CPI PIDE AL TRIBUNAL QUE ORDENE A LA AUTORIDAD DE TIERRAS ENTREGAR INFORMACIÓN DE SU JUNTA DE DIRECTORES

San Juan, PR  – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó hoy un recurso judicial contra de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) por no atender una petición de acceso a información pública sobre la composición y las minutas de su Junta de Gobierno.   

Desde el 23 de enero de 2024, la periodista y fundadora de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, quien fue becada por el Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó por correo electrónico a Irving Rodríguez, director ejecutivo de la ATPR, las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, la composición de la Junta, y quiénes han sido sus secretarios desde el 2018 al presente. Tras varios días sin recibir respuesta, la periodista acudió a la sede de la Autoridad de Tierras para dar seguimiento. Le indicaron que era necesario presentar su solicitud de información, nuevamente, por escrito. Luego de hacer las gestiones solicitadas e informar a al menos tres funcionarios de la agencia sobre la solicitud, en persona y por escrito, incluyendo al director ejecutivo de la ATPR, Irving Rodríguez, la periodista esperó varios días sin recibir respuesta y luego llamó a la agencia varias veces hasta que le volvieron a indicar que estaban trabajando con su petición. Pero al día de hoy, a más de 10 semanas de la petición original, no se ha recibido la información solicitada.

El periodista Luis Joel Méndez González

A propósito de la Semana del acceso a la información, hablemos del DRNA

Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela. 

Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja,   Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.

Las escuelas chárter en Puerto Rico

En el 2018, el Gobierno de Puerto Rico prometió escuelas chárter públicas, gratuitas y de calidad. A seis años de su creación, ¿cumplen su promesa de mejorar la educación? Acompaña a la periodista Tatiana Díaz a conocer cómo se ha desarrollado este modelo educativo en Puerto Rico y la gestión del Gobierno en fiscalizar los más de $40 millones en fondos públicos destinados a su funcionamiento.