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En peligro hasta 51 “universidades en el campo”

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El Servicio de Extensión Agrícola, conocido como la universidad en el campo, planifica el cierre de hasta 51 oficinas: el 78% de todas sus instalaciones en el país. La información la confirmó Héctor Santiago, decano del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y director de este programa que educa a miles de agricultores, amas de casa y jóvenes de escasos recursos alrededor de la Isla. La casi eliminación del programa pone en juego servicios como el desarrollo de microempresas que buscaban ser una alternativa al despido de más de 30,000 empleados como parte de la Ley 7 del gobierno de Luis Fortuño. Se reducirían los lugares que brindan educación sobre huertos caseros, importantes para adquirir comida sana y fresca en un país que no tiene seguridad alimentaria (importa el 85% de los alimentos). Además, se afectarán los servicios de los Clubes 4-H, que enseñan valores de liderato y ciudadanía en un país que enfrenta una honda crisis social y aumento en la delincuencia.

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F para vaquería modelo de la UPR

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Una vaca lechera trepa sobre la grupa de otra: señal de que habría que inseminarla o echarle el toro para aumentar la reproducción y la producción de leche. Pero no había ningún empleado para detectar celos el día que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) visitó la Vaquería de la Estación Experimental Agrícola de Lajas, centro de estudio de alumnos de la Universidad de Puerto Rico, RUM, pagada con fondos públicos y llamada a ser el modelo de la industria lechera, el sector que más aporta a la agricultura en Puerto Rico. “Tenemos solo dos inseminadores”, apuntó un empleado que no quiso identificarse para evitar represalias. “Cuando uno está de vacaciones y el otro se va a una reunión o no trabaja dos días, como los sábados y domingo, se pierde la oportunidad de reproducción. Pueden pasar dos años y nadie se entera de que una vaca no estaba preñada”.

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El impacto ambiental de Monsanto

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Tercera parte de la serie El experimento caribeño de Monsanto

Maíz transgénico de Monsanto
El estadounidense John Francis Queeny se inspiró en una mujer boricua para nombrar, en 1901 en Misuri, a la empresa Monsanto, que inició como una farmacéutica. Queeny bautizó la empresa en honor a su esposa Olga, hija de Emmanuel Mendes de Monsanto, quien a su vez financió los primeros pasos de la corporación. Ésta iba a convertirse en fabricante de agente naranja, el defoliante y herbicida que se probó en las granjas de Aguadilla en los años 50, y que se usó a gran escala para pelar la selva bajo la que se escondía el enemigo de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Hoy, Monsanto es la primera productora de semillas transgénicas del mundo, y usa a Puerto Rico como un inmenso laboratorio para desarrollar maíz, soya, sorgo y algodón transgénico. Como corporación agrícola, ocupa más de los 500 acres que permite la Constitución, cuyo artículo VI pretendía evitar el monopolio y el desplazamiento de los pequeños agricultores locales, como sucedía a principios del siglo pasado, cuando reinaba el imperio de la caña de azúcar, que don Emmanuel Mendes de Monsanto por otro lado, financiaba en Vieques y en las Islas Vírgenes, en San Thomas.

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Regaño federal a los elaboradores de carne de res boricua, ordenan “comercio justo”

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Una agencia del Departamento de Agricultura federal intervino por primera vez en Puerto Rico, ante la falta de una política pública local que reglamente el comercio justo entre ganaderos y los mataderos, proveedores principales de la carne de res que consumen los estudiantes en los comedores escolares del País. Investigadores de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) visitaron la Isla en marzo y cambiaron las reglas de juego para una industria que vende alrededor de 2.5 millones de libras de carne de res cada año a los comedores escolares, lo que representa aproximadamente unos $9 millones anuales, según el Departamento de Agricultura local. Los federales ordenaron a los tres mataderos del país que cumplan estrictamente con los reglamentos y, como dice el reglamento, paguen en 48 horas o menos por la res que compran a los 500 productores, que cesen de descontar un 3% automático al precio de este producto, y que las balanzas que usan para pesar los animales sean certificadas y emitan recibos del peso. El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, confirmó la investigación y sostuvo que la agencia federal no aplicó sanciones contra las empresas de mataderos, que a su vez procesan la carne para la venta. Se trata de una intervención estrictamente de índole comercial; el Departamento de Salud, y los departamentos de agricultura federal y local sí vigilan que el producto mantenga altos niveles de calidad.