Los chavos de María

Pocos cambios para que la población acceda a servicios de salud cuando llegue otro huracán

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El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.  

La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan. 

Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau. 

“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  

La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es   fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia. 

Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias

Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.

Gobernador Pedro Pierluisi
Actualidad

Pierluisi desconoce baja vacunación en residenciales y comunidades pobres de Puerto Rico

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Tras varios días de expresiones enérgicas en las que prácticamente responsabilizaba a los ciudadanos por el repunte de COVID-19 en Puerto Rico, aduciendo a que aún una parte significativa de la población no se ha vacunado por “rebeldía”, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que desconoce los factores de desigualdad socioeconómica que han marcado el proceso de vacunación y el bajo porcentaje de personas que han vacunado en los residenciales públicos de la Isla. Al 9 de julio las clínicas de vacunación financiadas por el gobierno — a través de la contratación de la organización VOCES — solo habían vacunado al 5% de los 100,000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública, según reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Esto de los residenciales a mí me impacta. Es la primera vez que yo oigo esto”, dijo el Gobernador. El proceso de vacunación contra el COVID-19 comenzó en Puerto Rico el 15 de diciembre de 2020, y la primera clínica en un residencial público fue en abril de 2021, según los datos del registro de vacunación del Departamento de Salud y tablas desglosadas provistas por la Administración de Vivienda Pública.

Opinión

Salud dice que investiga vacunación a menores, por segunda vez

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Hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una historia que revelaba que al menos 105 menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por proveedores, públicos y privados, en la Isla. En aquel momento, teníamos los datos del Registro de Vacunación del Departamento de Salud hasta el 23 febrero. La información apuntaba a que 40 centros habían administrado al menos la primera dosis de la vacuna a menores de 0 a 17 años desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021. Estos casos dejaban ver que niños y adolescentes fueron vacunados cuando no se suponía, algunos incluso fuera de las guías de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del momento: no se podía vacunar menores de 16 años en ninguna de las fases. Cuando se le cuestionó al Departamento de Salud esta información sobre los menores de 16 años que aparecían vacunados, la agencia dijo, a través de su portavoz Lisdián Acevedo, que las fechas reflejadas en la base de datos de la agencia eran “un error” en la entrada de datos.