La Junta de Calidad Ambiental hace amago de multar a AES o detenerle operaciones tras reacciones a estudio de contaminación

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar  que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.

Los tóxicos de las cenizas de AES están contaminando aguas subterráneas

Un estudio, pagado por AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden de la Agencia de Protección Ambiental federal, evidencia que la montaña de cenizas está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluso en dirección al mar.

Periodistas demandan al Registro Demográfico por ocultar información pública sobre las muertes ocasionadas por el Huracán María

El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.

Reacciona el gobernador a investigación sobre el conteo de las muertes relacionadas al huracán María

El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la forma en que se ha manejado el proceso de contabilizar las víctimas fatales del huracán María bajo el liderato del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pese a las fallas evidenciadas en varias investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Para Rosselló no hay nada mal con el proceso que mantiene la cifra oficial de muertes ligadas a la emergencia en 55 personas, aunque un proceso de entrevistas y revisión de documentos realizado por el CPI en tres semanas arroja 47 muertes adicionales a las de la lista oficial, tras visitar solo siete municipios. La investigación publicada el miércoles sostiene que el gobierno no ha utilizado los protocolos científicos que se utilizan a nivel mundial, y que se usaban en Puerto Rico previo a este evento, para evaluar las muertes en situaciones de desastre. El fallecimiento del padre del ex alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté, en un refugio tras quedarse sin oxígeno por la falta de electricidad fue la primera muerte vinculada al huracán revelada por el CPI el 26 de septiembre. A casi dos meses de María, esta muerte no ha sido agregada a la lista oficial de muertes.

Gobierno hace entrega parcial de documentos y pide auxilio federal, otra vez

Una caja de documentos enviada por el gobierno de Puerto Rico llegó el lunes en la tarde con parte de la información solicitada mediante una demanda por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). A la vez, la administración de Ricardo Rosselló notificó la remoción (removal) del caso al Tribunal Federal como parte de los litigios que se ven bajo el Título III de la Ley PROMESA. La remoción o removal se refiere a la transferencia de un caso de un tribunal en una jurisdicción estatal o territorial, en este caso la de Puerto Rico, a un tribunal de distrito federal. Este recurso dilata el proceso iniciado el 1 de junio, en el que el CPI demanda a La Fortaleza y el gobernador Ricardo Rosselló por peticiones de información que no han sido atendidas por el Ejecutivo. El gobierno admitió con esta entrega parcial que sí tenía pero no había divulgado parte de la información solicitada por el CPI.