oficina y que los ciudadanos apoyarán con donativos a las organizaciones que sirven a las sobrevivientes de violencia de género.
Aunque su nombramiento fue aprobado sin vistas públicas ni el respaldo de organizaciones feministas, Astrid Piñeiro Vázquez, asegura que mantendrá su independencia de la gobernadora Jenniffer González Colón, a quien tendrá que fiscalizar como parte de la función del cargo que tiene un término de 10 años.
San Juan, Puerto Rico – Una diversidad de organizaciones defensoras de la salud, las mujeres, los derechos humanos y los animales se opusieron, este lunes, a dos proyectos de ley que limitarían el acceso a la información pública y cuya aprobación advirtieron que perjudicará la salud pública y la participación democrática. Las expresiones se hicieron durante unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR). El proyecto del Senado 331 — de la autoría del senador Juan Oscar Morales — busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico (de defunciones y natalidad), mientras que el proyecto del Senado 63 — de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz — impone requisitos adicionales a las solicitudes de información mediante enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019). El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas, pese a que ya el P. del S. 331 pasó la semana pasada con un informe positivo a la Comisión de Reglas y Calendario. Los cambios propuestos a la Ley de Transparencia no sólo aumentan a dos meses — el doble de tiempo — el plazo para entregar la información, sino que imponen el requisito de notificar a jefes de agencia cada solicitud, eliminan la posibilidad de solicitar información en formatos digitales accesibles, y exigen incluir la dirección postal y correo electrónico en las solicitudes, lo que afecta a ciudadanos sin acceso a estos recursos.
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A menos de quince días del inicio de la temporada de huracanes, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció este viernes el comienzo de una nueva fase de impermeabilización en la Biblioteca José M. Lázaro, un mes y medio después de que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) revelara que, desde el paso del huracán María en 2017, las filtraciones y la proliferación de hongos en el edificio han empeorado, y que hay siete salas de estudio fuera de servicio. Aunque la rectora del Recinto, Angélica Varela Llavona, aseguró en marzo mediante una carta circular que los trabajos habían comenzado el día 6 de ese mes, las reparaciones del techo de la biblioteca no arrancaron hasta mediados de mayo, con un costo estimado de $3,158,000. “Con el inicio de estos trabajos reafirmamos nuestro compromiso con la recuperación, conservación y modernización de las instalaciones universitarias, garantizando entornos seguros y adecuados para la enseñanza, la investigación y el servicio a la comunidad”, dijo Varela Llavona el viernes por medio de un comunicado.
Esta es la segunda vez que se atiende el problema de filtración de la biblioteca, que fue diseñada por el arquitecto Henry Klumb e inaugurada en 1953. En el 2021, la administración universitaria anunció que había culminado la impermeabilización del techo mediante una solución temporera a cargo de la empresa Tropitech Inc. para parar las filtraciones, a un costo de $545,229. El espacio se volvió a afectar tras los estragos de las tormentas Fiona, en septiembre de 2022, y Ernesto, en agosto de 2024, dijeron al CPI las arquitectas Mayra Jiménez Montano, ayudante especial en Asuntos de Infraestructura; y Jomarly Cruz Galarza, directora de la Oficina de Planificación y Desarrollo Físico del Recinto.
San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) invitó al público en general a participar de las vistas públicas ciudadanas sobre transparencia gubernamental que celebrará el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) el lunes 19 y martes 20 de mayo en la sede de la institución en Miramar.
“Ya han solicitado turno una decena de organizaciones y personas preocupadas por el impacto negativo de los proyectos senatoriales número 63 y 331 relacionados al acceso a información pública. Instamos al público en general a solicitar turno para opinar sobre estas medidas que impactarán la manera en que la ciudadanía obtiene información del gobierno”, expresó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. El Proyecto del Senado 63, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019). Mientras que el Proyecto del Senado 331 persigue modificar la Ley del Registro Demográfico (Ley 24-1931), que regula el acceso a registros vitales como nacimientos, matrimonios y defunciones.
Ambas propuestas tendrán impacto en la transparencia y la rendición de cuentas, y restringirán aún más el acceso a datos esenciales, mencionó la Directora Ejecutiva de la organización periodística. Las vistas son convocadas por las comisiones de jóvenes y de derechos humanos, civiles y constitucionales del CAAPR.
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El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó $114,100 por servicios profesionales a la empresa Health Strategy Consulting mediante órdenes de compra, sin formalizar un contrato, señala un informe de la Oficina del Inspector General (OIG). La obtención de servicios profesionales mediante órdenes de compra es una acción inusual en la contratación gubernamental. En total, Corrección desembolsó a esta empresa, propiedad del comunicador Ramón Alejandro Pabón García — actual portavoz del secretario de Salud, Víctor Ramos —, casi $500,000 sin que evidenciara el trabajo realizado, reveló en febrero una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Pabón García y sus empresas han acumulado sobre $5 millones en contratos con diversas agencias y municipios desde 2008. Health Strategy Consulting servía de enlace entre el DCR y los proveedores de servicios de salud en las cárceles del país.
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Fue estudiante de un Head Start y conoce de primera mano los beneficios que alumnos como ella obtienen de ese programa federal que, en los pasados seis años, atendió en Puerto Rico a un promedio de 28,137 niños y niñas menores de cinco años. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, echó atrás su amenaza de no asignar fondos al programa, su operación ya se ha afectado debido a los recortes y despidos en el Departamento de Salud federal. “Estos centros están mucho mejor que una escuela privada”, dice la alcaldesa por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, al abogar por la permanencia de este programa federal. “Aquí hay psicólogos, nutricionistas, está la inclusión de la familia completa en el programa. Desde que el niño llega… atendemos también a la madre embarazada.
San Juan, Puerto Rico – Un nuevo libro, que relata los dramáticos testimonios de familiares de las víctimas del huracán María fallecidas por el apagón más largo en la historia de Puerto Rico y Estados Unidos, ya está disponible bajo el sello de editorial del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Los estragos del apagón” es una crónica del periodista Eliván Martínez Mercado, que formó parte del equipo del CPI que publicó las historias de cientos de fallecidos tras el paso del potente huracán que arrasó la Isla en 2017, así como los daños causados en el sistema eléctrico. Con sus reportajes investigativos, premiados por prestigiosas instituciones periodísticas, el CPI presentó pruebas que contradecían la historia oficial del Gobierno sobre la cantidad de víctimas del desastre. Un estudio independiente comisionado por el Gobierno confirmó luego la proyección del CPI de que unas 3,000 personas perdieron la vida por el desastre socioambiental.
“Para la mayoría de los pacientes que sobrevivían conectados a equipos eléctricos, el desastre comenzó después del huracán María. Empezaron a morir paulatinamente, durante el angustioso apagón que se extendió por casi un año en Puerto Rico”, destacó Martínez Mercado.
