Ante la inacción del oficialismo del Departamento de Educación para implantar un currículo con perspectiva de género, tres educadoras con la conciencia de su importancia buscan estrategias para atajar las bases de la inequidad de una sociedad patriarcal desde sus espacios, en sus escuelas.
Un error en la interpretación de lo que significa ‘estudiante desplazado’ provocó que el Departamento de Educación contabilizara alumnos que no cumplían con los requisitos de esa definición y recibiera un estimado de $6.5 millones del Fondo de Emergencias por el paso de los huracanes Irma y María a los que presuntamente no tenía derecho, según una reciente auditoría de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal.
Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, en 2021, los centros perdieron 36 oficiales correccionales al tiempo que la agencia identificó que necesita 81 oficiales para el año fiscal 2022. Las clases se suspenden cada vez que el personal no da abasto para garantizar la seguridad de los maestros, los menores y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El remedio a estas suspensiones se ha limitado “con demasiada frecuencia” a dejarles tareas y materiales impresos en sus módulos de vivienda sin instrucciones de los maestros, explica el informe más reciente de la monitora federal, Kimberly Tandy.
El Departamento de Educación (DE) tiene 41 maestros contratados para impartir clases en las instituciones correccionales juveniles. En el Centro de Tratamiento Social de Ponce, 20 jóvenes reciben servicios educativos, de los cuales siete pertenecen al Programa de Educación Especial. Allí la enseñanza no se interrumpió entre agosto y diciembre de 2021 según el informe federal, pero los pocos oficiales de custodia disponibles también doblaron turnos para garantizar los servicios.
Desde que en agosto de 2021 Mayda Velasco Bonilla asumió la presidencia de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), los miembros de este cuerpo rector nunca han votado para aprobar las contrataciones que suman $1.2 millones en lo que va de año fiscal para cubrir las operaciones de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), encargada de implementar el Plan Fiscal de la institución. El reglamento de la JG establece que dichos contratos deben ser aprobados por sus miembros, quienes tampoco fueron consultados para escoger a los integrantes del Comité de Colaboradores Externos que evalúa las operaciones del Recinto de Ciencias Médicas (RCM). El Comité fue creado con el objetivo de “identificar deficiencias y áreas de oportunidad en el RCM”, según se desprende de un contrato entre la Junta de Gobierno y Cedrela Consulting Group, empresa que analizaría las recomendaciones que hagan los integrantes del Comité.
Cedrela y Bluhaus Capital fueron las primeras compañías en beneficiarse de contratos relacionados con la OTI. Antes de ser contratada por la JG por $350,000, Bluhaus tuvo contratos con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) en el desarrollo del Plan Fiscal y reformas estructurales de la UPR, mientras que Cederela fue contratada por la JG por $50,400 para asesorar en el manejo de proyectos que pudieran impactar dicho Plan.
Los miembros del Comité de Colaboradores Externos fueron escogidos por Velasco Bonilla, quien informó a la JG sobre las únicas dos reuniones presenciales que ha tenido el grupo y que le han costado a la UPR $60,884.
“En la reunión del 24 de febrero la presidenta Mayda Velasco compartió una presentación oral y proyectada con los miembros de la Junta sobre el Comité de Colaboradores Externos, de la que no se nos ha hecho llegar copia. Sólo se proyectó un listado de asistencia a la última reunión presencial de los miembros del Comité.
Ocho estudiantes de duodécimo grado forman un círculo con sus pupitres debajo de una carpa en el patio interior de una escuela del municipio de Guaynabo. Fuera de la carpa, salpica una llovizna; adentro, llueven realidades.
Comenzaron el cuarto año de escuela superior dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo. Hay tres chicas jóvenes en el grupo: una trabaja de mesera, otra de niñera, y la tercera es madre y técnica de uñas. Entre los chicos, uno trabaja en Subway, el otro es barbero, un tercero es empleado en El Mesón, el cuarto trabaja como electricista en la construcción “o en cualquier cosa que aparezca” y otro es empleado en una pizzería. Todos son menores de 18 años y dijeron que aspiran a continuar estudios técnicos o universitarios cuando se gradúen de la escuela superior.
“Yo soy contratista”, aclara el que trabaja en construcción, a minutos de que suene el último timbre.
La “visión de futuro” del Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) propone el cierre de otras 83 escuelas de cara al 2026, que afectaría a 18,644 estudiantes, según se desprende de un nuevo plan maestro de infraestructura al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo, aún cuando en mayo de 2021 el secretario interino, Eliezer Ramos Parés, aseguró que la agencia no cerraría más planteles.
La mayoría de estos cierres, a los que el Departamento llama “consolidaciones” en el documento y que están visualizados en un mapa interactivo hecho por el DE, se concentran en las regiones educativas de Humacao, Ponce y San Juan. Humacao y Ponce, precedidas por Mayagüez y San Juan, fueron las regiones que más clausuras enfrentaron el pasado cuatrienio, bajo la administración de la exsecretaria y hoy convicta federal, Julia B. Keleher. Aunque el plan identifica escuelas receptoras, no especifica de qué plantel cerrado recibirá estudiantes.
Documento: “Visión de futuro escuelas” del Departamento de Educación de Puerto RicoDownload
Esta nueva propuesta de clausuras choca con los reclamos de gremios magisteriales de procurar más espacios para garantizar grupos reducidos de alumnos ante el repunte del COVID-19, así como de organizaciones y académicos que han demostrado la mejoría en la calidad de la enseñanza mediante estas prácticas. Los pasados cierres no representaron ahorros significativos en Educación.
De todas las escuelas que el DE propone cerrar según los documentos, el 7% son especializadas. Algunas con currículos únicos como la Escuela Superior Central de Artes Visuales y la Escuela de Ballet Julián E. Blanco, ambas ubicadas en San Juan; así como la Escuela José B. Barceló de Adjuntas, con un currículo enfocado en agricultura, y dos Escuelas Libres de Música.
“El cierre de escuelas en Puerto Rico ha ido mucho más rápidamente que la reducción en población de edad escolar, o sea que ya la reducción de población escolar no puede ser la excusa para cerrar.
A la salida de la Escuela Santiago Veve Calzada, en Fajardo, una estudiante de noveno grado camina junto a su madre. Es mediodía y hay cambio de turnos para las tres escuelas que operan en este plantel en interlocking. La joven tomó la prueba diagnóstica Línea Base, que busca medir el rezago académico de los estudiantes. Cuando se le pregunta por el proceso, la joven simplemente comienza a mover la cabeza, como diciendo que no. La madre le pide que hable y describa la experiencia.
“Un revolú”, exclama, y pide que no se le identifique.
Las agencias comprometidas bajo un programa de beneficios para compensar a quienes demandaron al Gobierno por las condiciones carcelarias en Puerto Rico se amparan en el desconocimiento y la falta de fondos para incumplir el acuerdo que cerró el pleito.
