COVID-19: Exceso de cientos de muertes en Puerto Rico no ha sido investigado por el Gobierno

Las muertes por encima de lo usual durante el periodo de la pandemia han pasado desapercibidas, pero el análisis de expertos comienza a identificar las claves de por qué fallecieron y qué lecciones para el futuro inmediato nos dejan esos decesos. Por Omaya Sosa Pascual y Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

A seis meses de que el Gobierno informara de la llegada de COVID-19 a Puerto Rico, han muerto más de 600 personas oficialmente por la enfermedad, pero además han fallecido cientos por otras causas que han pasado desapercibidas y que podrían estar vinculadas directa o indirectamente a la pandemia. Estas muertes en exceso han estado enmascaradas en la cifra total de mortalidad debido a la fuerte baja que se ha registrado en fallecimientos por crímenes, accidentes y traumas en la Isla. El total mensual de muertes en el país ha sido la cifra que el Departamento de Salud (DS) ha utilizado hasta el momento públicamente para monitorear el estado de situación de COVID-19, sin detallar los cambios significativos en fallecimientos por causas específicas. Estos decesos, identificados como muertes en exceso a las que regularmente se producen en Puerto Rico, ocurrieron principalmente durante el periodo del estricto lockdown inicial implementado por el Gobierno de Puerto Rico entre marzo y abril, y se concentraron en condiciones crónicas que han sido asociadas como de alto riesgo ante el virus, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que incluyó datos de mortalidad y entrevistas a más de una decena de expertos.

Nuevo coordinador federal de desastres satisfecho con cómo FEMA ha manejado la recuperación en Puerto Rico

José Baquero Tirado, el nuevo coordinador federal de recuperación en desastres (FDRC, en inglés) para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, no cree que haya que cambiar la receta que ha implementado la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) en el proceso de obligación y desembolso de fondos para la reconstrucción tras los huracanes Irma y María en 2017. Esto, a pesar de que, a tres años del evento, se ha desembolsado el 66.8% de los $20.8 mil millones que hasta agosto de este año habían sido aprobados por FEMA para la recuperación de Puerto Rico. La opinión de Baquero Tirado — nombrado como FDRC el pasado 31 de agosto — se da cuando en Puerto Rico todavía hay sectores con infraestructuras destruidas y no se han obligado los fondos necesarios para reconstruir villas pesqueras, edificios claves en la Universidad de Puerto Rico y escuelas. Además, puentes siguen dañados, semáforos continúan sin funcionar y edificios de valor histórico se tambalean a su suerte. A esto se suma la lentitud en el desarrollo de obras de infraestructura de servicios esenciales de agua, electricidad, educación y salud, que aún esperan por que la agencia obligue el dinero necesario para su desarrollo o que, en algunos casos, sean desembolsados por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés).

Los puertorriqueños llenan el Censo una y otra vez

A mediados de agosto, solo uno de cada diez hogares había completado el cuestionario del Censo 2020 en Barrio Obrero Marina en Santurce según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Doña Carmen quiso corroborar este dato preguntando en su sector: “¿Llenaste el Censo?” 

Con el sol de mediodía encima y su mascarilla bien puesta, Carmen Febres Alméstica, la líder comunitaria que preside la organización de residentes G-8 del Caño Martín Peña, comenzó por la calle Argentina. 

Desde el balcón de una casa en esa calle, con su perro ladrando sin descanso detrás del portón de la entrada, Raquel Pérez saludó a doña Carmen y le contestó que sí, que su hija llenó el formulario por ella. Aseguró que varios de sus vecinos también lo llenaron y que recibió dos visitas de encuestadores después de haber contestado. De allí, Febres Alméstica pasó a la calle 5, luego subió por la Avenida Rexach hasta la calle 14, su “querida calle 14”, donde vive hace aproximadamente 65 años. En el trayecto, un señor que barría frente a su barra, clausurada por la pandemia, dijo que lo llenó por internet.

Monedas de oro, controles de Playstation, propiedades y $21 millones son el legado de un fraude

La orden del Tribunal federal del Distrito del Centro de Florida nombrando a Mark A. Kornfeld como síndico en un caso de fraude entró tarde el día 6 de marzo de 2020. A la mañana siguiente, Kornfeld se dirigió al BBT Financial Center, en la 1800 Second Street, en Sarasota, Florida y tomó posesión de la suite 855. Desde el 2013 esa había sido la oficina de Kinetic Funds y Lendacy, empresas que el manejador de inversiones Michael Williams utilizó para defraudar a decenas de inversionistas de Puerto Rico y Florida, según un caso civil que sometió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, inglés) a principios de año. Dentro de la oficina, con un equipo de forenses, Kornfeld cambió las cerraduras de la puerta, revisó varios archivos e hizo un inventario de todos los artículos. La oficina, en el octavo piso de un edificio de ladrillo con suites de lujo, quedó vacía.

Tras seis meses de pandemia, el Gobierno todavía compra suplidos bajo la declaración de emergencia

Antes de que se reportaran los primeros casos de COVID-19, las contrataciones públicas ya representaban uno de los mayores riesgos para cometer corrupción, dijo Nicolás Penagos, jefe de Programas en Latinoamérica para Open Contracting Partnership, una organización dedicada a implementar procesos de contrataciones abiertas en colaboración con gobiernos, compañías y entidades de la sociedad civil. La pandemia ha demostrado además, que los problemas de la contratación van más allá de la corrupción. “Hay ineficacia, falta de coordinación e ineptitud, que no necesariamente es querer robarse la plata. [En Puerto Rico], un país que recibe huracanes casi todos los años, no se puede pretender que las contrataciones siempre sean de emergencia”, añadió Penagos. El COVID-19 aumentó la demanda en los suplidos médicos y afectó las cadenas de suministros, provocando que comenzara una competencia feroz a la vez que se flexibilizaban los procedimientos para comprar artículos de emergencia.

Gobernadora presentó plan para atender erosión costera que ignora al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático

En el anuncio del Gobierno de Puerto Rico esta semana sobre el plan de acción para atender el impacto de la erosión costera se ignoró el rol que por mandato de ley tienen los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para manejar este asunto que afecta los municipios costeros del país. Más allá de no haber ningún miembro científico de ese Comité presente en el anuncio, no se les consultó sobre el plan presentado, confirmó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El pasado 2 de septiembre, La Fortaleza anunció que ese día se reunió un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción para atender la erosión costera. El encuentro, que incluyó jefes de agencia de Puerto Rico y representantes del Gobierno federal, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar. El CPI tuvo comunicación con cinco de los nueve integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y aunque todos informaron haber recibido una invitación para la reunión, al menos cuatro miembros de los seis integrantes científicos dijeron desconocer de qué se trata el plan de acción anunciado y mostraron preocupación de que el Gobierno no haga valer la Ley 33, que entró en vigor el 1 de julio de 2019.