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Periodistas van al tribunal para lograr acceso a datos sobre la renegociación del contrato entre AES y la AEE

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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre. 

Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento. 

El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados. 

El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”. “El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet. 

Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.

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Periodistas demandan para que Seguridad Pública divulgue información sobre policías involucrados en violencia de género

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Cuántos policías han sido arrestados por violencia doméstica y agresión sexual o el número de uniformados que han tenido convicciones por violencia de género son datos desconocidos, aunque desde principios de abril fueron solicitados a la Policía por las periodistas Cristina del Mar Quiles y Syra Ortiz-Blanes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de El Nuevo Herald y el Miami Herald, respectivamente. Luego de muchas gestiones de seguimiento infructuosas, ahora la solicitud está ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras la presentación este martes de un recurso de mandamus para obtener esta información pública del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. “En tiempos en los que el país se encuentra sumido en una profunda ola de casos de violencia de género, en la que, incluso, el quehacer de nuestras instituciones públicas ha sido cuestionado, pocos temas están revestidos de mayor interés público que el que aquí se ve reflejado en las solicitudes de información objeto del presente recurso”, destaca el mandamus. “Hay acciones del Gobierno de Puerto Rico contra la violencia de género que no tienen que ver con hacer nuevas leyes o hacer nuevos planes, sino con la obligación del mismo Gobierno de cumplir con las leyes vigentes y este es un gran ejemplo. Recopilar y publicar datos confiables y tenerlos disponibles y actualizados es algo que ya es deber de las agencias de seguridad”, destacó Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

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Periodistas demandan al Registro Demográfico por ocultar información pública sobre las muertes ocasionadas por el Huracán María

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El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.

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Centro de Periodismo Investigativo gana demanda por falta de transparencia del gobierno

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La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

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Estados Unidos demandado ante la OEA por violar derechos humanos en Vieques

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Cuando Wanda Bermúdez tenía aproximadamente 15 años de edad, comenzó a padecer de dolor en su oído derecho. Luego, empezó a sangrar ocasionalmente por la nariz. Tiempo después le encontraron masas en el área nasal y en la garganta y posteriormente fue diagnosticada con cáncer de nasofaringe. Tenía entonces 23 años, y hasta ahora, a sus 51, Bermúdez continúa padeciendo de enfermedades respiratorias que requieren de hospitalización periódica. Bermúdez nació en 1962, y forma parte de la cuarta generación de una familia nacida en Vieques, isla municipio de Puerto Rico donde por 60 años el 75% de los terrenos fueron utilizados como campo de entrenamiento militar por la Marina de Guerra de los Estados Unidos.

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Crowley Maritime acordó colaborar con Justicia

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La corporación Crowley Maritime acordó cooperar con las autoridades federales sobre el sistema de cabotaje de Puerto Rico proveyendo acceso a empleados y documentos confidenciales como parte del extenso y complicado litigio federal sobre su papel en la conspiración con otras navieras para fijar ilegalmente las tarifas de carga marítima en la Isla. Lee parte del acuerdo que firmó Crowley donde se compromete a colaborar en la investigación de Justicia federal.