En lugar de la jueza federal Laura Taylor Swain, será la jueza Lauracelis Roque, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan será quien decida el caso en el cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicita al gobierno de Puerto Rico una serie de documentos públicos intercambiados con la Junta de Control Fiscal.
El plan fiscal indica que la reducción a subsidios para la UPR, los municipios y el sector privado será de $1,044 millones de dólares en 2026. De ese total, la administración Rosselló planifica reducir $512 millones de las aportaciones actuales a la UPR.
La nueva directora de la Junta de Control Fiscal es una cara conocida para algunos bonistas de Puerto Rico que también participaron en la reestructuración de la deuda de Ucrania.
Los números del plan fiscal, una vez se presenten los estados financieros auditados, pueden variar para bien o para mal, admitió la integrante de la JCF Ana Matosantos en una conferencia el martes junto al director ejecutivo interino de la Junta de Control Fiscal, Ramón Ruiz Comas. Según ella, en esos procesos es normal trabajar “a base de estimados” y se trabaja “con la mejor información disponible”, porque si esperan a tener los números “cuadra’os al chavo, se acabó lo que se daba”.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes solicitudes de información sobre la Junta de Control Fiscal, amparadas en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), ante la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro federal y la Oficina de Ética Gubernamental federal.
Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.
porTahani Shayeb-Barakat | Centro de Periodismo Investigativo |
Ha sido empleado de alto nivel en las multinacionales Deloitte, donde actualmente trabaja, y PriceWaterhouseCoopers, las cuales tienen contratos millonarios con el gobierno de Puerto Rico.
La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el problema. En estos momentos la Junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral.