Durante la década de la crisis fiscal, la Isla ha sido un paraíso de mantengo corporativo para empresas que reciben hasta agua gratis de los amenazados acuíferos del sur.
La reciente guerra entre torrefactores locales fue un cortina de humo que no tiene que ver con los cambios en la calidad y procedencia de la tradicional bebida puertorriqueña. En el supermercado se venden como marcas de aquí las que están mezcladas con mayor cantidad de granos importados y con una especie de poco gusto y aroma llamada robusta.
Usted que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polémica Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a ésta y otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar con semillas modificadas genéticamente. Las compañías beneficiadas, sin embargo, incumplen un requisito fundamental para obtener esos incentivos: no son empresas agrícolas. Además, cuentan con el visto bueno del Gobierno para controlar más de 500 acres de tierra; o sea, exceder el límite que permite la Constitución. Así lo sostiene una opinión confidencial del Departamento de Justicia, a la que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Una agencia del Departamento de Agricultura federal intervino por primera vez en Puerto Rico, ante la falta de una política pública local que reglamente el comercio justo entre ganaderos y los mataderos, proveedores principales de la carne de res que consumen los estudiantes en los comedores escolares del País. Investigadores de la Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) visitaron la Isla en marzo y cambiaron las reglas de juego para una industria que vende alrededor de 2.5 millones de libras de carne de res cada año a los comedores escolares, lo que representa aproximadamente unos $9 millones anuales, según el Departamento de Agricultura local. Los federales ordenaron a los tres mataderos del país que cumplan estrictamente con los reglamentos y, como dice el reglamento, paguen en 48 horas o menos por la res que compran a los 500 productores, que cesen de descontar un 3% automático al precio de este producto, y que las balanzas que usan para pesar los animales sean certificadas y emitan recibos del peso. El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, confirmó la investigación y sostuvo que la agencia federal no aplicó sanciones contra las empresas de mataderos, que a su vez procesan la carne para la venta. Se trata de una intervención estrictamente de índole comercial; el Departamento de Salud, y los departamentos de agricultura federal y local sí vigilan que el producto mantenga altos niveles de calidad.
