Menos tiempo para educarse debido a la escasez de oficiales de custodia

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). 

El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy. 

El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.

Entre la escuela y el trabajo: estudiantes de escuela superior enfrentan el miedo al fracaso

Ocho estudiantes de duodécimo grado forman un círculo con sus pupitres debajo de una carpa en el patio interior de una escuela del municipio de Guaynabo. Fuera de la carpa, salpica una llovizna; adentro, llueven realidades. 

Comenzaron el cuarto año de escuela superior dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo. Hay tres chicas jóvenes en el grupo: una trabaja de mesera, otra de niñera, y la tercera es madre y técnica de uñas. Entre los chicos, uno trabaja en Subway, el otro es barbero, un tercero es empleado en El Mesón, el cuarto trabaja como electricista en la construcción “o en cualquier cosa que aparezca” y otro es empleado en una pizzería. Todos son menores de 18 años y dijeron que aspiran a continuar estudios técnicos o universitarios cuando se gradúen de la escuela superior. 

“Yo soy contratista”, aclara el que trabaja en construcción, a minutos de que suene el último timbre.

Educarse en el residencial en tiempos de pandemia

“A tu escuela lleguésin entender por qué llegaba…”Rubén Blades

Ella sería la primera en su familia en terminar el cuarto año de escuela superior. Pero al menos este año, esa ilusión está en veremos. En octubre se recibió una carta de la escuela a través de correo electrónico, donde se le notificó a sus padres que la joven de diecisiete años tenía F en sus seis clases. De no haber “cambios drásticos” en su desempeño o aprovechamiento académico en este segundo semestre, la estudiante sería “candidata a repetir el grado el próximo año”, lee el documento. Ella quiere ser paramédico.

700 millones de dólares no logran salvar las escuelas públicas

Transcurridos 10 años, y gastados más de $700 millones en contratos a compañías que ofrecen tutorías, estudiantes del 91% de las escuelas públicas del País exhiben deficiencias notables en el nivel de aprovechamiento académico que exige la Ley No Child Left Behind para que sus escuelas salgan del plan de mejoramiento escolar. El número de escuelas cuyos estudiantes no alcanzan el progreso académico exigido por ley casi se duplicó en los últimos cuatro años, mientras que 412 planteles, distribuidos alrededor de todos los distritos y todos los niveles educativos, llevan de ocho a diez años en plan de mejoramiento, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Ese es el caso de la escuela superior Trinada Padilla de Sanz del distrito escolar de Arecibo, la elemental del distrito de Manatí Vicente Acevedo Ballester, la intermedia Pablo Ávila González del distrito de Camuy, la intermedia Ricardo Arroyo Laracuente del distrito de Vega Alta, la elemental Virgilio Dávila del distrito de Bayamón, la intermedia Onofre Carballeira del distrito de Toa Baja, la Porfirio Cruz García, superior del distrito de Corozal, y la Jaime A. Collazo del Río, superior del distrito de Orocovis, entre muchas otras. La información surge de la lista de escuelas en plan de mejoramiento 2012-2013 y el perfil escolar del mismo periodo publicado por el Departamento de Educación (DE). Pero el alto número de escuelas en plan de mejoramiento no surgió repentinamente.