Ni el municipio ni las agencias federales o locales han tomado medidas para evitar la pesca recreativa y educar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir especies de este cuerpo de agua.
Since 2016, the Environmental Protection Agency (EPA) began to demand that seven companies that use ethylene oxide to sterilize medical equipment in Puerto Rico take measures to mitigate impacts on communities, such as the danger of cancer from long-term exposure. But it will not be until 2023 that there will be a regulation in place that requires a 99.99% reduction in emissions of this chemical, said Carmen Guerrero Pérez, director of the Caribbean Environmental Protection Division at EPA. Current regulations only require these companies to reduce EtO emissions by 99%, even though it has been known since 2016 that exposure to the chemical can cause cancer. Of the seven sterilization companies established in Puerto Rico, EPA identified four as the riskiest for the communities: Edwards Lifesciences Technology Sarl, in Añasco; Steri-Tech, in Salinas; Customed, in Fajardo; and Medtronic Puerto Rico, in Villalba. The remaining three are Medtronic, in Juncos; Guidant Puerto Rico (now Boston Scientific), in Dorado; and St.
De las siete empresas esterilizadoras establecidas en Puerto Rico, EPA señaló a cuatro como las más riesgosas para las comunidades: Edwards Lifesciences Technology Sarl, en Añasco; Steri-Tech, en Salinas; Customed, en Fajardo; y Medtronic Puerto Rico, en Villalba.
The procedure for community aqueducts to legalize their franchises and maintain their operation is so complicated, bureaucratic, and devoid of technical support that it discourages communities from formalizing the systems that carries water to their homes because of the Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority’s inability to provide the service.
Este viernes entra en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en siete municipios de la Isla, según adelantó el Centro de Periodismo Investigativo.
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
De aprobarse la docena de cambios sugeridos, empresas como AES en Guayama podrán eludir protecciones antes requeridas por la EPA para salvaguardar recursos naturales y la salud pública.
El periodista Gerardo E. Alvarado León es el nuevo ganador de la beca de periodismo investigativo ambiental otorgada por el Instituto de Formación Periodística (IFP), brazo educativo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), anunció hoy la organización que atiende las necesidades de formación y apoyo de los reporteros de Puerto Rico y el Caribe. Alvarado León, quien trabaja para El Nuevo Día (GFR Media), se propone investigar los esfuerzos del gobierno para proteger las playas de Puerto Rico como principal recurso turístico del país. La beca, de $2,000, es la segunda de tres que se otorgarán este año para impulsar la realización de reportajes investigativos que los periodistas no siempre pueden completar en su rutina diaria. Alvarado León optó por la beca junto a otros participantes del taller de investigación ambiental titulado “¿Se sostiene el turismo sostenible en Puerto Rico?”, que ofreció en junio el IFP con el co-auspicio de la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Unos 15 profesionales participaron de una experiencia formativa de dos días, que incluyó una visita a la reserva natural Cueva del Indio en Arecibo, donde dialogaron con líderes comunitarios y con el desarrollista de un proyecto en esa zona.
